En diciembre de 2024, el Congreso del Perú quedó envuelto en un escándalo que ha conmocionado al país, tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Este trágico suceso no solo puso en evidencia una presunta red de prostitución operando dentro del Congreso, sino que también desató una serie de acusaciones que han sacudido los cimientos de la política nacional.
El asesinato de Andrea Vidal ocurrió el 17 de diciembre en el distrito de La Victoria, Lima. Vidal fue atacada por sicarios mientras se desplazaba en un taxi, recibiendo múltiples disparos que la dejaron en estado crítico hasta su fallecimiento una semana después. Según las autoridades, Vidal era una testigo clave que planeaba colaborar con las investigaciones, lo que habría motivado el atentado. Su excolega, quien solicitó anonimato por seguridad, afirmó: «Andrea sabía demasiado. Su muerte no puede ser una coincidencia».
Este asesinato expuso la existencia de una presunta red de prostitución liderada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Según testimonios recogidos por medios locales, Torres Saravia presentaba a mujeres como secretarias para ofrecer servicios sexuales a congresistas, incluidas figuras de alto rango como el presidente del Congreso, Alejandro Soto. «Estas prácticas no solo son inaceptables, sino que ponen en entredicho la moral de quienes deberían velar por la democracia», declaró el congresista Juan Burgos, quien lidera la Comisión de Fiscalización.
Torres Saravia, señalado también por una denuncia de violación en 2020, ha sido identificado como el principal sospechoso en el caso. Aunque aún no se han presentado cargos formales, el congresista Burgos asegura que la red podría haber sido utilizada como un mecanismo para obtener votos en decisiones legislativas clave. «Hay indicios claros de un sistema donde se intercambiaba sexo por favores políticos. Esto no puede quedar impune», añadió Burgos.
La respuesta del Congreso ha sido mixta. Mientras que algunos congresistas han respaldado las investigaciones, otros han negado cualquier conocimiento sobre Torres Saravia y han calificado las acusaciones como un intento de desprestigio. Alianza Para el Progreso (APP), partido al que se vinculó indirectamente a Torres Saravia, negó cualquier conexión con él. «Rechazamos categóricamente estas acusaciones infundadas que buscan dañar la imagen del Parlamento», expresó un portavoz del partido.
El caso ha desatado una ola de indignación pública en un contexto donde el Congreso ya enfrenta niveles históricamente bajos de aprobación. Analistas señalan que este escándalo podría tener consecuencias profundas para la política peruana. «La ciudadanía exige no solo justicia por Andrea Vidal, sino también una limpieza profunda de las instituciones», indicó Mariana Flores, experta en gobernabilidad.
El asesinato de Vidal y las denuncias sobre esta red de prostitución representan un desafío significativo para la democracia en el Perú. Las investigaciones en curso no solo buscan esclarecer la verdad, sino también restaurar la confianza en una institución esencial para el sistema democrático del país
Un comentario
Es muy díficil la situación por la cual está pasando nuestro congreso, después de muchas reformas dictaminados con nombre propio nos despide este año con una red de prostitucion . Eso sucede por lo nefasto que son los padres de la patria, eso sucede porque cualquiera con plata puede ser congresista, no hay un filtro para ser congresista, mientras eso no cambie seguiremos en lo mismo, que vivan los Mamani y todos OS impresentables del congreso, perdón por decir que vivan 😀quise decir que vivos.