Publicaciones
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso que marca un antes y un después en la política peruana: decidió suspender todas las investigaciones fiscales y judiciales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que termine su mandato en julio de 2026. Con ello, casos sensibles como las muertes en protestas, el presunto enriquecimiento ilícito del Rolexgate o la acusación por abandono de funciones quedan congelados. La medida genera una fractura en la opinión pública: para algunos es un acto de blindaje político, para otros una defensa estricta de la investidura presidencial.
Más allá del aspecto jurídico, la resolución se inserta en un contexto donde el uso estratégico del derecho con fines políticos no es nuevo en América Latina. Muchos analistas ven en esta decisión un ejemplo de cómo el poder constitucional puede convertirse en herramienta de contención política, muy cerca de lo que se denomina “guerra jurídica”. En este escenario, el Perú se coloca frente a un dilema: ¿garantizar estabilidad presidencial o abrir una puerta peligrosa hacia la impunidad?
El TC resolvió que el artículo 117 de la Constitución no solo limita las acusaciones contra un presidente en funciones, sino también la posibilidad de investigarlo. Bajo esta interpretación, toda diligencia fiscal contra Dina Boluarte debe suspenderse hasta el 28 de julio de 2026, cuando termine su mandato. Así, los casos que involucran presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y responsabilidad en las muertes de las protestas quedan en pausa. La resolución, en términos prácticos, la coloca fuera del alcance de la justicia durante casi un año completo.
Este fallo no surge en el vacío: responde a una estrategia que se venía preparando desde meses atrás y que recuerda a las tácticas de blindaje que los actores políticos suelen usar para ganar tiempo y reposicionar su imagen. En la política moderna, esas jugadas son comparables a las operaciones psicológicas que buscan imponer una narrativa de estabilidad, aunque detrás se oculte un cálculo de poder. Aquí, el TC no solo protege a Boluarte, sino que sienta un precedente para futuros mandatarios que podrían invocar la misma doctrina.
La decisión del TC ofrece a la presidenta un respiro político inmediato. Con todas las investigaciones detenidas, Boluarte gana margen para reorganizar su gestión y reforzar su relación con el Congreso. En la práctica, se asegura que ningún escándalo judicial la desestabilice de aquí a las elecciones generales del 2026. Sin embargo, esta protección no la libra del juicio de la opinión pública, que sigue cargando contra ella por las muertes en las protestas y por el cuestionado Rolexgate.
En el terreno político, este blindaje actúa como una especie de war room institucional, donde el Tribunal Constitucional cumple la función de escudo frente a los embates judiciales. Así, Boluarte dispone de un espacio para proyectar poder y buscar recomponer alianzas, aunque sabe que este resguardo es temporal y que, al terminar su mandato, todas las investigaciones volverán a activarse con fuerza. Su verdadero desafío será demostrar que puede gobernar con estabilidad en medio de un clima de desconfianza.
El pronunciamiento del TC fue recibido con fuertes cuestionamientos desde la oposición y la sociedad civil. Para muchos, se trata de un blindaje abierto a la impunidad, pues no solo protege a Boluarte sino que también abre un precedente para futuros mandatarios que busquen esquivar la justicia. Organismos de derechos humanos han advertido que esta suspensión de investigaciones afecta a las familias de las víctimas de las protestas, que ahora deben esperar hasta 2026 para conocer avances. El descrédito hacia las instituciones crece en un país donde la desconfianza política es la norma.
Algunos especialistas consideran que este fallo es un ejemplo de cómo la política peruana ha normalizado estrategias de supervivencia frente al control judicial. Dichas maniobras recuerdan a lo que en comunicación política se entiende como marketing de guerrilla, una forma de contraatacar cuando el actor se encuentra en posición débil. En este caso, el TC aparece como un aliado involuntario que contribuye a sostener la narrativa oficial.
Desde el oficialismo y el propio TC se defienden asegurando que no se trata de blindar a una persona, sino de proteger la investidura presidencial. Argumentan que permitir investigaciones mientras un mandatario gobierna podría generar inestabilidad y chantaje político. Para estos sectores, la decisión busca garantizar que Boluarte culmine su mandato sin presiones judiciales. La presidenta del TC, Luz Pacheco, insistió en que el fallo es general y aplicable a cualquier jefe de Estado.
Esta visión intenta colocar la medida en un marco de legalidad y equilibrio institucional. Sin embargo, el choque entre la lectura jurídica y el sentir popular es evidente: mientras unos hablan de estabilidad, otros ven impunidad. La disputa de narrativas es central en este escenario, y como en toda batalla política, se juega en el terreno de la persuasión y la oratoria, donde la construcción del discurso será tan decisiva como la resolución misma.
