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El 4 de diciembre de 2024, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se vio obligado a levantar la ley marcial, declarada apenas un día antes. Esta medida, que inicialmente se justificó como un intento de salvaguardar la estabilidad frente a las amenazas internas y externas, generó una ola de protestas ciudadanas y una respuesta firme por parte del Parlamento, que votó unánimemente a favor de su anulación. La decisión refleja un punto de inflexión en la crisis política surcoreana, subrayando la importancia de un manejo estratégico y eficaz en tiempos de tensión gubernamental.
El levantamiento de la ley marcial
La Asamblea Nacional, dominada por el Partido Democrático y fuerzas opositoras, se reunió en una sesión extraordinaria el 3 de diciembre, logrando un quórum de 190 legisladores. Con una votación unánime, el Parlamento aprobó la resolución para anular la ley marcial, calificándola de desproporcionada e inconstitucional. Esta presión legislativa, combinada con protestas masivas en las principales ciudades del país, dejó al presidente Yoon con pocas opciones más allá de aceptar la decisión parlamentaria.
En su discurso tras el levantamiento, Yoon reconoció la resolución del Parlamento:
«Mi deber es proteger a Corea del Sur, pero respeto la voluntad de la Asamblea Nacional y de nuestra ciudadanía. Procederé a levantar la ley marcial conforme a los principios democráticos que guían nuestra nación.»
Reacciones de la sociedad y medios de comunicación
La decisión de levantar la ley marcial fue recibida con alivio por miles de manifestantes que se habían congregado frente a la Asamblea Nacional y en las calles de Seúl. Sin embargo, el sentimiento generalizado entre la sociedad civil fue de indignación por la declaración inicial de la medida, que muchos consideraron un abuso de poder. Organizaciones sindicales y grupos estudiantiles calificaron la situación como un “peligroso precedente” para la democracia surcoreana.
Los medios de comunicación locales también jugaron un papel clave, cuestionando duramente la decisión inicial de Yoon. Periódicos como The Korea Times y The Hankyoreh publicaron editoriales criticando la falta de previsión y estrategia en el manejo de la crisis, señalando que la ley marcial había puesto en peligro el equilibrio institucional del país.
Por su parte, analistas internacionales advirtieron sobre los riesgos de deslegitimar el liderazgo presidencial. Foreign Policy describió los eventos como un intento fallido de consolidación de poder que debilitó la posición y la imagen de Yoon tanto a nivel interno como en el escenario internacional.
Las crecientes demandas de dimisión
A pesar del levantamiento de la ley marcial, las críticas al presidente Yoon no han disminuido. La oposición, liderada por el Partido Democrático, ha iniciado un procedimiento de juicio político, argumentando que la declaración de la ley marcial fue una violación grave de la Constitución. Mientras tanto, las protestas no cesan, y sindicatos nacionales han convocado una huelga general indefinida hasta que el presidente dimita.
Estas demandas reflejan no solo una crisis de gobernabilidad, sino también un debilitamiento de la confianza pública en el liderazgo presidencial. En este contexto, el manejo de la imagen de Yoon y la gestión de la crisis se han convertido en desafíos prioritarios.
La capacidad del gobierno para gestionar esta crisis no solo determinará el futuro político de Yoon Suk-yeol, sino también la percepción de Corea del Sur como una democracia resiliente en un entorno geopolítico de alta volatilidad. Este episodio es un recordatorio de que la estrategia política y la preparación ante crisis son fundamentales para garantizar la estabilidad y el progreso en tiempos de incertidumbre.
