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Tras la reciente noticia de la propuesta de aumento del sueldo presidencial en el Perú -busca elevar la remuneración mensual de S/ 16 000 a S/ 35 568-, el debate sobre cuánto debe ganar un jefe de Estado volvió al centro de la discusión pública. Más allá de cifras administrativas, el salario presidencial representa un símbolo político, ya que expresa cuánto vale institucionalmente el cargo, qué tanto se espera de su desempeño y cómo se equilibra la autoridad con la austeridad. Cuando se percibe que un presidente no lidera con eficacia, cualquier incremento salarial se convierte en una provocación directa a la ciudadanía. Por lo que nos preguntamos también ¿Cuánto ganan los presidentes del mundo?
En términos geopolíticos, la remuneración de un presidente también envía señales. En países con democracias consolidadas y economías fuertes, sueldos elevados buscan atraer perfiles técnicos, blindar al cargo de tentaciones corruptas y profesionalizar la función pública. En cambio, en Estados con crisis de legitimidad o escándalos de gestión, los montos asignados pueden generar tensiones sociales, alimentar discursos antisistema o convertirse en bandera electoral. Este artículo presenta una visión comparativa y objetiva de los sueldos presidenciales en los distintos continentes del mundo, explicando por qué no son solo números, sino también piezas claves del ajedrez político.
En América Latina, la fijación del salario presidencial suele estar marcada por tensiones entre la necesidad de profesionalizar la administración pública y las demandas sociales de austeridad. Países como Perú, Bolivia o Argentina han enfrentado controversias cuando el monto asignado al jefe de Estado se percibe desproporcionado frente al salario mínimo o al nivel de vida promedio. Además, factores como la inflación, la presión sindical, las reformas fiscales y los mecanismos de control parlamentario influyen en los ajustes salariales presidenciales, que muchas veces están atados a la imagen política del gobernante de turno.
En América del Norte, la situación es distinta. Estados Unidos y Canadá tratan el sueldo presidencial como parte de un paquete institucional más amplio, que incluye fondos destinados a seguridad, residencia oficial, traslados, atención médica y pensión vitalicia. Aquí, el monto asignado no suele ser objeto de debate electoral o populista, sino que está definido por parámetros legales estables y por comisiones independientes que evalúan su pertinencia dentro del marco de responsabilidades ejecutivas.
El sueldo presidencial en el Perú asciende actualmente a S/ 16 000 mensuales, equivalente a unos 4 300 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Esta cifra se ha mantenido sin grandes variaciones en los últimos años, en un intento por sostener una imagen de austeridad dentro de una estructura estatal que aún enfrenta fuertes cuestionamientos por corrupción, ineficiencia y distanciamiento con la ciudadanía. El monto se alinea con el límite legal de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público, establecido por la Ley N.º 28212 para cargos de alta dirección.
Sin embargo, en abril de 2025 se desató una controversia cuando el Ministerio de Economía y Finanzas propuso elevar el sueldo a S/ 35 568 -como ya mencionamos en la introducción-, más del doble del monto actual, argumentando la necesidad de jerarquizar el cargo y equiparar su remuneración con otros funcionarios de alto nivel. Esta propuesta, filtrada a la prensa antes de ser debatida oficialmente, generó fuertes reacciones en la opinión pública y en el Congreso, en un momento de baja aprobación presidencial y crisis de legitimidad institucional.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, percibe un sueldo mensual de Bs 24 978, lo que equivale a aproximadamente 3 600 dólares estadounidenses. Este monto fue actualizado recientemente en 2025 tras la promulgación del Decreto Supremo N.º 5383, que dispuso un incremento general para el sector público. La cifra representa un salario moderado en relación con la región, y responde a una política de contención del gasto público que ha sido parte del discurso oficialista desde los tiempos de Evo Morales.
Aunque el salario presidencial no ha generado controversias significativas en los últimos meses, el gobierno ha buscado proyectar una imagen de responsabilidad fiscal en medio de presiones económicas internas y un contexto internacional desfavorable. El monto también se ajusta a la estructura piramidal de remuneraciones dentro del aparato estatal boliviano, donde el presidente no puede ganar más que ciertos niveles técnicos y judiciales.
