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En un movimiento sin precedentes recientes, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC y la expulsión inmediata de personas sin hogar de las calles. El anuncio, hecho desde la Casa Blanca, se acompañó de la decisión de colocar al Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal. Para Trump, la capital atraviesa un punto crítico de inseguridad y deterioro urbano, comparando su situación con la de ciudades en zonas de guerra.
La medida llega en un contexto donde las cifras oficiales muestran una caída en los delitos violentos y homicidios, pero el presidente insiste en que es hora de “medidas drásticas” para “recuperar la ciudad”. Esta estrategia, más que un simple operativo de seguridad, refleja un enfoque de control territorial que recuerda cómo, en ciertas campañas políticas, la narrativa de amenaza puede usarse para justificar acciones de alto impacto en la opinión pública.
Trump declaró emergencia de seguridad pública en Washington DC, una medida que le otorga amplias facultades para coordinar fuerzas federales y locales. Anunció que Pam Bondi asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana, reforzando la presencia policial con agentes del FBI, DEA, Servicio de Alguaciles y Policía de Parques. Además, se desplegarán unidades de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones, con un claro objetivo: desarticular bandas criminales y restablecer el orden en zonas consideradas críticas.
El presidente también ordenó que las personas sin hogar sean trasladadas “de inmediato” fuera de la capital, ofreciendo ubicaciones alternativas en zonas alejadas. Este tipo de directiva combina acciones operativas de alto perfil con un mensaje político calculado, buscando proyectar autoridad y control frente a la audiencia nacional. En el lenguaje de la estrategia política, es un ejemplo de operación de impacto mediático, diseñada para fijar en el imaginario colectivo una imagen de fuerza y resolución.
Aunque Trump justificó su orden alegando que la capital es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, los registros policiales muestran lo contrario: en lo que va de 2025, los delitos totales han bajado un 7%, los delitos violentos un 26% y los homicidios un 12%. Incluso los robos de vehículos han caído un 37%. Estas cifras contradicen la narrativa de colapso, evidenciando una brecha entre el discurso político y la realidad estadística.
Sin embargo, Trump recurre a comparaciones extremas —como equiparar a Washington DC con Bagdad— para reforzar la percepción de crisis. Esta táctica busca moldear la conversación pública y enmarcar la agenda en torno al miedo y la urgencia, lo que en consultoría política se conoce como estrategia de framing: seleccionar y enfatizar datos o imágenes que fortalezcan un relato específico, incluso cuando los indicadores globales no respaldan esa versión.
Trump ordenó la expulsión inmediata de personas sin hogar de las calles de Washington DC, con la promesa de reubicarlas en carpas “de calidad” en terrenos baratos fuera de la ciudad. Según Community Partnership, en DC hay 3.782 personas sin hogar, de las cuales unas 800 viven en la calle; el resto se encuentra en refugios o viviendas públicas. Para el presidente, esta medida no solo es una respuesta a la inseguridad, sino también una forma de limpiar la imagen urbana de la capital.
El traslado forzoso, aunque se presenta como una solución, plantea dudas legales y éticas sobre el debido proceso, el acceso a servicios y el respeto a los derechos humanos. Este tipo de decisiones, en política, puede convertirse en una operación psicosocial, pues no solo busca un efecto físico en el espacio urbano, sino también en la percepción colectiva sobre el control y la autoridad.
La alcaldesa Muriel Bowser rechazó frontalmente la narrativa de Trump, afirmando que no hay un repunte de criminalidad y que la ciudad ha alcanzado el nivel más bajo de delincuencia violenta en 30 años. También calificó de “hiperbólicas y falsas” las comparaciones con Bagdad hechas por el vicejefe de gabinete Stephen Miller. Para Bowser, el discurso presidencial ignora los avances en seguridad y busca imponer una intervención federal sin base legal suficiente.
Este enfrentamiento evidencia un choque de legitimidades: la autoridad local defendiendo su autonomía frente a un presidente decidido a centralizar el control de la seguridad. En términos estratégicos, este tipo de disputas suele ser un terreno fértil para el lawfare, cuando la arena jurídica se convierte en un campo de batalla política donde se reinterpretan leyes y competencias para avanzar una agenda determinada.
Como distrito federal y no estado, Washington DC tiene una estructura de gobierno única: la Guardia Nacional de DC responde directamente al presidente a través del Secretario del Ejército, y el gobierno federal puede intervenir en ciertos aspectos de la administración local. Sin embargo, para asumir control total sobre la ciudad o el MPD, sería necesario que el Congreso aprobara una medida específica. Esto limita el alcance inmediato de las acciones presidenciales, aunque la declaratoria de emergencia de seguridad pública amplía temporalmente su margen de maniobra.
No es la primera vez que Trump recurre al despliegue de fuerzas federales y de la Guardia Nacional para reforzar su imagen de autoridad: meses antes ordenó intervenciones similares en Los Ángeles, en respuesta a disturbios vinculados a redadas migratorias. Estas acciones se inscriben en un patrón que, desde la perspectiva de la gestión política, responde a un modelo de operaciones de seguridad de alto impacto, donde se coordinan múltiples agencias bajo un mando centralizado para proyectar control total.
La orden de Trump ha generado reacciones inmediatas de legisladores, líderes locales y organizaciones de derechos civiles. Grupos como ACLU y el National Homelessness Law Center han advertido sobre posibles demandas por violaciones al debido proceso y por la criminalización de la pobreza. En el Congreso, varios representantes demócratas calificaron la medida como un precedente peligroso, alertando sobre la posibilidad de que otros presidentes utilicen la seguridad pública como pretexto para intervenir en gobiernos locales.
Más allá de las objeciones jurídicas, el despliegue de la Guardia Nacional y la expulsión forzosa de personas sin hogar tiene un fuerte componente de batalla por la opinión pública. En escenarios así, la capacidad para diseñar y ejecutar una campaña de comunicación persuasiva es determinante para consolidar el apoyo social y neutralizar las críticas. Este tipo de manejo comunicacional, que mezcla narrativa de crisis con mensajes de autoridad, es característico de operaciones políticas calculadas que buscan dejar huella en el imaginario colectivo.
El despliegue de la Guardia Nacional y la expulsión inmediata de personas sin hogar en Washington DC marcan un episodio que trasciende la gestión local: es una demostración de poder presidencial directo y de cómo la seguridad puede convertirse en el eje de un conflicto político. La tensión entre cifras oficiales y discurso de crisis revela que, en política, la percepción puede pesar más que la evidencia, especialmente cuando se busca movilizar emociones colectivas.
Más que una simple medida de orden público, esta acción de Trump abre un debate sobre federalismo, derechos civiles y estrategias de control social. En contextos así, la capacidad de un líder para orquestar operaciones psicológicas y políticas define si la narrativa se convierte en victoria o en desgaste. La pregunta que queda es si esta jugada será recordada como una defensa firme del orden o como un abuso de poder que dejó una marca profunda en la democracia estadounidense.
