Publicaciones
En el capítulo anterior, analizamos cómo los países con códigos de defensa al consumidor los emplean para proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas nacionales frente a las multinacionales. Discutimos casos específicos que muestran cómo estas corporaciones recurren a tácticas anticompetitivas y cómo, en respuesta, algunos gobiernos han optado por medidas drásticas para proteger sus mercados locales. Sin embargo, hay otra herramienta igual de poderosa para proteger a los ciudadanos, aunque también con el potencial de desatar controversias si llega a politizarse: los derechos humanos.
Más allá de su función esencial de salvaguardar la dignidad humana, los derechos humanos tienen el potencial de convertirse en una de las armas políticas más influyentes del siglo XXI. Desde tribunales nacionales hasta cortes internacionales, este concepto atraviesa el centro de las batallas por el poder, la estabilidad y las relaciones diplomáticas. Aunque en teoría son universales e inalienables, la forma en que los tribunales los aplican revela que estos principios pueden ser moldeados para servir a intereses políticos concretos.
Para entender se tiende a asociar a los derechos humanos como una herramienta política, es esencial explorar cómo se aplican en diferentes sistemas jurídicos alrededor del mundo.
1. Common Law o Sistema Anglosajón: En países como Estados Unidos y Reino Unido, los jueces tienen una gran influencia política a través de sus decisiones. Este sistema, basado en precedentes judiciales, permite que las sentencias moldeen políticas públicas, a menudo, introduciendo nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Un ejemplo paradigmático es el caso Brown v. Board of Education de 1954 en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Este fallo no solo transformó el sistema educativo, sino que también marcó un hito en el movimiento por los derechos civiles.
2. Civil Law o Sistema Romano-Germánico: En la mayoría de los países europeos, latinoamericanos y algunos asiáticos, las leyes escritas tienen mayor peso que los precedentes judiciales. Sin embargo, esto no impide que los tribunales sean actores decisivos en cuestiones de derechos humanos, especialmente cuando el poder político influye en el sistema judicial. Un ejemplo es Turquía y su manejo de los movimientos kurdos. Allí, el sistema judicial ha procesado a líderes políticos kurdos bajo cargos de difundir propaganda terrorista, como en el caso de Selahattin Demirtaş, un político y abogado que fue sentenciado por estos motivos. Este enfoque ha sido criticado por organismos internacionales, que ven en estas decisiones una herramienta para reprimir las demandas étnicas y políticas. No obstante, en el Civil Law, si las acciones de los acusados encajan en los artículos del código penal, deben ser procesados y condenados por los tribunales.
3. Sharía o Ley Islámica: En varios países islámicos, la Sharía actúa como un código de conducta basado en el Corán. Sin embargo, las interpretaciones judiciales de esta ley a menudo chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, los tribunales han justificado largas penas de prisión o incluso sentencias de muerte contra críticos del régimen, calificando sus acciones como subversivas. Un caso de esto es el de Muhammad al-Ghamdi, que, según documenta Human Rights Watch en Arabia Saudita: Hombre condenado a muerte por tuits, solo los mensajes en redes sociales contra el régimen es suficiente para la acción penal actué.
Aunque los derechos humanos buscan proteger al individuo, en la práctica, también se han convertido en un recurso estratégico en el juego político que detallaremos en casos específicos.
Un ejemplo emblemático se encuentra en el proceso de paz con las FARC en Colombia. Tras décadas de conflicto, el sistema judicial colombiano emitió fallos que garantizaban la participación política de exlíderes guerrilleros, argumentando que excluirlos violaría sus derechos políticos fundamentales. En 2016, según reporta BBC en su artículo «Hoy podemos decir que se acabó la guerra»: los detalles del histórico acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el Congreso respaldó estas medidas, facilitando su reintegración en la vida política. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de críticas. Figuras como el expresidente Álvaro Uribe señalaron que se estaba priorizando la protección de los excombatientes sobre los derechos de las víctimas, lo que desató un intenso debate nacional.
En Perú, el caso de Sendero Luminoso ilustra otro uso polémico de los derechos humanos. A pesar de que muchos de sus líderes han sido condenados por terrorismo, algunos tribunales han absuelto a otros miembros debido a la falta de pruebas en algunas ocasiones. Un caso destacado es el de Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada Artemio, quien fue absuelto en ciertos cargos por no acreditarse su autoría mediata, lo que generó indignación entre los ciudadanos y mala percepción sobre los Derechos Humanos. Además, la presencia del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), considerado el brazo político de Sendero Luminoso dado a sus marchas por la liberación de sus exintegrantes, también ha generado indignación al percibirse como un intento de usar los derechos humanos para proteger a quienes muchos consideran una amenaza para la sociedad.
Estos ejemplos evidencian cómo los derechos humanos, más allá de su noble propósito, pueden ser utilizados estratégicamente para moldear narrativas políticas, legitimar decisiones y deslegitimar opositores. En el siguiente capítulo, nos trasladamos a abordar una cuestión fundamental sobre las labores del poder judicial, la cuál es la manipulación de esta para consolidar diversos regímenes.
