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La situación en Colombia se ha vuelto cada vez más crítica. Según el Informe del Balance Humanitario 2024 del Comité Internacional de la Cruz Roja, hubo un incremento significativo de conflictos armados internos, con más de siete u ocho focos de violencia activa. Estos conflictos involucran a varios actores principales, entre los que destacan:
• El Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que están en proceso de diálogos de paz.
• El Estado Mayor Central, una facción disidente de las FARC que sigue operando tras la desmovilización de la guerrilla en 2016.
• El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), uno de los grupos criminales más poderosos y activos en el país.
Uno de los factores que ha provocado el incremento de la violencia es la consolidación de alianzas entre estos grupos, que buscan expandir su control territorial o frenar el avance de otras organizaciones, lo que aumenta las disputas por el control de diversas regiones.
Regiones más afectadas
Según la ONU, los departamentos más impactados por la violencia son Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En estas zonas, las comunidades se enfrentan no solo a la violencia armada, sino también al desplazamiento forzado y la pérdida de sus medios de subsistencia.
La implementación de una nueva política para la pacificación
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) en 2016, Colombia ha entrado en una etapa que, aunque con tintes de esperanza, ha sido también inquietante. El acuerdo, que permitió la desmovilización de más de 13.000 combatientes de las FARC, ha sido clave para sacar las armas de la política, pero no ha logrado poner fin a la violencia de otros grupos armados.
En los últimos cuatro años, ha aumentado significativamente la presencia y actividad de grupos armados en el país. Por ejemplo, la influencia de las Autodefensas Gaitanistas pasó de 213 municipios en 2019 a 392 en 2023. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, creció de 149 a 232 municipios, mientras que las facciones disidentes de las FARC, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, se expandieron de 124 a 299 municipios. En total, la presencia de grupos armados ilegales ha crecido en más de un 70% en los últimos años.
Fuentes de financiamiento y su impacto en la población civil
El aumento de la violencia está directamente relacionado con las fuentes de financiamiento de estos grupos. El narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el tráfico de migrantes son actividades que proveen recursos a los grupos armados, lo que perpetúa el conflicto y afecta gravemente a las comunidades locales.
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, resalta que «ha habido una expansión continua de estos grupos armados, y su influencia se ha acelerado en el último año». Esta expansión se ha visto favorecida por la debilidad en la presencia del Estado en muchas de las regiones más afectadas.
El desafío de los grupos post-FARC
Uno de los mayores obstáculos para la pacificación del país son los grupos disidentes de las FARC, que se negaron a acogerse al proceso de paz de 2016. Estos grupos siguen operando con la misma estructura guerrillera, aunque con nuevos nombres, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y continúan su lucha armada en diversas regiones. Estos actores son especialmente difíciles de integrar en cualquier proceso de paz debido a su rechazo al acuerdo original y su implicación en actividades criminales.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno?
El gobierno colombiano ha apostado por incrementar el gasto militar y por mantener el apoyo de Estados Unidos para desmantelar grupos como las FARC y el ELN, a los cuales se les considera organizaciones terroristas. Sin embargo, este enfoque de «militarización» ha demostrado ser insuficiente para erradicar el conflicto. La violencia continúa siendo generalizada, y la capacidad del Estado para controlar las zonas afectadas por estos grupos es limitada. Esto revela que el modelo de confrontación militar por sí solo no es suficiente, y se hace urgente una estrategia integral que combine la justicia social, el desarrollo económico y la reintegración de excombatientes.
Redacción Goberna Colombia 🇨🇴
