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En el capítulo anterior, exploramos el concepto de la propiedad intelectual, un derecho diseñado para proteger las creaciones e innovaciones de personas y empresas. Analizamos cómo el poder judicial puede desempeñar un rol crucial al determinar si estas protecciones han sido vulneradas, y cómo las sentencias pueden inclinar la balanza a favor de empresas locales, especialmente en países más pequeños. Allí, los tribunales no solo buscan salvaguardar las patentes de sus compañías, sino que también, en ocasiones, pueden fomentar prácticas como el espionaje industrial contra grandes corporaciones, en caso contrario, se puede abrir el camino al abuso del consumidor. Sin embargo, existe un texto de aplicación directa para defenderse ante estas prácticas: El Código de Defensa del Consumidor.
En un mundo cada vez más globalizado, las multinacionales han adquirido una influencia significativa, moldeando economías y políticas a su conveniencia. Frente a este poder, no solo los fallos judiciales sirven como freno. Los códigos de protección al consumidor también se han convertido en una herramienta poderosa para equilibrar las fuerzas, además de proteger los derechos de los ciudadanos, limitan las malas prácticas empresariales de una manera más fácil al aplicar los artículos escritos expresamente que, de lo contrario, serían desapercibidas o llegarían a ser toleradas por las autoridades locales presionadas económicamente.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo los códigos de consumo pueden proteger a las comunidades locales tuvo lugar en la India. En 2004, la Corte Suprema falló en contra de Coca-Cola, una de las mayores multinacionales del mundo. La controversia se desató cuando la planta embotelladora de la empresa, ubicada en Plachimada, en el sur del país, fue acusada de consumir cantidades excesivas de agua en una región que sufría una grave crisis de sequía.
Las comunidades locales, encabezadas por agricultores afectados, denunciaron que la explotación de los recursos hídricos por parte de Coca-Cola estaba agotando el suministro de agua, poniendo en riesgo sus medios de vida y, amparándose en la ley de defensa del consumidor, ampliaron la interpretación de sus leyes al incluir el derecho a un entorno saludable como parte de los derechos del consumidor.
La respuesta del tribunal fue contundente: ordenó el cierre de la planta y exigió que la empresa indemnizara a los residentes por los daños causados. Esta decisión no solo representó una victoria para los derechos de los consumidores, sino que también reforzó la soberanía india sobre sus recursos naturales, enviando un claro mensaje de que las corporaciones no están por encima de las necesidades básicas de las personas.
Francia, con su histórica defensa de la soberanía alimentaria y cultural, ofrece otro caso fascinante. En la década de 1990, McDonald’s, símbolo global de la comida rápida, se encontró en el centro de una tormenta legal y social en este país. Acusada de prácticas comerciales engañosas y de violar las estrictas normativas locales de salud y calidad alimentaria y los derechos de defensa del consumidor, la cadena enfrentó múltiples demandas.
El caso más conocido involucró al activista y agricultor José Bové, quien, como un acto de protesta contra la globalización y en defensa de los agricultores locales, destruyó una instalación de McDonald’s utilizando un tractor. Aunque fue condenado por su acción, la pena que recibió fue mínima. Su acto resonó profundamente en la sociedad francesa, avivando una resistencia nacional contra los productos extranjeros que eran percibidos como una amenaza a las tradiciones y la economía local. Como resultado, McDonald’s no solo tuvo que adaptarse a la cultura culinaria francesa, sino que también comenzó a utilizar productos nacionales en sus menús como un gesto de reconciliación.
En el ámbito tecnológico, uno de los casos más impactantes fue el enfrentamiento entre Google y la Unión Europea. En 2017, la Comisión Europea impuso una multa récord de 2.42 mil millones de euros a la empresa por prácticas anticompetitivas. Según la investigación, Google abusó de su posición dominante en el mercado de búsquedas en línea, favoreciendo su propio servicio de comparación de precios y relegando a sus competidores.
Este no fue un hecho aislado. En 2018 y 2019, Google enfrentó nuevas sanciones por imponer restricciones a los fabricantes de dispositivos Android, obligándolos a preinstalar su motor de búsqueda de manera exclusiva. Estas prácticas no solo limitaban la diversidad de aplicaciones y servicios disponibles para los usuarios, sino que también reforzaban un monopolio. La Unión Europea respondió con firmeza, defendiendo los principios de libre competencia y enviando un mensaje claro de que ni siquiera las multinacionales más poderosas están por encima de la ley ni de los consumidores.
En el siguiente capítulo, cambiamos de tema para analizar otro aspecto relevante de los tribunales. En esta ocasión, ahondaremos en la siguiente pregunta: ¿Pueden ser los Derechos Humanos un arma geopolítica?