El salario del presidente argentino supera los 6 millones de pesos brutos mensuales, lo que al tipo de cambio oficial representa entre 6 000 y 7 000 dólares estadounidenses, dependiendo de la cotización. Este monto se ha justificado por los constantes ajustes inflacionarios que impactan directamente en las remuneraciones públicas. En un país donde la inflación interanual supera el 200%, los sueldos del sector público suelen actualizarse con frecuencia para mantener el poder adquisitivo, lo que también aplica al Poder Ejecutivo.
No obstante, esta actualización salarial ha sido utilizada por sectores opositores para criticar a la clase política, argumentando una desconexión entre los privilegios del poder y la crisis económica que afecta a la población. Aunque el presidente ha sostenido que los incrementos son automáticos y que responden a la normativa vigente, el debate sobre si se justifican moral y políticamente continúa abierto en medios y redes sociales.
En Brasil, el salario mensual del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue fijado en R$ 46 366,19 tras el reajuste aprobado en diciembre de 2023, lo que equivale a cerca de 9 200 dólares estadounidenses. La decisión fue tomada por el Congreso Nacional, que también actualizó los sueldos de diputados, senadores, ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, bajo el argumento de que el anterior monto llevaba años congelado y se encontraba desfasado frente al sector privado.
El reajuste fue defendido como un intento de dignificar la función pública en un país con una estructura estatal compleja y con enormes responsabilidades a nivel interno y externo. Aunque hubo críticas desde algunos sectores sociales, la medida fue aprobada sin mayores conflictos institucionales y refleja un modelo político donde los sueldos altos buscan evitar la captura del poder por intereses económicos privados o redes de corrupción.
El presidente de México, actualmente Claudia Sheinbaum, recibe un salario mensual de $134 290 pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente 7 800 dólares estadounidenses. Esta cifra representa una disminución en comparación con sexenios anteriores, y está alineada con la política de austeridad republicana impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se redujo voluntariamente el sueldo y promovió que ningún funcionario ganara más que el titular del Ejecutivo.
Aunque la cifra parece moderada para los estándares regionales, ha generado tensiones con organismos autónomos como el Poder Judicial y el INE, cuyos funcionarios históricamente han ganado más que el presidente. El gobierno ha defendido la medida como una forma de combatir el dispendio burocrático, mientras críticos argumentan que los sueldos bajos podrían debilitar la capacidad técnica del Estado.
El presidente de los Estados Unidos percibe un salario anual de 400 000 dólares, equivalente a 33 333 dólares mensuales, una cifra que se ha mantenido constante desde el año 2001. Este monto está definido por el Congreso y complementado por una asignación adicional de 50 000 dólares anuales para gastos personales relacionados al cargo. Además, el mandatario tiene acceso a la Casa Blanca, transporte oficial y otros beneficios como seguridad permanente, residencia y pensión vitalicia.
Este modelo refleja una tradición institucional donde el salario presidencial es elevado, pero controlado, y no forma parte del debate público recurrente. Al tratarse de un país con altos estándares de vida y una cultura de profesionalización del Estado, el enfoque está puesto en la estabilidad, previsibilidad y jerarquía institucional más que en gestos simbólicos de austeridad.
En Europa Occidental, los sueldos presidenciales o de primer ministro suelen estar regulados por normativas claras, sujetas a mecanismos de transparencia y control parlamentario. Estos montos no solo buscan compensar el nivel de responsabilidad del cargo, sino también evitar que los líderes recurran a fuentes externas de financiamiento, minimizando riesgos de corrupción o conflictos de interés. En países como Alemania, Francia o el Reino Unido, los salarios reflejan la jerarquía dentro del aparato estatal y están diseñados para sostener la imagen de un Estado profesional, meritocrático y funcional ante la comunidad internacional.
En cambio, en Europa Oriental, donde muchas repúblicas enfrentan transiciones institucionales o desafíos democráticos más recientes, los sueldos presidenciales tienden a ser más bajos, tanto por limitaciones presupuestarias como por una cultura política aún marcada por la austeridad y la contención fiscal. La percepción pública también cumple un rol clave, pues en contextos de menor confianza ciudadana, cualquier incremento salarial puede generar rechazo. Así, el salario presidencial en esta región refleja no solo la economía nacional, sino también el grado de estabilidad política y madurez institucional.
