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El presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública con una dura acusación contra el gobierno del Perú: según él, Lima ha violado el histórico Protocolo de Río de Janeiro al apropiarse unilateralmente de islas del Amazonas que estarían dentro del territorio colombiano, poniendo en riesgo la soberanía sobre Leticia. En su pronunciamiento, Petro argumenta que el Perú no solo habría quebrado los acuerdos internacionales de límites firmados en 1934, sino que además habría legislado sobre dichos territorios al crear un nuevo distrito con capital en una isla fluvial cuya posesión es discutida. Este gesto, que llega en medio de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, fue acompañado por una crítica directa al posible impacto comercial y geopolítico de esta medida para el sur colombiano.
La controversia estalló tras la promulgación en Perú de la Ley N.º 32403, que establece el nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto y lo ubica sobre una isla fluvial —la misma que Petro considera como parte del territorio colombiano según los tratados históricos. Esta jugada legal reaviva viejas heridas fronterizas en la Amazonía y plantea nuevos retos para la diplomacia binacional, pues se introduce un elemento simbólico y estratégico en disputa. En el fondo, este tipo de disputas revela cómo incluso acciones administrativas pueden activar escenarios de alta sensibilidad política, donde lo territorial y lo simbólico se cruzan con dinámicas de poder.
El presidente Gustavo Petro publicó hoy, 5 de agosto, un mensaje en X en el que explicó que el traslado de la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia no fue por bloqueos internos, sino para reafirmar la soberanía nacional. Acusó al Perú de ocupar territorio colombiano al apropiarse de islas al norte del cauce principal del Amazonas, lo que violaría el Protocolo de Río de Janeiro. Según Petro, el gobierno peruano creó un municipio con capital en una de esas islas, lo que podría aislar a Leticia de su conexión fluvial y debilitar su papel como puerto amazónico.
Petro afirmó que Colombia agotará primero los canales diplomáticos, aunque no descarta otras medidas. Su denuncia no solo plantea una disputa territorial, sino que abre un frente simbólico donde la frontera amazónica se convierte en escenario de defensa nacional. En este tipo de conflictos, el discurso funciona como arma estratégica, dirigido tanto al público interno como internacional. Proyectar una imagen política firme en estos escenarios exige dominio del tiempo, tono y narrativa, como en toda oratoria política aplicada a contextos de tensión.
El detonante de las declaraciones de Petro fue la Ley N.º 32403, aprobada por el Congreso peruano y publicada el 3 de julio de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto con capital en una isla fluvial frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Para Colombia, esa isla está al norte del cauce principal del Amazonas, lo que la ubicaría dentro de su jurisdicción según los tratados vigentes.
Lo delicado no es solo la creación del distrito, sino su naturaleza unilateral: la ley delimita coordenadas, impone límites oficiales y establece autoridades locales. No hay acuerdo binacional sobre el estatus de esa isla, formada tras la firma de los tratados. Para Bogotá, esto constituye una ocupación legalizada que podría considerarse una forma de lawfare fronterizo. Si bien podría resolverse mediante arbitraje, hoy no existe voluntad mutua ni judicialización del conflicto, lo que agrava el riesgo de precedentes en disputas regionales.
La Isla Santa Rosa se ubica en un punto estratégico del Amazonas, frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), en la conocida triple frontera amazónica. Es una isla fluvial surgida por la dinámica del río, no contemplada en los tratados de 1922 y 1934. Su aparición y urbanización son posteriores, fruto del arrastre y sedimentación típicos de la región. Desde hace décadas, Perú ocupa la isla y asentó el pueblo de Santa Rosa, aunque sin una delimitación reconocida por Colombia.
Para Bogotá, la isla está al norte del cauce más profundo, lo que —según el Protocolo de Río— la haría territorio colombiano. El Perú ha ejercido un control efectivo pero sin consenso jurídico. Esa ambigüedad fue tolerada, pero la reciente ley que institucionaliza su administración distrital ha generado alarma en Colombia. En conflictos limítrofes, el control práctico puede tener mayor impacto simbólico que el trazo legal, especialmente en zonas donde la pertenencia nacional se define también por presencia cotidiana del Estado. Esta estrategia de ocupación progresiva, sin confrontación directa, puede alterar el equilibrio regional sin usar la fuerza.
La disputa territorial entre Colombia y Perú en la zona del Amazonas tiene raíces profundas. En 1922, ambos países firmaron el Tratado Salomón–Lozano, un acuerdo que buscaba resolver de forma definitiva sus diferencias limítrofes heredadas de la etapa republicana y colonial. El tratado cedía a Colombia el control del llamado Trapecio Amazónico, garantizándole acceso directo al río Amazonas a través de la ciudad de Leticia. Para Perú, fue una cesión dolorosa y rechazada por amplios sectores sociales, militares y políticos. El conflicto se mantuvo latente hasta que, en 1932, un grupo de civiles peruanos ocupó la ciudad de Leticia, dando inicio a una guerra breve pero intensa entre los dos países.
El conflicto armado concluyó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1934, tras la mediación de la Sociedad de Naciones (antigua ONU). Este documento ratificó el tratado original y fijó la frontera fluvial en el cauce más profundo del Amazonas, una fórmula común en derecho internacional fluvial para definir soberanía en ríos navegables. También estableció que cualquier desavenencia futura debía resolverse mediante mecanismos bilaterales y pacíficos. Sin embargo, el protocolo no contempló qué ocurriría si surgían nuevas formaciones territoriales, como islas emergentes por cambios del curso del río, un escenario natural en la Amazonía que hoy genera incertidumbre jurídica.
