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Sudán volvió al centro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana después de que Estados Unidos propusiera ampliar a todo el territorio nacional el embargo de armas que desde hace más de dos décadas se aplica específicamente a Darfur. La iniciativa fue presentada el 25 de agosto por Massad Boulos, asesor de la Casa Blanca para asuntos africanos y árabes, durante una sesión dedicada al conflicto sudanés.
La propuesta todavía no ha sido aprobada. Para entrar en vigor necesitará el respaldo del Consejo de Seguridad, donde ya existen diferencias entre sus miembros sobre el alcance que deberían tener las restricciones. Washington sostiene que el flujo de apoyo militar externo continúa prolongando el conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF.
El proyecto estadounidense plantea cuatro cambios principales. El primero es ampliar geográficamente el embargo para que las restricciones sobre armas dejen de limitarse a Darfur y sean aplicables a todo Sudán. El segundo busca aclarar expresamente que los drones, sus componentes y las tecnologías relacionadas también se encuentran incluidos dentro del régimen.
Washington también propone incrementar el número de especialistas del Panel de Expertos encargado de supervisar las sanciones y mejorar su coordinación con otros grupos de Naciones Unidas que investigan movimientos de armas, activos financieros y redes regionales. El objetivo declarado es disponer de mayor capacidad para identificar posibles incumplimientos.
Las restricciones internacionales sobre armas relacionadas con Sudán se remontan a las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en 2004 y 2005 durante el conflicto de Darfur. El régimen vigente exige a los Estados impedir determinadas transferencias de armas, material relacionado y asistencia militar hacia actores que operan en esa región.
Esto significa que el embargo actual no funciona como una prohibición general sobre todas las transferencias militares destinadas a Sudán. La propuesta estadounidense modificaría esa arquitectura al establecer un ámbito nacional, una diferencia significativa en un conflicto que desde 2023 se ha extendido por distintas regiones del país.
El uso creciente de sistemas no tripulados es una de las razones que Washington ha presentado para revisar el régimen de sanciones. Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas como las RSF han incorporado drones en operaciones militares, ampliando la capacidad de atacar objetivos a distancias mayores y en zonas alejadas de los principales frentes terrestres.
Boulos afirmó ante el Consejo de Seguridad que los drones armados habían causado la muerte de más de 1.120 civiles sudaneses durante la primera mitad de 2026. Se trata de una cifra presentada por el representante estadounidense durante su intervención, no de una estimación independiente de Naciones Unidas.
Estados Unidos sostiene que el suministro de recursos financieros, armamento y apoyo político desde el exterior continúa alimentando la capacidad de combate de las partes. Boulos evitó identificar individualmente a los países responsables durante su intervención ante el Consejo, aunque diferentes gobiernos han sido señalados durante la guerra por mantener relaciones con uno u otro bando.
Las acusaciones sobre esos apoyos continúan siendo objeto de controversia. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de proporcionar armas a las RSF y ha rechazado esas afirmaciones, mientras Egipto mantiene una relación estrecha con las Fuerzas Armadas sudanesas. La propuesta ante la ONU busca actuar sobre las transferencias independientemente del proveedor concreto.
La iniciativa enfrenta obstáculos dentro del propio Consejo de Seguridad. Rusia advirtió durante la reunión que no respalda medidas que, a su juicio, puedan perjudicar a las Fuerzas Armadas Sudanesas, lo que introduce dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para modificar sustancialmente el régimen actual.
La posición rusa resulta especialmente relevante porque Moscú posee derecho de veto como miembro permanente del Consejo. Cualquier resolución necesita al menos nueve votos favorables y no puede recibir el veto de Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido. La negociación del texto será, por tanto, tan importante como la propuesta inicial presentada por Washington.
La aprobación formal de restricciones no garantiza por sí sola que desaparezcan las transferencias de armas. Los embargos dependen de controles fronterizos, documentación sobre usuarios finales, cooperación entre Estados y capacidad para detectar rutas que permitan introducir material militar de manera indirecta.
Por esa razón, Washington también quiere ampliar el Panel de Expertos asociado al régimen de sanciones. Estos especialistas recopilan información sobre posibles violaciones, movimientos financieros, redes de suministro y personas o entidades que podrían estar incumpliendo las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad.
Durante la misma sesión, Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, informó sobre los esfuerzos diplomáticos para conseguir una reducción de las hostilidades. La ONU continúa respaldando iniciativas impulsadas por Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, además de mantener contactos con organizaciones regionales.
El enviado personal del secretario general para Sudán, Pekka Haavisto, también ha incrementado sus contactos con las partes para explorar medidas de desescalada y construcción de confianza. Naciones Unidas sostiene que las medidas de presión deben acompañarse de un proceso político capaz de reducir progresivamente la lógica militar que continúa dominando el conflicto.
Tom Fletcher, coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, señaló durante la reunión que más de dos tercios de la población sudanesa necesita algún tipo de asistencia vital. La guerra ha provocado desplazamientos masivos, graves dificultades de acceso humanitario y situaciones de inseguridad alimentaria en distintas partes del territorio.
Associated Press calcula que alrededor de 13 millones de personas han sido desplazadas desde el inicio de la guerra, mientras diferentes estimaciones sobre el número de muertos varían considerablemente debido a las dificultades para documentar víctimas en las zonas de combate. Esta incertidumbre aconseja mantener cautela frente a cifras absolutas sobre el costo humano del conflicto.
El régimen de sanciones sobre Darfur debe volver a ser examinado por el Consejo de Seguridad antes de su próxima fecha de renovación en septiembre. Estados Unidos pretende aprovechar esa discusión para modificar el alcance territorial del embargo y actualizarlo frente al creciente empleo de drones durante la guerra.
Durante las próximas semanas deberá quedar claro si Washington consigue suficiente respaldo para su propuesta o si las diferencias entre los miembros permanentes mantienen las restricciones concentradas principalmente en Darfur. Hasta entonces, la ampliación del embargo sigue siendo una propuesta estadounidense sometida a negociación, no una nueva medida ya adoptada por Naciones Unidas.
