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El 3 de diciembre de 2024, Corea del Sur fue escenario de una decisión trascendental: el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial, argumentando la necesidad de salvaguardar la estabilidad del país frente a crecientes amenazas internas y externas. Esta medida, marcada por la suspensión de actividades legislativas y restricciones a la prensa, desató una inmediata confrontación política entre el Ejecutivo y el Parlamento, liderado por la oposición.
Declaración de la ley marcial
En un discurso televisado, el 03 de diciembre, Yoon Suk-yeol justificó la implementación de la ley marcial como una respuesta a lo que describió como una doble amenaza: la presión militar de Corea del Norte y la desestabilización política interna. En sus declaraciones, señaló:
«Para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales, declaro por la presente la ley marcial de emergencia.»
El presidente también arremetió contra el Parlamento, dominado por el Partido Democrático, acusándolo de paralizar los sistemas judicial y administrativo del país:
«Nuestro Congreso Nacional se ha convertido en un refugio para criminales, un antro de dictadura legislativa que busca derrocar nuestro orden democrático liberal.»
La ley marcial incluyó la movilización de tropas para garantizar el orden en las principales ciudades y el cierre temporal del Congreso, lo que representó un claro desafío a las instituciones democráticas del país.
Reacción de la oposición y la sociedad civil
El Partido Democrático rechazó la medida de inmediato, calificándola como un acto autoritario y un intento de consolidar el poder presidencial. Lee Jae-myung, líder de la oposición, declaró:
«La declaración de la ley marcial no es más que una excusa para limitar las libertades democráticas y evitar la rendición de cuentas. Es una respuesta desproporcionada que pone en riesgo nuestra democracia.»
La oposición argumentó que la amenaza norcoreana, aunque real, estaba siendo utilizada como pretexto para debilitar las instituciones y consolidar un control excesivo del Ejecutivo. Además, diversos grupos civiles organizaron protestas en Seúl, acusando al presidente de violar los derechos constitucionales y de adoptar medidas innecesariamente represivas.
Votación en la Asamblea Nacional
Desafiando las restricciones impuestas por la ley marcial, la Asamblea Nacional logró convocar una sesión extraordinaria en la que se votó una resolución para anular la medida. Con 190 legisladores presentes, la votación unánime a favor de levantar la ley marcial reflejó la cohesión de la oposición y su capacidad para movilizarse en un contexto adverso.
El líder parlamentario del Partido Democrático expresó:
«La Asamblea Nacional ha reafirmado su compromiso con la democracia. No podemos permitir que un solo hombre, bajo el pretexto de la seguridad nacional, desmantele el sistema que hemos construido con tanto esfuerzo.»
La resolución fue enviada al Ejecutivo con el respaldo legal suficiente para exigir el levantamiento de la ley marcial, según lo estipulado en la Constitución surcoreana.
Respuesta del presidente Yoon
Tras la votación parlamentaria, Yoon Suk-yeol emitió un comunicado en el que aceptó la posibilidad de levantar la medida, siempre y cuando se verificara que el quórum necesario había sido alcanzado. Sin embargo, el presidente reafirmó la legitimidad de su decisión inicial:
«Mi prioridad sigue siendo la seguridad de Corea del Sur. Si el Parlamento ha decidido que la ley marcial ya no es necesaria, actuaré en consecuencia, pero esto no cambia la realidad de las amenazas que enfrentamos.»
La postura de Yoon reflejó una estrategia política para equilibrar la presión interna e internacional con la necesidad de mantener su imagen como un líder firme frente a las crecientes tensiones en la península coreana.
Implicaciones estratégicas
Este episodio resalta el delicado equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a las instituciones democráticas. La decisión de Yoon de declarar la ley marcial puede interpretarse como una táctica para consolidar su liderazgo en un contexto de crecientes desafíos internos y externos, pero también pone en evidencia las fracturas políticas en el país.
Con la expectativa de que la ley marcial sea levantada formalmente el 4 de diciembre, Corea del Sur enfrenta un escenario político en el que el conflicto entre las ramas del gobierno podría tener implicaciones a largo plazo, especialmente en un momento de alta tensión con Corea del Norte. La forma en que ambas partes manejen la narrativa en los días posteriores será clave para definir la percepción pública de este episodio y su impacto en la política surcoreana
