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En el capítulo anterior, nos adentramos en el intrigante mundo de los lobbies. Exploramos su origen, sus diversos tipos y algunos ejemplos que muestran cómo estos grupos de presión se mueven entre las sombras para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la influencia de estos actores no se limita a acciones aisladas; su impacto se magnifica cuando logran infiltrarse en una de las funciones más poderosas del Estado: El legislativo y su facultad de creación de leyes.
Los parlamentos se convierten en el epicentro de una lucha silenciosa donde los intereses privados y el bien común se enfrentan constantemente. Aquí, los lobbies despliegan toda su estrategia, moldeando el marco normativo que regula nuestras sociedades y, en muchos casos, favoreciendo sus propios intereses a expensas de los ciudadanos.
Los grupos de presión no se limitan a influir en las leyes existentes. A menudo, van más allá y buscan directamente participar en la redacción de nuevas normativas o persuadir para evitar que se promulguen otras. Ya sea ofreciendo asesoramiento a legisladores, presentando textos previamente elaborados que muestren datos sobre los efectos negativos de las nuevas leyes, estos actores se convierten en arquitectos de políticas que sirven a intereses privados, como de destructores cuando esas normativas no son favorables.
Un ejemplo notable es el del lobby farmacéutico en Estados Unidos, uno de los más poderosos y activos. Este sector utiliza su influencia para bloquear iniciativas que podrían perjudicar sus beneficios, como la regulación de precios de medicamentos. Durante el proceso de aprobación del Obamacare, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el lobby farmacéutico movilizó millones de dólares para evitar su promulgación. Según el medio ABC, este periodo marcó un récord en el gasto de cabildeo, dejando en claro que, cuando se trata de proteger sus intereses, estos grupos no escatiman recursos.
Otra herramienta clave de los lobbies es el financiamiento de campañas políticas. En muchos países, esta práctica es perfectamente legal, lo que permite a las empresas aportar grandes cantidades de dinero siempre que sigan las reglas establecidas, pero no por ello deja de ser controversial. Cuando una empresa o sector económico aporta grandes sumas de dinero a un político, surge una expectativa implícita: que el beneficiado corresponda con decisiones legislativas favorables a quienes lo financiaron.
El caso de Citizens United v. FEC en 2010, que también comentamos en el capítulo 6 de la serie El Rol del Poder Judicial en la Política, marcó un antes y un después en Estados Unidos. Este fallo del Tribunal Supremo permitió a corporaciones y sindicatos gastar cantidades ilimitadas en campañas políticas, siempre que lo hicieran de manera independiente. Desde entonces, el dinero corporativo ha inundado la política estadounidense, fortaleciendo aún más el poder de los lobbies empresariales. Sectores como el farmacéutico, tecnológico y energético comenzaron a invertir millones de dólares para garantizar su influencia en el Poder Legislativo.
La estrategia de los lobbies no siempre es tan evidente. En muchos casos, su influencia se esconde detrás de organizaciones intermediarias, como fundaciones o think tanks, es decir, centros que proporcionan asesoría e ideas sobre problemas políticos o económicos. Estas entidades se presentan como laboratorios de ideas independientes, pero en realidad, algunas llegan a estar financiadas por sectores económicos que buscan influir en los legisladores.
Un ejemplo ilustrativo es el lobby de los recursos naturales. Las grandes compañías petroleras han financiado estudios y campañas a través de think tanks que se oponen a regulaciones medioambientales estrictas utilizando datos que favorecen su causa. Estas organizaciones producen informes aparentemente imparciales que respaldan las posturas de las corporaciones que las financian.
La consultora IHS-CERA es un caso emblemático. Según reporta El Confidencial, esta entidad publicó un estudio que aseguraba que la explotación de nuevos yacimientos de petróleo mejoraría significativamente los ingresos de los estadounidenses. Sin embargo, dicho estudio había sido financiado por empresas de la Alianza Estadounidense de Gas Natural, un claro ejemplo de cómo los datos pueden manipularse para influir en el debate legislativo.
La capacidad de los lobbies para influir en el Poder Legislativo plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto estas prácticas son compatibles con la democracia? Si bien estos grupos argumentan que representan intereses legítimos, su poder desproporcionado pone en riesgo la equidad del sistema legislativo, transformando la política en un juego donde los recursos económicos deciden quién tiene voz y quién no. Si quieres aprender a como, de manera práctica y didáctica, se potencian y maximizan el empleo de los Lobbies y los movimientos sociales en las campañas electorales te recomendamos nuestro e-book.
En el siguiente capítulo, responderemos a la pregunta: ¿Es el lobby una corrupción legalizada? Nos sumergiremos en aquella discusión de la delgada línea donde está el lobby y sobre cómo los grupos de presión pueden operar en estos límites.