En Alemania, el canciller federal, Friedrich Merz, percibe un salario anual de aproximadamente 377,800 euros -31.400 euros aproximadamente-, lo que lo posiciona entre los líderes europeos con mayores ingresos. Este monto refleja la importancia del cargo en una de las economías más sólidas del mundo y está alineado con la alta responsabilidad que conlleva dirigir el gobierno alemán. Además, el salario está sujeto a revisiones periódicas que consideran factores como la inflación y las condiciones económicas generales.
La transparencia en la remuneración de los altos cargos es una característica destacada del sistema político alemán. El salario del canciller es público y se establece mediante leyes aprobadas por el Bundestag, lo que garantiza un control democrático sobre las retribuciones de los funcionarios. Esta práctica busca evitar conflictos de interés y asegurar que los líderes políticos reciban una compensación justa y acorde con sus responsabilidades.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe un salario bruto anual de 142 000 euros, según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este monto se traduce en aproximadamente 11 800 euros mensuales y está diseñado para reflejar la dignidad del cargo sin exceder los límites de la austeridad fiscal que promueve el gobierno francés. Además, el presidente cuenta con beneficios adicionales, como residencia oficial y transporte, que complementan su remuneración.
La fijación del salario presidencial en Francia busca equilibrar la necesidad de una compensación adecuada con las expectativas públicas de moderación en el gasto gubernamental. La transparencia en la divulgación de estos datos es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las instituciones y evitar percepciones de privilegios indebidos.
En el Reino Unido, el primer ministro, actualmente Keir Starmer, percibe un salario anual de aproximadamente 164 080 libras esterlinas, equivalente a unos 190 000 euros. Este salario incluye su remuneración como miembro del Parlamento y como líder del gobierno. La cifra está sujeta a revisiones periódicas por parte de la Autoridad de Normas Parlamentarias Independiente (IPSA), que supervisa las retribuciones de los parlamentarios y ministros.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la política británica. La publicación regular de los salarios de los funcionarios públicos, incluidos los del primer ministro, busca garantizar la confianza del público en sus líderes y en el uso adecuado de los fondos públicos.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibe un salario anual que oscila entre 103 902 y 104 341 euros brutos, según datos del Portal de Transparencia y los Presupuestos Generales del Estado. Este monto se traduce en aproximadamente 7 800 euros mensuales y está diseñado para reflejar la responsabilidad del cargo sin exceder los límites de la austeridad fiscal promovida por el gobierno.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica consolidada en España, con el objetivo de mantener la confianza ciudadana en las instituciones y evitar percepciones de privilegios indebidos. La publicación regular de estos datos permite un control democrático sobre las retribuciones de los funcionarios públicos.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, percibe un salario mensual de aproximadamente 199 126 dinares serbios, lo que equivale a unos 1 700 euros -inclusive ha llegado a llegar a 1000 euros-. Esta cifra refleja las condiciones económicas del país y está alineada con la política de contención del gasto público. El salario presidencial en Serbia es significativamente más bajo en comparación con otros líderes europeos, lo que ha generado debates sobre la adecuación de la remuneración en relación con las responsabilidades del cargo.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica en evolución en Serbia. La publicación de estos datos busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de rendición de cuentas en el ámbito público.
Asia es un continente de contrastes extremos, y eso también se refleja en la forma en que sus líderes son remunerados. En Medio Oriente, muchos Estados están organizados bajo sistemas monárquicos o teocráticos donde los sueldos oficiales del jefe de Estado tienen un valor más simbólico que funcional. La autoridad se sustenta en estructuras dinásticas, religiosas o militares, y el poder económico de la élite gobernante proviene muchas veces de ingresos extracargos, como fondos soberanos, renta petrolera o patrimonios históricos. A diferencia de las democracias representativas, aquí el concepto de sueldo presidencial no responde necesariamente a una lógica de función pública o meritocracia burocrática, sino a una combinación de tradición, control patrimonial y gobernanza vertical.
En Oriente del Este y el Sur de Asia, los salarios presidenciales o de primer ministro están más reglamentados y sujetos a estructuras burocráticas consolidadas. En países como China, India o Japón, el salario se ajusta a escalas salariales estatales, a menudo por debajo del estándar internacional, ya que se espera que la autoridad del líder se base más en el servicio público que en una alta remuneración. Sin embargo, el bajo sueldo oficial no necesariamente implica falta de poder económico, pues estos cargos suelen estar acompañados de beneficios institucionales, asignaciones especiales y control administrativo sobre amplios sectores del Estado.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, percibe un salario anual de aproximadamente 538.592.400 riales iraníes, lo que equivale a unos 2.155 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Este monto es notablemente bajo en comparación con otros líderes mundiales y refleja la estructura político-religiosa -en este caso chiita– del país, donde el poder supremo reside en el Líder Supremo, y el presidente tiene funciones más administrativas que ejecutivas.
