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El nacionalismo hindú, impulsado por la ideología de Hindutva, ha transformado el panorama político y social de la India en las últimas décadas. Aunque se presenta como un proyecto de unidad cultural, en la práctica ha derivado en un patrón de exclusión hacia comunidades musulmanas, cristianas y otras minorías. El conflicto no es nuevo, pero su intensidad reciente responde a la combinación de políticas estatales, movilizaciones masivas y discursos polarizantes que han penetrado en todos los niveles de la vida pública.
Comprender este fenómeno implica mirar más allá de los titulares y examinar cómo se ha construido una narrativa nacionalista que redefine quién pertenece y quién queda fuera. Este tipo de narrativas no solo polarizan a la sociedad, sino que crean espacios de legitimación para acciones coercitivas y de presión social. En contextos así, el control de la información y la capacidad de influir en el relato público son determinantes, del mismo modo que ocurre en escenarios donde las operaciones psicológicas buscan moldear percepciones y emociones colectivas.
El nacionalismo hindú como proyecto político encuentra su raíz en el concepto de Hindutva, formulado por Vinayak Damodar Savarkar en 1923. Savarkar definía la identidad nacional no solo en términos de religión, sino como una síntesis de cultura, territorio y sangre, lo que dejaba fuera a comunidades que no compartieran ese origen ancestral hindú. Décadas más tarde, M.S. Golwalkar reforzaría esta visión, planteando que la India debía ser un Estado homogéneo, cultural y religiosamente. Estas ideas, desarrolladas en un contexto de lucha contra el colonialismo británico, sentaron las bases para una política de exclusión que se institucionalizaría en el tiempo.
A diferencia del hinduismo como tradición religiosa plural y diversa, el Hindutva es un programa de acción política que instrumentaliza la religión para crear cohesión identitaria. Esta instrumentalización se ha apoyado en estrategias de comunicación táctica que buscan presentar la homogeneidad cultural como sinónimo de seguridad nacional. Al igual que en otras latitudes, cuando se articulan discursos que apelan a la amenaza externa o interna, el resultado suele ser la consolidación de una base política férrea y difícil de disolver.
El Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) es el núcleo ideológico y organizativo del nacionalismo hindú. Fundado en 1925, ha funcionado como una red de adoctrinamiento y movilización que forma cuadros comprometidos con la visión de Hindutva. A su alrededor se ha tejido una constelación conocida como Sangh Parivar, que incluye al partido político Bharatiya Janata Party (BJP), organizaciones religiosas como el Vishwa Hindu Parishad (VHP) y grupos juveniles como el Bajrang Dal. Cada actor cumple un rol específico: el RSS como formador, el BJP como brazo político y otros como motores de acción directa en la calle.
La coordinación entre estos actores no es improvisada: responde a un diseño estratégico que asegura presencia en el ámbito político, cultural y social. En esta lógica, el “centro de operaciones” no está en un solo lugar, sino disperso en múltiples frentes, capaz de responder y movilizar recursos rápidamente. Este tipo de estructura descentralizada pero disciplinada recuerda al funcionamiento de un war room político, donde la planificación, la segmentación de audiencias y la sincronización de mensajes son esenciales para lograr impacto a gran escala.
Uno de los episodios más recordados es la demolición de la Babri Masjid en Ayodhya en 1992, cuando una multitud convocada por organizaciones del Hindutva destruyó la mezquita alegando que estaba construida sobre el lugar de nacimiento del dios Rama. Este hecho desató oleadas de violencia intercomunitaria que dejaron miles de muertos y heridos, consolidando un clima de desconfianza y hostilidad. Ayodhya se convirtió en un símbolo de la capacidad del nacionalismo hindú para movilizar emociones religiosas y canalizarlas hacia fines políticos.
Otro hito fue la violencia de Gujarat en 2002, tras el incendio de un tren en Godhra, donde murieron peregrinos hindúes. Los disturbios posteriores provocaron masacres y desplazamientos masivos de musulmanes, con denuncias de complicidad y pasividad estatal. Estos eventos muestran cómo la manipulación de crisis puede reforzar narrativas nacionalistas y legitimar represalias en nombre de la mayoría. En este tipo de escenarios, la gestión estratégica de la crisis se convierte en una herramienta para capitalizar políticamente el miedo y la indignación.
Entre las medidas más controvertidas destaca la Citizenship Amendment Act (CAA), aprobada en 2019, que otorga ciudadanía a migrantes de países vecinos siempre que no sean musulmanes. Su implementación se complementa con el National Register of Citizens (NRC), que en Assam dejó fuera a casi dos millones de personas, muchas de ellas musulmanas, sumiéndolas en un limbo legal. Estas disposiciones crean un marco jurídico diferenciado que privilegia a la mayoría religiosa y debilita el principio constitucional de igualdad.
