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El término lawfare ha ganado relevancia en los últimos años, describiendo el uso de herramientas legales con fines políticos o estratégicos. En Rumania, el caso de Călin Georgescu ha generado un debate intenso sobre si la justicia está siendo instrumentalizada para eliminar adversarios políticos. ¿Es Rumanía otro escenario donde se practica el lawfare?
Recordemos que el Lawfare es una estrategia de conflicto moderno que reemplaza las armas por procesos judiciales, utilizando la legalidad para deslegitimar y neutralizar adversarios sin recurrir a la violencia. Como lo explican Qiao Liang y Wang Xiangsui en Guerra Irrestricta, las guerras del siglo XXI trascienden lo militar e incorporan herramientas económicas, tecnológicas y legales para consolidar el poder. Si quieres explorar más sobre este tema, te recomendamos nuestro artículo que aborda distintos casos en América Latina.
Como mencionamos, el lawfare utiliza el sistema judicial como un arma para desacreditar, debilitar o eliminar figuras políticas. Ha sido un fenómeno recurrente en países como Brasil, Argentina y Ecuador, donde los procesos judiciales han tenido un impacto decisivo en el escenario político, y tras posteriores investigaciones, se encontraron irregularidades en los juicios.
En el caso de Brasil, por ejemplo, ocurrió en su momento con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En 2017, fue condenado por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, lo que le impidió competir en las elecciones de 2018. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema anuló las condenas al considerar que hubo falta de jurisdicción y parcialidad en el proceso, evidenciando cómo el uso estratégico del aparato judicial puede alterar el rumbo político de una nación. Ahora, analizaremos si en Rumania ocurre un hecho similar con el caso de Călin Georgescu.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Rumania quedó bajo la órbita de la Unión Soviética y se convirtió en un estado comunista en 1947. Durante décadas, el país fue gobernado por Nicolae Ceaușescu, quien asumió el poder en 1965. Aunque intentó distanciarse de Moscú en política exterior, su régimen interno se caracterizó por un culto a la personalidad y por políticas económicas que no dieron los resultados esperados. La crisis económica y la creciente insatisfacción popular llevaron a protestas masivas en diciembre de 1989, culminando en la caída y ejecución de Ceaușescu, marcando así el fin del comunismo en Rumania.
Tras la Revolución de 1989, Rumania transitó hacia la democracia y una economía de mercado. En 2004 ingresó a la OTAN y en 2007 a la Unión Europea, consolidando su alineación con Occidente. No obstante, la transición estuvo marcada por inestabilidad política, corrupción sistémica y una desconfianza creciente en las instituciones. A lo largo de los años, múltiples crisis de gobierno y denuncias de interferencias políticas en el sistema judicial erosionaron la confianza pública, alimentando un clima de descontento que se agravó con protestas masivas en 2017 y 2018 contra intentos de debilitar la lucha anticorrupción.
Desde 2018, Rumania ha experimentado un auge de movimientos ultranacionalistas impulsados por el rechazo a la élite política tradicional, el escepticismo hacia la UE y una retórica antiinmigrante y prorrusa. El desencanto con la clase política ha facilitado el ascenso de figuras populistas que promueven una narrativa soberanista y antiglobalista. En este contexto, Călin Georgescu ha emergido como un líder de esta nueva corriente, canalizando el malestar popular y desafiando el orden político establecido.
Nacido en 1962, Călin Georgescu es un agrónomo que decidió envolverse en la política rumana. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Medio Ambiente de Rumania durante la década de 1990 y ha trabajado en el ámbito del desarrollo sostenible, incluyendo roles como director ejecutivo del Centro Nacional para el Desarrollo Sostenible y presidente del Centro Europeo de Investigación del Club de Roma entre 2013 y 2015. Su incursión en la política se intensificó en 2024 cuando, como candidato independiente, participó en las elecciones presidenciales, promoviendo una agenda nacionalista y, considerado por muchos medios, de prorrusa, lo que atrajo a sectores descontentos con la clase política tradicional.
Antes de continuar, tengamos en cuenta que Rumania ha sido señalada por organismos internacionales de que su sistema judicial ha estado politizado, sirviendo como arma de persecución. Aunque en los últimos años este fenómeno ha disminuido según informes recientes, el caso de Georgescu se convierte en una prueba determinante para la democracia rumana.
En noviembre de 2024, Călin Georgescu, sorprendió al electorado rumano al obtener la mayoría de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con un 23% de los votos. Su campaña se destacó por un fuerte uso de TikTok, plataforma en la que se difundieron mensajes nacionalistas y de búsqueda de apoyo de Rusia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló estos resultados en diciembre, alegando injerencia extranjera, específicamente ataques cibernéticos y campañas de desinformación vinculadas a Rusia que habrían beneficiado a Georgescu.
Posteriormente, el 26 de febrero de 2025, las autoridades rumanas detuvieron a Călin Georgescu en medio de una investigación criminal. Curiosamente, el arresto de Georgescu se produjo mientras se dirigía a presentar su nueva candidatura para las elecciones presidenciales reprogramadas para mayo de 2025. Se le acusó de varios cargos, incluyendo incitación contra el orden constitucional, difusión de información falsa y promoción de una organización antisemita. Además, las investigaciones revelaron posibles irregularidades en la financiación de su campaña y vínculos con actores políticos extranjeros. Georgescu negó las acusaciones, calificándolas de intentos deliberados para bloquear su candidatura.
Pero la historia no acaba acá. Durante los registros, la policía encontró en la residencia de su colaborador, Horatiu Potra, un arsenal que incluía 25 kilos de oro, más de 3,3 millones de dólares en efectivo, 51 granadas, dos lanzagranadas y alrededor de 30 armas de fuego. Estas revelaciones han intensificado el debate sobre la posible instrumentalización del sistema judicial con fines políticos y la verdadera independencia de las instituciones rumanas, ya que todo esto se está destapando en un contexto de de alta tensión política que afecta directamente a Georgescu.
El caso de Călin Georgescu expone una compleja intersección entre justicia y política en Rumania. Su ascenso como líder de un movimiento nacionalista y su inesperada victoria en la primera vuelta presidencial lo convirtieron en un blanco de controversia. La anulación de los resultados electorales, seguida de su detención y la incautación de un arsenal en la residencia de su colaborador, han avivado la sospecha de que las instituciones judiciales podrían estar siendo utilizadas con fines políticos. Mientras algunos ven en estas acciones una respuesta justificada a posibles amenazas a la estabilidad del país, otros las interpretan como una estrategia deliberada para impedir la llegada de un outsider al poder.
Con la información recopilada hasta ahora, este episodio se suma a una serie de eventos internacionales en los que apuntaría a que el lawfare ha sido empleado como herramienta de control político, pero para no dar conclusiones apresuradas, iremos actualizando conforme haya más información. La instrumentalización del sistema judicial no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también redefine las reglas del juego democrático. En este sentido, el caso de Georgescu es una prueba clave para la salud democrática de Rumania y su posición en la comunidad internacional. Si quieres profundizar más sobre el lawfare, aprender a utilizarlo y identificarlo adquiere nuestro libro: «Lawfare: Guerra Jurídica en la Política».
