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En el capítulo anterior, exploramos cómo los derechos humanos, concebidos para proteger la dignidad humana, pueden convertirse en herramientas políticas con gran impacto. Vimos cómo los grandes sistemas jurídicos en el mundo incorporan estas doctrinas y cómo, en ciertos casos, estas son empleadas para justificar acciones gubernamentales. Ahora, en este último capítulo, abordaremos una faceta aún más delicada: la manipulación judicial como estrategia directa para consolidar regímenes de poder, tanto en democracias como en gobiernos autoritarios.
Si bien, esta temática lo abordamos parcialmente en el capítulo 4, en este capítulo lo llevaremos a un paso más profundo. A lo largo de la historia, el poder judicial ha tenido el potencial de ser un pilar de la democracia o un cómplice del autoritarismo y viceversa. Pero cuando las medidas autoritarias toman ventaja, las dinámicas son más visibles: jueces cuidadosamente seleccionados, fallos emitidos estratégicamente, casos de lawfare y la instrumentalización de leyes que se convierten en piezas clave para mantener el control y silenciar la disidencia.
Una de las formas más efectivas de garantizar la lealtad del poder judicial es controlar quiénes lo integran. Según reporta BBC News en su artículo Cómo funciona el Tribunal Supremo de Venezuela y por qué se duda de su imparcialidad, nos da la idea de que el Tribunal Supremo de Justicia puede llegar a ser un brazo del poder ejecutivo en Venezuela. En 2015, cuando la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, el tribunal emitió decisiones que despojaron al Parlamento de sus funciones, debilitando así uno de los pocos contrapesos al gobierno. Dos años después, llegó incluso a intentar disolver la Asamblea Nacional, desatando una ola de protestas dentro y fuera del país.
El caso de Honduras en 2015 es otra ilustración de cómo una decisión judicial puede cambiar por completo las reglas del juego político. Similar a los casos que vimos en el capítulo 3, a pesar de que la Constitución hondureña prohíbe expresamente la reelección presidencial en su artículo 239, la Corte Suprema falló a favor de inaplicar esta norma, permitiendo la candidatura de Juan Orlando Hernández en 2017. Una maniobra que, aunque legalmente validada, dejó en evidencia cómo los intereses políticos pueden moldear el sistema judicial.
Otra táctica recurrente es despojar al poder judicial de su capacidad para actuar como contrapeso. En 2023, esto casi ocurre en Israel, donde se vivió un intenso debate cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu propuso una reforma judicial que buscaba limitar las competencias del Tribunal Supremo para anular decisiones del gobierno, en un esfuerzo por limitar el alcance en la revisión de leyes y acciones del ejecutivo.
Los opositores temían que este cambio erosionaría los controles permitiendo que el ejecutivo actúe sin restricciones junto a la intervención en los procesos judiciales en curso. Además, advirtieron que la reforma podría permitir al gobierno remplazar a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, quien supervisa el proceso judicial contra Netanyahu por presuntos actos de corrupción.
El temor no se limitaba a las acusaciones contra Netanyahu, sino que abarcaba el impacto más amplio que esta reforma tendría sobre las libertades civiles y el carácter democrático del país. Las masivas protestas que unieron a amplios sectores de la sociedad israelí reflejaron la percepción de que esta reforma era mucho más que un cambio técnico: con un poder judicial debilitado, el gobierno podría restringir las libertades civiles y avanzar hacia políticas que afecten los aspectos seculares de la sociedad.
La manipulación del marco legal para la aplicación por parte del poder judicial es otra estrategia eficaz para consolidar regímenes. En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS) impulsó una reforma que creaba una cámara disciplinaria en el Tribunal Supremo, una medida presentada como un esfuerzo para modernizar el sistema judicial. Sin embargo, la Unión Europea denunció esta reforma como un ataque a la independencia judicial, señalando que podría convertirse en una herramienta que amenazaría la democracia en el país.
En Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko llevó esta estrategia a un nivel extremo. Según el medio Euronews en su artículo Convocan elecciones en Bielorrusia mientras continúa la represión de Lukaschenko, menciona que la represión contra las protestas tras las elecciones de 2020 por parte del régimen siguen vigentes hasta el día de hoy. Estas sentencias, emitidas bajo el pretexto de preservar el orden, fueron condenadas internacionalmente. Incluso la Unión Europea ha impuesto sanciones progresivas contra Bielorrusia desde octubre de 2020, dirigidas a funcionarios y entidades responsables de la represión y violaciones de derechos humanos.
A lo largo de esta serie, hemos analizado cómo el poder judicial, que debería ser un garante de justicia e igualdad, puede ser manipulado para servir intereses políticos. Desde casos emblemáticos hasta estrategias menos visibles, hemos visto cómo esta institución puede ser tanto un baluarte de la democracia como un instrumento de control.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestra serie El Rol del Poder Judicial en la Geopolítica. Esperamos que estos capítulos hayan servido para reflexionar sobre el impacto que esta institución tiene en nuestras vidas y en el panorama global. ¡Nos vemos en futuras exploraciones!
Un comentario
Está sucediendo lo mismo en México con la reforma al Poder Judicial