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Bolivia llega a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 sumida en una crisis política y económica sin precedentes. La inflación descontrolada, la falta de combustibles y la caída de reservas marcan un escenario donde la población busca un nuevo rumbo. A pocos días de los comicios, el presidente Luis Arce tomó la decisión de reconfigurar el mando militar, lo que añade un factor de tensión a un proceso ya cargado de incertidumbre.
El escenario no solo es de confrontación electoral, sino también de fractura interna del oficialismo y de división en la oposición, factores que generan un ambiente de desconfianza. En medio de la guerra discursiva, se despliegan estrategias de desinformación digital que buscan manipular percepciones, un terreno que recuerda a las operaciones psicológicas propias de las campañas más agresivas.
El país enfrenta una de sus peores coyunturas: inflación superior al 24 %, reservas internacionales en mínimos históricos y una escasez de combustibles que golpea a las familias y al aparato productivo. En este contexto, los comicios no son percibidos solo como una elección más, sino como una encrucijada para la estabilidad nacional. La ciudadanía llega con desconfianza hacia las instituciones, mientras crece el desencanto de los jóvenes que representan cerca del 40 % del padrón electoral.
El clima electoral se vuelve aún más incierto cuando la narrativa política intenta culpar a enemigos externos, o a la oposición, de la crisis interna. Este tipo de discursos, cargados de confrontación, suelen ser parte de estrategias de campaña electoral que buscan polarizar para fidelizar a los votantes más radicales, aun a costa de debilitar los consensos sociales.
El 15 de agosto de 2025, apenas dos días antes de las elecciones, Luis Arce sorprendió al país al cambiar el alto mando militar. Nombró al contralmirante Gustavo Aníbarro como comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas y al general Sherman Sempertegui como jefe del Estado Mayor. El discurso presidencial fue claro: asegurar la estabilidad democrática y dar una señal de fortaleza institucional en la recta final del proceso electoral.
Sin embargo, la oposición interpretó el movimiento como un acto político de control en un momento crítico. La cercanía entre poder civil y militar en medio de una elección siempre genera sospechas, y en Bolivia resuena el recuerdo de anteriores intentos de golpe y maniobras de presión. En este escenario, la capacidad de inteligencia y contrainteligencia se vuelve crucial para anticipar amenazas, prevenir desestabilización y garantizar que la crisis no escale más allá de lo electoral.
El Movimiento al Socialismo (MAS), que durante años fue un bloque hegemónico, llega dividido a los comicios. Por un lado, Luis Arce busca mantener el control institucional del aparato estatal; por otro, Evo Morales —inhabilitado para postular— llama abiertamente al voto nulo, debilitando a su propio partido. La figura emergente es Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, que intenta encarnar una tercera vía dentro del oficialismo.
Esta fractura no es solo electoral, sino también estratégica. Morales apela a su liderazgo histórico, Arce responde con el manejo del aparato gubernamental, y Rodríguez emerge como una generación intermedia. El resultado es un choque de narrativas políticas donde cada facción busca imponer su relato y deslegitimar al rival. En esta lucha, se despliegan mecanismos de persuasión que recuerdan a la importancia de la oratoria política como herramienta para mantener cohesión y proyectar liderazgo en momentos de ruptura.
Lo que pudo ser una alternativa sólida frente al MAS terminó en fragmentación. El llamado “Bloque Unido de Oposición”, que reunió a Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa, se quebró en cuestión de semanas. Quiroga lanzó su propia alianza, LIBRE, con un discurso liberal-conservador, mientras que Manfred Reyes Villa decidió apostar por su agrupación regional Súmate. Esta dispersión refleja la incapacidad de la oposición para construir una estrategia conjunta capaz de capitalizar el descontento social.
Cada candidato busca instalar su propia narrativa, pero sin un war room coordinado que unifique mensajes, tácticas y reacción rápida frente a los ataques del oficialismo, la oposición se debilita ante un MAS que, pese a su fractura, aún conserva maquinaria política. El resultado es un tablero donde la competencia se multiplica, pero la capacidad de disputar el poder se diluye.
La campaña electoral boliviana estuvo marcada por un tsunami de desinformación. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial, audios falsificados y publicaciones virales en redes sociales diseñadas para erosionar la credibilidad de los candidatos. Esta práctica, lejos de ser accidental, responde a un patrón de campañas negras que buscan debilitar al adversario a través del miedo, la duda y la confusión.
A la guerra digital se sumó la violencia en las calles. Desde junio se registraron enfrentamientos, con muertos y heridos en protestas vinculadas a la inhabilitación de Evo Morales. El uso de operaciones psicológicas y psicosociales en un escenario de crisis no solo afecta la campaña, sino que también erosiona la confianza ciudadana en la democracia. Ante ello, la presencia de misiones internacionales de observación, como la de la OEA y la UE, intenta aportar un mínimo de garantías al proceso.
Más que una elección presidencial, Bolivia enfrenta una definición de rumbo político. La crisis económica, la fractura del oficialismo y la debilidad de la oposición convierten estos comicios en una batalla por la supervivencia del sistema político. El futuro del litio, recurso estratégico codiciado por potencias extranjeras, está en el centro de la disputa, junto con la capacidad del Estado para mantener cohesión social en un contexto de precariedad.
La elección también pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas. El reciente cambio en el alto mando militar, las tensiones callejeras y la guerra digital son elementos que tensionan la estabilidad del país. En este escenario, la necesidad de estrategia política gubernamental se vuelve indispensable para garantizar gobernabilidad tras el 17 de agosto. Lo que se decida en las urnas no solo marcará al próximo presidente, sino que definirá si Bolivia logra salir del ciclo de crisis o se hunde aún más en la polarización.
Bolivia llega al 17 de agosto en medio de una tormenta perfecta: economía en colapso, un oficialismo fracturado y una oposición incapaz de unirse. La jugada de Arce al cambiar el mando militar a horas de la elección evidencia hasta qué punto el poder busca blindarse, aun cuando esa decisión genera más dudas que certezas.
El MAS ya no es el partido hegemónico de antes: Evo Morales convertido en opositor interno, Arce resistiendo desde el aparato estatal y Andrónico Rodríguez proyectándose como relevo. Mientras tanto, la oposición dispersa demuestra que carece de la fuerza estratégica necesaria para disputar un escenario tan complejo. En este marco, la elección no solo definirá a un nuevo presidente, sino si Bolivia logra recomponer la legitimidad democrática o si, por el contrario, se adentra en un ciclo de inestabilidad permanente.