Durante años, la convivencia en la triple frontera fue estable, y aunque Perú ocupó la Isla Santa Rosa de forma continua, Colombia no cuestionó oficialmente esa presencia hasta hace poco, quizás para evitar tensiones diplomáticas. Pero la reciente ley que formaliza esa ocupación con rango distrital ha sido vista en Bogotá como una ruptura del equilibrio tácito. En disputas territoriales, no solo importan los mapas, sino también los símbolos y la presencia estatal, ya que decisiones administrativas pueden escalar si se perciben como provocaciones. Esta lógica, donde la legalidad se cruza con la percepción de amenaza, forma parte del análisis de inteligencia estratégica en zonas fronterizas sensibles.
Hasta el momento, el gobierno del Perú no ha emitido una respuesta oficial pública frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, ni se ha referido directamente a la acusación de violación del Protocolo de Río de Janeiro. Sin embargo, la Cancillería peruana ya había enfrentado episodios previos de tensión con Colombia, particularmente entre 2022 y 2023, cuando Petro expresó apoyo al expresidente Pedro Castillo y criticó duramente a Dina Boluarte. En aquel entonces, el Congreso peruano llegó a declarar a Petro como persona non grata, y la Cancillería calificó sus declaraciones como inaceptables e intervencionistas. Este antecedente agrega un matiz complejo al contexto actual, pues cualquier nueva escalada podría reactivar hostilidades diplomáticas suspendidas, pero no resueltas.
Ningún organismo internacional se ha pronunciado aún sobre el reclamo limítrofe en el Amazonas. Ni la OEA ni UNASUR han emitido alertas, lo que indica que el conflicto sigue en un plano bilateral sin judicialización ni arbitraje. Si el impasse continúa, Colombia podría acudir a instancias multilaterales o a la Corte Internacional de Justicia, como en disputas pasadas. En escenarios donde la presión no se ejerce por vías formales, los gobiernos recurren a narrativas públicas y construcción de imagen internacional. Esa dimensión simbólica de la política exterior exige equipos estratégicos capaces de gestionar el conflicto en el plano discursivo y diplomático.
La preocupación de Petro no es solo simbólica. Estudios recientes advierten que el cauce del Amazonas se está desviando hacia el lado peruano, y solo el 19,5 % del caudal llega actualmente al puerto de Leticia. El resto fluye por canales secundarios, incluyendo el brazo que bordea la Isla Santa Rosa, controlada por Perú. Este cambio natural, impulsado por sedimentación, deforestación y cambio climático, amenaza la operatividad logística y económica de Leticia, especialmente si se consolida una administración fluvial alternativa desde el lado peruano.
La creación del distrito peruano de Santa Rosa institucionaliza el control sobre una zona clave del río, y si se consolida infraestructura logística o militar, Leticia podría ser desplazada como nodo estratégico en la cuenca amazónica. Este tipo de avance forma parte de una asimetría de control operativo, donde se gana terreno sin fuerza militar, sino mediante condiciones prácticas. Comprender estas dinámicas es crucial para evitar desventajas estructurales en zonas de frontera. En estos casos, el análisis de riesgos combinados —naturales, territoriales y estratégicos— resulta esencial para proteger activos logísticos como puertos o rutas binacionales.
El gobierno colombiano, en voz de su presidente, ha señalado que agotará primero los pasos diplomáticos para resolver la controversia. Esto sugiere que Bogotá intentará activar los canales bilaterales establecidos en el Protocolo de Río de Janeiro, que contempla la resolución pacífica de desavenencias limítrofes. Una primera opción sería la emisión de una nota diplomática de protesta y la solicitud de una comisión binacional técnico-jurídica que evalúe la situación de la isla Santa Rosa. Este tipo de mesas de diálogo son comunes en disputas territoriales fluviales, y permiten a las partes ganar tiempo, recolectar evidencia geográfica y contener tensiones mientras se negocia una salida.
Si el diálogo bilateral fracasa, Colombia podría acudir al arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque eso exige acuerdo mutuo, criterios técnicos y tiempo. Casos previos, como el litigio con Nicaragua, muestran que los fallos son jurídicamente vinculantes pero políticamente complejos. Por eso, la respuesta no puede ser solo legal: lo que Colombia haga ahora, en el terreno y a nivel internacional, será clave para sostener su posición. Un conflicto territorial mal gestionado puede afectar su credibilidad y debilitar su capacidad de disuasión en futuros escenarios.
Lo ocurrido con la Isla Santa Rosa no es un simple desacuerdo cartográfico: es un episodio cargado de símbolos, memoria, poder y afirmación estatal. Para Gustavo Petro, trasladar la ceremonia de la Batalla de Boyacá a Leticia no fue un gesto improvisado, sino una puesta en escena política con mensaje geopolítico, donde se articula historia, defensa de soberanía y reclamo frente a un acto que considera expansionista. En esa línea, la isla se convierte en algo más que tierra: es una narrativa nacional disputada, un recordatorio de los límites del derecho internacional cuando se confronta con decisiones unilaterales respaldadas por hechos consumados.
Desde Perú, la Ley N.º 32403 pudo verse como un acto soberano sin intención geopolítica, pero en el plano internacional, las leyes también comunican poder. En zonas sensibles como la Amazonía, decisiones administrativas pueden ser detonantes, ya que la geografía cambia y las fronteras fluviales son frágiles. La diplomacia debe leer más allá del texto: una ley puede ser tan disruptiva como un movimiento militar si altera la percepción territorial. En estos escenarios, el poder se ejerce no solo con fuerza, sino con narrativa, ocupación simbólica y gestión estratégica del territorio.