La baja remuneración presidencial también está en línea con la política de austeridad promovida por el régimen, que busca proyectar una imagen de modestia y servicio público. Sin embargo, esta cifra no incluye beneficios adicionales o asignaciones especiales que el presidente pueda recibir para el desempeño de sus funciones.
En Arabia Saudita, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud no recibe un salario fijo como en las democracias occidentales. En cambio, su manutención y la de la familia real provienen de asignaciones del presupuesto estatal, que incluyen gastos para la casa real, seguridad, viajes y otros beneficios -aún así, dado a la riqueza del país, debe ser de las más altas del mundo.-
La opacidad en torno a las finanzas de la monarquía saudita –islam sunita– hace difícil determinar una cifra exacta de ingresos personales del rey. Sin embargo, se estima que la familia real controla una parte significativa de la riqueza nacional, y el rey tiene acceso a vastos recursos financieros para el ejercicio de su poder y representación del Estado.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ocupa un cargo principalmente ceremonial, y su salario anual es de aproximadamente 173.000 dólares estadounidenses -14.400 dólares mensuales aproximadamente-; mientras que el de Benajin Netanyahu se encuentra en unos 4200 dólares. Esta remuneración está establecida por el gobierno y refleja la naturaleza representativa del puesto, que incluye funciones diplomáticas y de cohesión nacional.
A pesar de ser una figura simbólica, el presidente recibe beneficios como residencia oficial, seguridad y transporte, que complementan su salario. La transparencia en la divulgación de estos datos es una práctica común en Israel, promoviendo la rendición de cuentas y la confianza pública en las instituciones.
El presidente de China, Xi Jinping, tiene un salario anual de aproximadamente 150.000 yuanes, equivalentes a unos 22.000 dólares estadounidenses. Este monto es relativamente bajo en comparación con otros líderes mundiales, lo que refleja la estructura del Partido Comunista Chino, donde el liderazgo se basa más en la autoridad política que en la compensación económica.
Además del salario base, el presidente cuenta con beneficios como residencia oficial, transporte, seguridad y otros recursos estatales para el desempeño de sus funciones. La modestia en la remuneración busca proyectar una imagen de servicio y compromiso con los valores del partido y del Estado.
El primer ministro de India, Narendra Modi, percibe un salario anual de aproximadamente 24.716 euros, lo que equivale a unos 27.000 dólares estadounidenses. Este monto es relativamente modesto para el líder de la quinta economía más grande del mundo y refleja una política de austeridad y servicio público promovida por el gobierno.
Además del salario base, el primer ministro tiene acceso a beneficios como residencia oficial, transporte, seguridad y otros recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. La transparencia en la divulgación de estos datos es parte de los esfuerzos del gobierno para promover la rendición de cuentas y la confianza pública.
En el continente africano, el salario de los jefes de Estado está profundamente condicionado por factores estructurales como la desigualdad, la fragilidad institucional y el grado de dependencia económica del exterior. En la mayoría de países del norte y centro de África, los montos salariales presidenciales son moderados o bajos en relación con otros continentes, y en algunos casos no están claramente definidos debido a la opacidad presupuestaria o la concentración del poder. Además, muchos gobiernos enfrentan presiones externas -como organismos multilaterales o socios de cooperación- que condicionan sus políticas salariales a compromisos de austeridad, especialmente cuando se trata de presidentes con un perfil político autoritario o populista.
Por otro lado, en el sur del continente, países como Sudáfrica muestran estructuras más institucionalizadas, donde los salarios de los altos funcionarios están regulados por marcos legales y reflejan una voluntad de profesionalización del aparato público. No obstante, incluso en estas repúblicas con sistemas más abiertos, las percepciones sociales suelen estar cargadas de escepticismo cuando los ingresos presidenciales se alejan demasiado de la realidad del ciudadano común. La legitimidad de estos sueldos, en África, no se mide únicamente por su monto absoluto, sino por la capacidad del Estado de garantizar servicios básicos, gobernabilidad efectiva y lucha contra la corrupción.
El presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, percibe un salario anual de aproximadamente 1.485.180 libras egipcias, lo que equivale a unos 47.000 dólares estadounidenses. Este monto refleja la estructura salarial del sector público egipcio y está alineado con las políticas de austeridad implementadas en el país.
A pesar de la modestia de esta remuneración en comparación con otros líderes mundiales, el presidente cuenta con beneficios adicionales, como residencia oficial, transporte y seguridad, que complementan su salario. Estas asignaciones buscan garantizar el desempeño eficiente de sus funciones en un contexto económico desafiante.
El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibe un salario anual de aproximadamente 168.000 dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 14.000 dólares mensuales. Esta cifra se establece en el marco de la política salarial del gobierno argelino y busca reflejar la responsabilidad del cargo sin exceder los límites de la austeridad fiscal.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica consolidada en Argelia, con el objetivo de mantener la confianza ciudadana en las instituciones y evitar percepciones de privilegios indebidos. La publicación regular de estos datos permite un control democrático sobre las retribuciones de los funcionarios públicos.
En Marruecos, el rey Mohammed VI no recibe un salario fijo como en las democracias occidentales -al estilo de los funcionarios saudís-. En cambio, su manutención y la de la familia real provienen de asignaciones del presupuesto estatal, que incluyen gastos para la casa real, seguridad, viajes y otros beneficios.
La opacidad en torno a las finanzas de la monarquía marroquí hace difícil determinar una cifra exacta de ingresos personales del rey. Sin embargo, se estima que la familia real controla una parte significativa de la riqueza nacional, y el rey tiene acceso a vastos recursos financieros para el ejercicio de su poder y representación del Estado.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, percibe un salario anual de aproximadamente 3.564.810 rands sudafricanos, lo que equivale a unos 223.500 dólares estadounidenses anuales -18325 dólares mensuales aproximadamente. Este monto refleja la importancia del cargo en una de las economías más desarrolladas del continente africano y está alineado con la alta responsabilidad que conlleva dirigir el gobierno sudafricano.
La transparencia en la remuneración de los altos cargos es una característica destacada del sistema político sudafricano. El salario del presidente es público y se establece mediante leyes aprobadas por el parlamento, lo que garantiza un control democrático sobre las retribuciones de los funcionarios.
El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, percibe un salario anual de aproximadamente 12.536.925 francos congoleños, lo que equivale a unos 6.300 dólares estadounidenses mensuales. Esta cifra refleja las condiciones económicas del país y está alineada con la política de contención del gasto público.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica en evolución en la República Democrática del Congo. La publicación de estos datos busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de rendición de cuentas en el ámbito público.
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, percibe un salario que, en realidad, está oculto, pero se calcula que es de aproximadamente 5.988 euros. Esta cifra es significativamente más baja en comparación con otros líderes africanos y refleja las condiciones económicas del país, que enfrenta desafíos como la pobreza y la inestabilidad política.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica en desarrollo en Madagascar. La publicación de estos datos busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de rendición de cuentas en el ámbito público.
Oceanía presenta una realidad política particular donde la mayoría de los Estados son democracias parlamentarias, pero con vastas diferencias en su capacidad económica. En Australasia -principalmente Australia y Nueva Zeland- los salarios presidenciales o de primeros ministros se encuentran entre los más altos del mundo en relación al ingreso per cápita nacional. Esto responde tanto al alto costo de vida como al fortalecimiento institucional de sus gobiernos, que valoran la estabilidad y la tecnocracia como pilares de la administración pública. Los sueldos de sus líderes están sometidos a revisiones periódicas por organismos independientes, en busca de garantizar una compensación justa y profesional, sin caer en privilegios excesivos.
En cambio, en las islas del Pacífico -como Fiyi, Samoa, Tonga o Micronesia- los ingresos presidenciales tienden a ser mucho más modestos, en consonancia con sus economías pequeñas, alta dependencia de la ayuda exterior y estructuras administrativas limitadas. En estas naciones, el simbolismo del cargo suele ser más fuerte que su influencia real, y muchas veces el jefe de Estado comparte protagonismo con autoridades locales o tradicionales. El salario presidencial en estos contextos no solo refleja la capacidad fiscal del Estado, sino también el equilibrio entre la modernización institucional y el respeto por estructuras de poder ancestrales.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, percibe un salario anual de aproximadamente 607.500 dólares australianos, lo que equivale a unos 386.200 dólares estadounidenses. Este monto lo posiciona entre los líderes mundiales con mayores ingresos, incluso estando casi a la par ded presidente de Estados Unidos. La remuneración refleja la importancia del cargo en una de las economías más desarrolladas del mundo y está alineada con la alta responsabilidad que conlleva dirigir el gobierno australiano.