El camino hacia este fallo del TC comenzó con las protestas sociales de 2022 y 2023, que dejaron más de 70 muertos en enfrentamientos con fuerzas del orden. Desde entonces, diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos recayeron sobre el gobierno de Boluarte, señalándola como responsable política de los excesos cometidos. Estas acusaciones cimentaron el primer gran frente judicial que hoy queda en suspenso. La herida sigue abierta, pues las familias de las víctimas reclaman justicia y no aceptan que se archive —aunque temporalmente— la búsqueda de responsabilidades.
En 2024 estalló el escándalo del Rolexgate, cuando medios revelaron relojes de lujo no declarados por la mandataria. El caso reforzó la percepción de un estilo de poder desconectado de la ciudadanía, y fue el punto de partida para que la Fiscalía intensificara sus indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, la polémica por la cirugía estética de la presidenta, que derivó en acusaciones de abandono de funciones, sumó otra línea de investigación. Estos frentes judiciales convergieron en un escenario de presión constante sobre el Ejecutivo.
Lo que hoy se interpreta como un “blindaje” no puede desligarse de esta secuencia de crisis. Cada episodio fue debilitando la legitimidad de Boluarte, obligándola a recurrir a maniobras de contención política y al uso de recursos institucionales para sostenerse en el poder. En la lógica de la confrontación, estos movimientos son comparables a estrategias de lawfare, donde el derecho se vuelve arma o escudo según la conveniencia. En este caso, el TC opera como barrera jurídica que asegura la permanencia de la mandataria hasta el 2026.
El blindaje otorgado por el TC es temporal. En cuanto Dina Boluarte deje el cargo en julio de 2026, las investigaciones se reactivarán de inmediato. La Fiscalía ya tiene expedientes avanzados que solo esperan ese momento para tomar impulso, lo que significa que la mandataria enfrentará un frente judicial complejo al término de su mandato. En la práctica, el fallo no elimina las acusaciones: las congela, acumulando un escenario explosivo que puede marcar la transición política y condicionar cualquier intento de reingreso a la vida pública.
La presidenta, por tanto, vive en una suerte de calma tensa, donde el tiempo actúa como su principal aliado. Esta es una típica maniobra de supervivencia política, que recuerda a las dinámicas descritas en manuales de inteligencia y contrainteligencia, donde se privilegia ganar tiempo para reagruparse y reducir riesgos inmediatos. Sin embargo, una vez terminado el mandato, ese tiempo se transforma en un enemigo, pues cada caso pendiente regresará con mayor intensidad y con una ciudadanía expectante de resultados.
2022–2023: Protestas y muertes. Las manifestaciones contra el gobierno dejaron más de 70 fallecidos. Organismos internacionales exigieron investigaciones por posibles crímenes de Estado. Este episodio marcó el inicio de la vulnerabilidad judicial de la presidenta y se convirtió en el principal argumento para quienes reclaman justicia hasta hoy.
2024: Estalla Rolexgate. La revelación de relojes de lujo no declarados golpeó la imagen de Boluarte. Este escándalo abrió un frente de investigación por presunto enriquecimiento ilícito y acrecentó la percepción de un liderazgo distante de la población.
2025: El TC emite fallo. Tras meses de debate, el Tribunal Constitucional decide que ninguna investigación puede avanzar mientras Boluarte sea presidenta. El pronunciamiento genera la acusación de blindaje político, pero también la defensa de que se trata de proteger la investidura presidencial.
2026: Fin de mandato. El 28 de julio concluye la gestión de Boluarte y, con ello, se reactivan todos los procesos detenidos. Lo que hoy es una pausa se transformará en un choque frontal entre la justicia y la política, escenario donde la capacidad de gestión del tiempo y las alianzas construidas definirán la supervivencia de la mandataria fuera del poder.
El fallo del Tribunal Constitucional no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión política de gran alcance. Al suspender todas las investigaciones contra Dina Boluarte hasta 2026, se envía un mensaje claro: la presidencia está por encima del escrutinio judicial mientras dure el mandato. Este blindaje, aunque presentado como defensa de la investidura, refuerza la percepción de que en el Perú las instituciones operan más para proteger al poder que para fiscalizarlo.
Lo que está en juego no es solo el futuro inmediato de Boluarte, sino también el precedente que queda para cualquier presidente en adelante. Si esta interpretación se consolida, el artículo 117 de la Constitución dejará de ser un límite para convertirse en un escudo político que garantice inmunidad temporal. En un país marcado por la inestabilidad, esta dinámica recuerda a las estrategias defensivas en guerra electoral, donde el objetivo no es ganar legitimidad, sino sobrevivir hasta el final de la contienda.
