Publicaciones
Este domingo, Venezuela vivió un evento político clave con la celebración de las elecciones para la selección de jueces de paz en todo el territorio nacional. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), estas elecciones registraron una participación del 46% del padrón electoral, una cifra que, aunque modesta, refleja el interés de ciertos sectores de la población en estos comicios, considerados un ejercicio de justicia comunitaria en el país.
Las elecciones de jueces de paz se enmarcan en la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, promulgada en 2012, que establece un sistema para resolver conflictos en las comunidades de manera directa y sin recurrir a los tribunales tradicionales. Este mecanismo busca fortalecer la participación ciudadana y ofrecer soluciones rápidas a conflictos de baja complejidad, como disputas familiares, vecinales o comerciales.
La actual jornada electoral se da en un contexto de alta tensión política y social en Venezuela. En los últimos años, el sistema judicial ha sido objeto de fuertes críticas por su falta de independencia, y el nombramiento de jueces de paz ha sido señalado por algunos sectores como un intento del gobierno para reforzar su control sobre las estructuras de justicia. A pesar de estas tensiones, el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido estas elecciones como una herramienta para empoderar a las comunidades y fortalecer el tejido social.
El presidente Nicolás Maduro calificó estas elecciones como una victoria para la democracia participativa y un paso hacia la construcción de una sociedad más justa. “El pueblo de Venezuela, en su mayoría, ha acudido a este proceso electoral para elegir a los hombres y mujeres que garantizarán la paz y la justicia en nuestras comunidades. Este es un triunfo del modelo de justicia social que estamos construyendo”, expresó Maduro durante un evento oficial.
Además, Maduro destacó el papel de los jueces de paz como mediadores y promotores de la reconciliación en las comunidades, en un momento en el que el país enfrenta un fuerte deterioro social debido a la crisis económica y política. Según el mandatario, la elección de estos jueces representa «la esencia del poder popular y la democracia verdadera».
Por su parte, la oposición venezolana ha cuestionado la legitimidad y el verdadero impacto de estas elecciones. En palabras de Juan Pablo Guanipa, líder opositor y miembro del partido Primero Justicia, estas elecciones no abordan los problemas estructurales del sistema judicial venezolano. “La justicia de paz comunal puede ser un avance en el papel, pero en la práctica, no resuelve la profunda crisis de nuestro sistema judicial, que está al servicio del régimen y no del pueblo”, afirmó Guanipa.
La oposición también denunció irregularidades en el proceso electoral, señalando que la selección de candidatos estuvo controlada por el oficialismo, lo que, según ellos, limita la independencia de los jueces electos. Asimismo, señalaron que la baja participación es un reflejo del desencanto de la ciudadanía con el sistema electoral del país.
El 46% de participación en estas elecciones refleja un interés parcial de la ciudadanía. Algunos expertos atribuyen esta cifra al desconocimiento de la figura de los jueces de paz, mientras que otros consideran que es un indicador del cansancio generalizado de la población ante los procesos electorales en un contexto de polarización y crisis.
Según la socióloga Carmen Pérez, la figura del juez de paz puede jugar un papel importante en las comunidades si se garantiza su independencia. Sin embargo, también advirtió que el control político podría desvirtuar su propósito. «Los jueces de paz pueden ser un puente para resolver conflictos locales de manera más efectiva, pero necesitan autonomía real para no ser percibidos como una extensión del poder político», afirmó.
El proceso de elecciones de jueces de paz en Venezuela pone sobre la mesa debates clave sobre el sistema de justicia y la participación ciudadana en el país. Aunque el gobierno celebra estos comicios como un triunfo del modelo socialista y comunitario, la oposición y los analistas advierten que los verdaderos problemas de la justicia venezolana, como la politización y la corrupción, siguen sin resolverse.
En un momento de fragilidad institucional y creciente desconfianza en las estructuras del Estado, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de las nuevas autoridades para operar de manera independiente y al servicio de las comunidades. Las elecciones de jueces de paz, más allá de su significado inmediato, reflejan un intento de reconectar al pueblo con las instituciones, aunque su impacto real aún está por definirse.
