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En el capítulo anterior, nos sumergimos en una de las preguntas más controvertidas del ámbito político: ¿Es el lobby una corrupción legalizada? Exploramos casos que desnudaron las estrategias de los grupos de presión y cómo estas, en ocasiones, rozan los límites de la ética empresarial. Analizamos ejemplos en los que incluso se procesó a un lobbista por prácticas que derivaron en acusaciones de corrupción. Tras ese análisis, resulta natural avanzar hacia una nueva perspectiva: el rol de estos grupos en los tratados comerciales, acuerdos que pueden impactar la vida de millones sin que estos sean plenamente conscientes.
Detrás de cada tratado internacional, desde los gigantes corporativos hasta las ONGs, se libra una batalla silenciosa. En ella, actores privados maniobran para inclinar la balanza a su favor, moldeando reglas que, lejos de beneficiar a los países firmantes, tienen el potencial de privilegiar a sectores específicos.
Uno de los ejemplos más elocuentes de esta influencia se encuentra en las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP). Este ambicioso acuerdo, que involucraba a economías clave como Japón, Australia y Estados Unidos, hasta el retiro de este último, fue moldeado por los intereses de algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Según el documento Las corporaciones empresarias ante el TPP: el lobby y la fractura, compañías como Google, Apple y Facebook (META) jugaron un papel central al presionar para que el acuerdo incluyera normativas favorables a su comercio electrónico y la propiedad intelectual.
Estas disposiciones, si bien protegían los intereses comerciales de estas multinacionales, fueron duramente criticadas por dificultar el acceso a herramientas tecnológicas esenciales en los países en desarrollo. Así, el TPP dejó al descubierto una realidad inquietante: los tratados internacionales pueden convertirse en vehículos para perpetuar las desigualdades globales.
Otro caso ilustrativo es el Pacto de San José, un tratado emblemático que buscaba garantizar derechos fundamentales en América Latina. Promovido por Estados Unidos en plena Guerra Fría, este acuerdo a partir de su ratificación limitaba prácticas como la pena de muerte y el trabajo forzado, alineándose con valores democráticos que, en teoría, el país defendía. Sin embargo, aunque Washington presionó a otros países para adherirse, nunca lo ratificó.
Esta contradicción desató un intenso debate sobre la coherencia de las potencias globales al utilizar los tratados como herramientas de influencia política. Al final, el Pacto de San José mostró que, más allá de los ideales que se esgrimen, estos acuerdos podrían ser utilizados para ejercer presión sobre naciones menos influyentes, reafirmando las asimetrías de poder en el escenario internacional.
El papel de las corporaciones en los tratados comerciales es, en muchos casos, tan determinante como polémico. Un ejemplo se dio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá. Según el medio LaPoliticaOnline, las grandes farmacéuticas ejercieron una presión intensa para garantizar cláusulas que extendieran sus patentes de medicamentos, bloqueando la producción de genéricos.
El impacto de estas decisiones no se limita a cifras o balances financieros: afecta directamente la vida de millones de personas al restringir el acceso a medicamentos más económicos. Pero no todo el peso recae sobre las corporaciones. También las ONGs han aprendido a movilizarse dentro de este terreno. Un caso notable es el Acuerdo de París, un pacto para combatir el cambio climático. Según lo reportado por LOS40, diversas organizaciones ambientales presionan a los gobiernos, como es el caso de España y los juicios en su contra, para que adopten compromisos más ambiciosos en la reducción de emisiones de carbono.
Estos ejemplos muestran que los tratados comerciales no son solo acuerdos entre países; son escenarios de disputa donde intereses corporativos, políticos y sociales se cruzan. En el siguiente capítulo, veremos cómo ha sido el comportamiento de los grupos de presión en el financiamiento de campañas políticas.
