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El 21 de agosto de 2025, Cali vivió uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. Un camión cargado con explosivos detonó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando al menos dieciocho muertos y más de 60 heridos. El estruendo sacudió a gran parte de la ciudad, generando escenas de pánico, caos vehicular y un colapso inmediato de los servicios de emergencia. El atentado, atribuido a disidencias de las FARC, no solo puso en evidencia la fragilidad de la seguridad en el suroccidente colombiano, sino también el avance del terrorismo vinculado al narcotráfico en zonas estratégicas del país.
Más allá de la tragedia humana, el hecho tiene profundas repercusiones políticas y militares. La narrativa oficial lo enmarca como un acto de guerra no convencional, en el que se busca desestabilizar la autoridad del Estado y sembrar miedo en la población civil. Este tipo de episodios se asemejan a operaciones psicológicas calculadas, donde la violencia es el vehículo para transmitir un mensaje de poder y control. La reacción inmediata de las autoridades y la comunicación posterior se convierten en piezas claves dentro de un tablero en el que la percepción pública es tan importante como la fuerza militar desplegada.
La explosión ocurrió alrededor de las 14:50 horas, cuando un camión tipo furgón cargado con cilindros explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. La magnitud de la onda expansiva afectó a viviendas, locales comerciales y vehículos cercanos, dejando un radio de destrucción que evidenció la planificación minuciosa del ataque. Minutos después, las autoridades confirmaron el hallazgo de un segundo camión cargado con explosivos, que fue desactivado a tiempo, evitando una tragedia aún mayor.
Este tipo de acciones muestran una clara estrategia de inteligencia y contrainteligencia criminal, donde el objetivo no es únicamente causar daño físico, sino también generar desconfianza en la capacidad del Estado para prevenir ataques. El uso de vehículos adaptados para convertirse en bombas móviles se ha convertido en una táctica recurrente en conflictos asimétricos, donde grupos armados buscan superar con creatividad violenta las defensas de fuerzas regulares. La selección del objetivo militar en un área urbana revela además un mensaje político: ningún espacio está fuera de su alcance.
En un primer momento, los reportes oficiales hablaban de dos muertos y más de 30 heridos, lo que generó confusión en la opinión pública. Horas después, la cifra aumentó a cinco fallecidos y 36 heridos, según datos preliminares de la alcaldía de Cali. Finalmente, la actualización del Gobierno y organismos de socorro estableció que el ataque dejó al menos seis muertos y más de 60 heridos, incluyendo personal militar, transeúntes y habitantes de la zona. Este incremento progresivo refleja la gravedad del atentado y la dificultad de consolidar cifras en medio del caos.
Más allá de los números, el atentado dejó huellas profundas en las familias afectadas y en la comunidad caleña. Cada víctima simboliza un golpe a la confianza de la ciudadanía en la seguridad de sus propias calles. La multiplicidad de versiones en las primeras horas también forma parte de una batalla de la comunicación, donde la rapidez con que circula la información puede convertirse en un arma de doble filo. En escenarios así, la gestión del relato es tan determinante como la respuesta operativa en el terreno, ya que de ello depende la percepción de control y autoridad del Estado.
Tras conocerse el atentado, el presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico, calificando el hecho como una “reacción terrorista” contra las operaciones militares del Estado. El mandatario ordenó la militarización inmediata de Cali, reforzó la presencia de tropas en puntos estratégicos y convocó a un consejo de seguridad de emergencia. Con ello, buscó transmitir un mensaje de fortaleza institucional y evitar que la percepción de vulnerabilidad se instalara en la opinión pública nacional e internacional.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quienes brinden información sobre los responsables. Además, decretó restricciones al tránsito de vehículos pesados y un plan especial de vigilancia en la ciudad. Estas medidas reflejan el esfuerzo de la autoridad local por recuperar la iniciativa frente al miedo colectivo, en un escenario donde la gestión estratégica en crisis se convierte en un factor determinante para sostener la legitimidad política y evitar que el terror defina la agenda pública.
El ataque con camión bomba en Cali no es un hecho aislado. En los últimos meses, el suroccidente colombiano ha sido escenario de una escalada de atentados atribuidos a disidencias de las FARC, especialmente en departamentos como Cauca y Valle del Cauca. En junio de 2025, una serie de explosiones coordinadas dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos, confirmando que la región se ha convertido en un epicentro de la violencia insurgente vinculada al narcotráfico. Estos hechos, sumados al atentado en la capital vallecaucana, marcan una tendencia preocupante de recrudecimiento del conflicto.
El modus operandi de estas organizaciones combina acciones militares irregulares con tácticas de presión política. El uso de explosivos en entornos urbanos no solo busca atacar instalaciones militares, sino también enviar un mensaje claro: la capacidad del Estado para proteger a la población está en entredicho. La elección de Cali, una ciudad estratégica por su importancia económica y militar, amplifica el impacto psicológico y político de estos ataques. En este contexto, se confirma que la región está viviendo una forma de guerra híbrida, donde se combinan acciones bélicas con la manipulación del miedo social.
En términos de seguridad nacional, los atentados en Cali y alrededores revelan fallas estructurales en el sistema de inteligencia preventiva. Las organizaciones ilegales no solo ejecutan atentados, sino que también buscan consolidar control territorial mediante extorsiones, propaganda armada y la intimidación a autoridades locales. Esta dinámica reproduce patrones de guerra de guerrillas, adaptados a un contexto urbano y digital en el que la desinformación juega un papel tan corrosivo como las armas.
El atentado en Cali ha reactivado el debate sobre la capacidad del Estado colombiano para garantizar seguridad ciudadana en las principales urbes. La percepción de que ni siquiera una base militar está exenta de ser atacada incrementa la desconfianza en la población y refuerza la sensación de vulnerabilidad. En términos políticos, el golpe se traduce en presión sobre el gobierno nacional, que debe demostrar resultados inmediatos en materia de inteligencia y control territorial. El costo reputacional de la administración es elevado, pues un solo atentado logra proyectar la imagen de un Estado sitiado en su propio territorio.
A nivel regional, los efectos se extienden más allá de la tragedia inmediata. La militarización de Cali y las restricciones impuestas impactan la economía local, mientras que la ciudadanía se ve expuesta a mayores controles y limitaciones de movilidad. Estos escenarios son terreno fértil para que actores armados desplieguen narrativas que alimenten el miedo o el descontento social. El atentado, en este sentido, no solo es una acción bélica, sino también una estrategia de desestabilización política, donde la violencia es utilizada como herramienta para modificar la conducta colectiva y condicionar las decisiones de las autoridades.
El atentado en Cali representa uno de los episodios más graves de los últimos años en el conflicto colombiano. Más allá de los seis muertos y decenas de heridos, lo ocurrido deja en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones y la capacidad de los grupos ilegales para adaptarse a contextos urbanos. La detonación de un camión bomba frente a una base militar no es solo un hecho trágico, sino un símbolo del desafío que enfrenta el Estado en su lucha por recuperar el control en zonas estratégicas.
La respuesta oficial, aunque rápida y contundente, deberá trascender el plano inmediato. Este tipo de ataques exige no solo refuerzo militar, sino también una estrategia integral de seguridad e inteligencia, capaz de anticipar amenazas y neutralizarlas antes de que ocurran. La confianza ciudadana está en juego, y reconstruirla requiere algo más que presencia armada: se necesita una narrativa clara que reafirme la legitimidad del Estado y su capacidad de proteger a los colombianos frente a un enemigo que combina violencia, propaganda y crimen organizado.
