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El Parlamento de Corea del Sur aprobó el 14 de diciembre una moción de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol, un hecho que marca un punto de inflexión en la política del país. La moción, respaldada por 204 votos a favor y 85 en contra, fue presentada tras la polémica declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que el mandatario justificó como necesaria para “salvar la democracia” ante supuestas amenazas de desestabilización promovidas por sectores opositores.
La decisión de declarar la ley marcial fue recibida con fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Bajo esta medida, se otorgaron amplios poderes a las fuerzas militares, restringiendo derechos fundamentales como la libertad de reunión y expresión. En una conferencia de prensa previa a la declaración, Yoon afirmó:
“No podemos permitir que fuerzas antidemocráticas amenacen nuestra soberanía y el estado de derecho. Mi deber como presidente es proteger la nación.”
Sin embargo, líderes de la oposición denunciaron que esta acción no estaba respaldada por pruebas claras de una amenaza inminente. Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático de Corea, calificó la medida como un “acto autoritario que no tiene cabida en una democracia moderna”.
La declaración de la ley marcial intensificó las tensiones en la Asamblea Nacional, que rápidamente convocó sesiones extraordinarias para debatir su legalidad. Durante esas jornadas, representantes opositores subrayaron que la ley marcial se utilizó como un instrumento para concentrar poder y acallar críticas, mientras que miembros del Partido del Poder del Pueblo, que apoya a Yoon, defendieron la medida como una respuesta legítima ante un contexto de inestabilidad.
La votación en el Parlamento representa un claro desafío al liderazgo de Yoon y pone en evidencia la profunda polarización política en Corea del Sur. Según la constitución del país, el proceso de destitución suspende inmediatamente al presidente de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional evalúa la legalidad de la moción, un procedimiento que podría extenderse hasta seis meses. Durante este período, el primer ministro Han Duck-soo asumirá interinamente la jefatura del Estado.
En el debate parlamentario previo a la votación, Park Hong-geun, portavoz del Partido Democrático, declaró:
“Esta no es solo una cuestión de destituir a un presidente; se trata de restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que nunca más se abuse del poder ejecutivo de esta manera.”
Por su parte, representantes del oficialismo insistieron en que el Parlamento había actuado precipitadamente. Kim Gi-hyeon, líder del Partido del Poder del Pueblo, expresó:
“El presidente tomó una decisión difícil en un momento crítico para la nación. Este acto de destitución no solo es injusto, sino que también debilita nuestra democracia.”
La destitución de Yoon Suk-yeol ha polarizado aún más a la sociedad surcoreana. En las calles de Seúl y otras ciudades importantes, se han registrado manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo al presidente. Los ciudadanos que respaldan la moción de destitución consideran que la ley marcial fue una violación directa de sus derechos fundamentales, mientras que los simpatizantes de Yoon aseguran que actuó para proteger al país de amenazas inminentes.
La comunidad internacional también ha seguido de cerca los acontecimientos. Estados Unidos, principal aliado de Corea del Sur, emitió un comunicado expresando alivio por el levantamiento de la ley marcial y subrayando su compromiso con la estabilidad democrática en la península. Japón y la Unión Europea, por su parte, instaron a todas las partes a manejar la situación con prudencia y garantizar que el proceso de destitución se lleve a cabo dentro del marco constitucional.
La destitución de Yoon plantea preguntas importantes sobre el futuro de la democracia surcoreana y la capacidad del país para gestionar crisis políticas sin comprometer los principios democráticos. Este episodio rememora la destitución de la expresidenta Park Geun-hye en 2017, lo que subraya la recurrencia de tensiones entre el poder ejecutivo y legislativo en Corea del Sur.
Mientras el Tribunal Constitucional evalúa la moción, el gobierno interino de Han Duck-soo enfrentará el desafío de estabilizar el panorama político y garantizar que los próximos pasos se den dentro de un marco institucional transparente. La forma en que Corea del Sur maneje esta crisis será crucial para definir su credibilidad como una de las democracias más consolidadas de Asia.