A ello se suman las leyes anti-conversión aprobadas en varios estados, que bajo el pretexto de evitar conversiones forzadas restringen matrimonios y cambios de fe, afectando de forma desproporcionada a minorías cristianas y musulmanas. También los Códigos Civiles Uniformes (UCC), como el adoptado en Uttarakhand, que unifican leyes personales y eliminan disposiciones religiosas propias de cada comunidad. En conjunto, estas normas reflejan un uso estratégico del derecho para reconfigurar el orden social, una táctica que en política se conoce como lawfare, donde las leyes se convierten en herramientas de lucha ideológica.
La comunidad musulmana, que representa aproximadamente el 14% de la población india, enfrenta una combinación de discriminación estructural, violencia física y exclusión política. En muchas regiones, los musulmanes han visto limitado su acceso a empleos públicos, vivienda y educación debido a prejuicios institucionalizados. Además, la vigilancia policial y las detenciones preventivas suelen dirigirse de forma desproporcionada hacia esta comunidad, reforzando un sentimiento de inseguridad y marginalidad.
Otras minorías como cristianos, sijs y budistas también han experimentado un incremento en los ataques a templos, escuelas y líderes comunitarios. Estas agresiones no siempre se limitan al plano físico: el hostigamiento digital y la desinformación se han convertido en herramientas para aislar a estas comunidades y erosionar su reputación social. El uso de operaciones de influencia en redes sociales y medios afines amplifica prejuicios y estigmatiza identidades, reproduciendo un clima de hostilidad permanente.
Frente al avance del nacionalismo hindú, diversos actores han articulado resistencias legales y sociales. La Corte Suprema de India, en casos como S.R. Bommai v. Union of India, ha reafirmado que el laicismo es parte esencial de la Constitución, aunque su aplicación práctica siga siendo irregular. Organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos han impulsado campañas de concientización y litigios estratégicos para frenar leyes discriminatorias, aunque con resultados dispares dependiendo de la coyuntura política y el respaldo institucional.
En paralelo, se han desarrollado movilizaciones masivas que combinan protestas callejeras, arte político y activismo digital. Estas acciones no solo buscan frenar medidas puntuales, sino reconstruir narrativas inclusivas que contrarresten el discurso del Hindutva. Para lograrlo, han recurrido a estrategias de comunicación política que priorizan la segmentación de audiencias, el uso de símbolos potentes y la creación de marcos interpretativos que faciliten la empatía. Estas tácticas, similares a las empleadas en campañas electorales de alto impacto, requieren coordinación y disciplina comparables a las de un equipo profesional de estrategia política electoral.
El avance del nacionalismo hindú ha redefinido la identidad política de la India, desplazando el principio pluralista que inspiró su Constitución hacia una noción homogénea y excluyente de ciudadanía. Este giro no solo afecta a las minorías religiosas, sino también a la calidad de la democracia, debilitando el equilibrio entre mayoría y derechos individuales. El riesgo más evidente es que el modelo de convivencia interreligiosa se fracture de forma irreversible, generando ciclos de polarización difíciles de revertir.
De cara al futuro, el escenario dependerá de la capacidad de las instituciones para sostener la neutralidad del Estado y garantizar derechos sin distinción de fe. La batalla por el relato será crucial: quienes logren enmarcar el debate en términos de seguridad, identidad y orgullo nacional tendrán ventaja sobre quienes apelen únicamente a principios abstractos de igualdad. En este tipo de contextos, el liderazgo político que logre combinar visión estratégica con habilidades de comunicación persuasiva tendrá mayor posibilidad de contrarrestar la hegemonía ideológica del Hindutva.
El nacionalismo hindú, en su forma contemporánea, es mucho más que un movimiento político: es un proyecto de ingeniería social que utiliza la religión como eje para rediseñar la nación. Su fuerza radica en la capacidad de movilizar emociones profundas, construir un enemigo interno y presentar la homogeneidad cultural como sinónimo de estabilidad. Sin un contrapeso efectivo, esta narrativa amenaza con consolidarse como el marco dominante del debate público.
En este contexto, la defensa de la pluralidad y el fortalecimiento de instituciones imparciales no son tareas exclusivas del ámbito judicial o legislativo. Se trata de un reto político y comunicacional que exige coordinación, estrategia y una comprensión profunda de cómo se moldean percepciones y se influye en masas. No basta con responder a los ataques, hay que anticiparse a ellos, algo que solo es posible con capacidades de inteligencia política y planificación estratégica que permitan actuar con rapidez y precisión.