La transparencia en la remuneración de los altos cargos es una característica destacada del sistema político australiano. El salario del primer ministro es público y se establece mediante leyes aprobadas por el Parlamento, lo que garantiza un control democrático sobre las retribuciones de los funcionarios.
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, percibe un salario anual de aproximadamente 498.300 dólares neozelandeses, equivalentes a unos 300.000 dólares estadounidenses anuales. Este monto está sujeto a revisiones periódicas por parte de la Autoridad de Remuneración, que supervisa las retribuciones de los parlamentarios y ministros. La cifra refleja la responsabilidad del cargo y busca mantener la competitividad del sector público frente al privado.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la política neozelandesa. La publicación regular de los salarios de los funcionarios públicos, incluidos los del primer ministro, busca garantizar la confianza del público en sus líderes y en el uso adecuado de los fondos públicos.
El presidente de Fiyi, Ratu Naiqama Lalabalavu, percibe un salario anual de aproximadamente 185.000 dólares fiyianos, lo que equivale a unos 83.000 dólares estadounidenses anuales. Este monto fue incrementado recientemente por el Parlamento, generando controversia y protestas en el país. La medida busca actualizar las remuneraciones de los altos cargos tras una década sin ajustes salariales.
La decisión de aumentar los salarios de los funcionarios públicos, incluido el del presidente, ha sido objeto de debate en Fiyi. Mientras algunos argumentan que es necesario para atraer y retener talento en el sector público, otros consideran que es inapropiado en un contexto económico desafiante.
El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, percibe un salario anual de aproximadamente 346.037 kinas, equivalentes a unos 97.200 dólares estadounidenses anuales. Esta cifra refleja las condiciones económicas del país y está alineada con la política de contención del gasto público.
La transparencia en la divulgación de los salarios de los altos cargos es una práctica en evolución en Papúa Nueva Guinea. La publicación de estos datos busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de rendición de cuentas en el ámbito público.
Para terminar nuestro artículo, haremos un top sobre los países con los sueldos presidenciales anuales más altos:
| # | Nombre | Cargo | País | Salario anual (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Wong | Primer Ministro | Singapur | $1,610,000 |
| 2 | John Lee Ka-chiu | Jefe Ejecutivo | Hong Kong | $695,000 |
| 3 | Karin Keller-Sutter | Presidenta | Suiza | $531,000 |
| 4 | Joe Biden | Presidente | Estados Unidos | $400,000 |
| 5 | Anthony Albanese | Primer Ministro | Australia | $386,200 |
| 6 | Olaf Scholz | Canciller | Alemania | $377,800 |
| 7 | Karl Nehammer | Canciller | Austria | $307,000 |
Los sueldos presidenciales, lejos de ser simples cifras, funcionan como una radiografía del modelo político, económico y cultural de cada país. En democracias consolidadas con economías robustas, las remuneraciones suelen ser elevadas, justificadas por el alto nivel de responsabilidad, la necesidad de atraer talento profesional al Estado y la intención de blindar al poder ejecutivo contra prácticas corruptas. En cambio, en regímenes que llevan a los países al subdesarrollo, los montos pueden ser bajos por razones simbólicas, presupuestarias o populistas, aunque eso no impide que existan amplios privilegios no registrados en cifras oficiales.
A lo largo del mundo, el salario presidencial es también una fuente de conflicto político cuando se percibe como desproporcionado respecto a la realidad nacional. En países como Perú o Fiyi, cualquier intento de aumento sin legitimidad social puede detonar crisis de confianza. Al final, el sueldo de un presidente no solo mide cuánto gana, sino qué tanto representa, qué tan eficaz se percibe y cuánto respeto -o cuestionamiento- genera su figura en la ciudadanía. Por eso, conocer y comparar estas cifras es clave para entender cómo funciona el poder en distintas partes del planeta.
