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En la madrugada del lunes 20 de enero, ocurrió un atentado frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, Perú. Dos explosiones, a través de un artefacto con ANFO y un vehículo, marcaron el evento que dejó conmocionado a los pobladores, quienes sintieron un inquietante giro hacia tácticas que recuerdan los días oscuros durante la época de los 80 en el país. Si bien, el ataque está atribuido a organizaciones criminales y mineros ilegales, sus formas de operar parecen adaptarse al llamado terrorismo urbano moderno, que se ha sometido a debate en el Congreso de la República.
El terrorismo urbano se refiere a actos violentos perpetrados en áreas metropolitanas con el objetivo de infundir miedo, desestabilizar instituciones y afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. A diferencia de las tácticas de antaño que solía concentrarse en zonas rurales para buscar adeptos a una causa ideológica infundiendo miedo, esta modalidad se centra en ciudades, no sigue necesariamente una ideología y aprovecha la densidad poblacional y la infraestructura crítica para maximizar su impacto. En Perú, este fenómeno ha cobrado relevancia debido al incremento de actividades delictivas en entornos urbanos, como extorsiones y atentados que buscan sembrar el caos y la inseguridad.
Para enfrentar esta amenaza, el Congreso peruano ha debatido diversas iniciativas legislativas destinadas a tipificar y sancionar el terrorismo urbano. Una de las propuestas más destacadas es la presentada por la congresista Noelia Herrera Medina, de la bancada de Renovación Popular, quien propuso sancionar con cadena perpetua los delitos de extorsión y terrorismo urbano contra personas, negocios y empresas. Además, el Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, remitió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para incorporar el delito de terrorismo urbano, estableciendo penas privativas de libertad no menores a 30 años para quienes realicen actos que generen terror o zozobra en la población
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, la aprobación y promulgación de leyes específicas sobre terrorismo urbano han enfrentado obstáculos. Diversas bancadas han manifestado posturas divergentes respecto a la tipificación de este delito, y algunos proyectos han quedado estancados en el proceso legislativo. Esta situación refleja la complejidad de alcanzar consensos en materia de seguridad y justicia, y resalta la necesidad de un debate profundo y articulado que permita dotar al Estado de herramientas legales efectivas para combatir el terrorismo urbano y proteger a la ciudadanía.
A pesar de estos intentos legislativos por mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de amenazas, otro de los puntos a tener en cuenta que envuelven al Poder Ejecutivo es la demora en la promulgación de la norma que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta medida es considerada crucial para dar herramientas a las fuerzas del orden y al Ministerio Público para actuar contra el crimen organizado.
El reciente atentado en Trujillo no solo expone el aumento de esta criminalidad en Perú, sino que también pone en evidencia un vacío legal crítico que deja en suspenso la aplicación de sus efectos legales conforme pasa el tiempo. Como bien recordemos, en su momento se decidió por inaplicar los efectos de la detención preliminar, lo que las autoridades de la Policía Nacional criticaron dichas medidas dado a las dificultades para operar. Ahora, la demora en la promulgación para reestablecerla no solo debilita la capacidad del Estado para combatir estos fenómenos, sino que también envía un preocupante mensaje de permisividad frente a la violencia organizada.
Para muchos, este retraso refleja una desconexión entre las prioridades del gobierno y las demandas urgentes de la ciudadanía. Incluso, el atentado podría ser un mensaje en contra de la promulgación de la mencionada ley dado justo al objetivo del ataque. Mientras el Congreso ha cumplido su parte al aprobar la norma, la falta de acción del Ejecutivo alimenta la percepción de un liderazgo débil e incapaz de tomar decisiones firmes en momentos críticos. Dina Boluarte enfrenta así no solo el desafío de restablecer esta herramienta legal, sino también el de recuperar la confianza de un país que demanda respuestas inmediatas ante la inseguridad creciente.
El atentado en Trujillo no solo evidencia una situación delicada en lo que respecta a seguridad ciudadana, mientras que para unos solo son organizaciones criminales, para otros es la especialización de técnicas del concepto de terrorismo urbano, lo que también demuestra las debilidades estructurales en materia de inteligencia y coordinación estatal. Si bien es cierto que la seguridad no puede descansar únicamente en cambios legislativos, dejar vacíos legales y operativos contribuye a un entorno fértil para este tipo de amenazas.
Para abordar esta crisis de forma efectiva, Perú necesita:
La falta de respuesta eficaz del gobierno no solo pone en riesgo la estabilidad interna, sino que envía un mensaje de debilidad a aquellos que buscan desestabilizar al país. Este episodio debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas contundentes antes de que el terrorismo urbano escale a niveles incontrolables.
El atentado en Trujillo es más que un ataque puntual: es un síntoma de un problema más profundo que combina fallas legislativas, debilidades en seguridad e ineficiencia gubernamental. Dina Boluarte tiene en sus manos la oportunidad de demostrar liderazgo, pero cada día que pasa sin acciones concretas, el costo en términos de seguridad y confianza ciudadana sigue aumentando.
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3 respuestas
El endurecimiento de penas y una reforma en la constitución para colocar leyes duras a personas que ejercen esos tipos de violencia son las que pueden cambiar el curso de un país
Mi ciudad acaba de recibir ataques de terrorismo urbano el pasado viernes. Tiendas de conveniencia quemados, cierre de carreteras, balaceras en varios puntos de la ciudad, tres personas fallecidoas, entré ellas, una adolescente de 15 años. Además de cuatro heridos y el terror causado en la población en general. Y el presidente municipal ni se manifestó ese día. Hasta el sábado envío su comunicado. De verdad que cada vez estamos más expuestos a estos grupos terroristas
Este ataque al local del Ministerio Publico revela el incremento de inseguridad que se vive en la región de La Libertad específicamente en la ciudad de Trujillo, es necesario establecer un plan estratégico con inteligencia y soporte logístico, es tiempo en que las autoridades tomen cartas en el asunto. Solo así podremos superar esta situación.