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En el capítulo anterior, exploramos cómo la constitución, a pesar de estar diseñada para limitar el poder del Estado y proteger los derechos de los ciudadanos, puede convertirse en un arma política. Vimos cómo los tribunales, encargados de interpretar esta norma suprema, no siempre actúan con imparcialidad. Por el contrario, en ocasiones se alinean con los intereses del gobierno o del propio poder judicial, permitiendo decisiones que consolidan el poder político. Ahora, al adentrarnos en las sentencias específicas del poder judicial, nos encontramos con un sinfín de casos donde los intereses del Estado se imponen sobre la justicia y el equilibrio de poderes.
El poder judicial, como institución independiente, debería ser un bastión de los derechos fundamentales y un contrapeso ante la vulneración de las normas. Sin embargo, la realidad es más compleja. En ocasiones, las sentencias judiciales se alinean con las decisiones políticas, justificando acciones controvertidas bajo mantos como el de la «seguridad nacional». Acciones que, de otro modo, podrían ser calificadas como violaciones a los derechos humanos o al Estado de Derecho, encuentran amparo en las decisiones de jueces que, lejos de ser imparciales, actúan en sintonía con los intereses del gobierno.
La palabra «purga» evoca imágenes de limpieza, de eliminación de lo indeseado. En términos políticos, va mucho más allá: implica deshacerse de opositores, críticos y posibles amenazas al poder. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Turquía, tras el fallido golpe de Estado en 2016 contra el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. Según reportes de RTVE en su artículo La purga de Erdogan tras el golpe: 60.000 trabajadores y 11.000 detenidos, el país vivió purgas masivas: funcionarios públicos, académicos, militares, jueces y periodistas fueron destituidos o encarcelados bajo la justificación de proteger la seguridad nacional.
El gobierno de Erdoğan señaló al clérigo Fethullah Gülen, líder espiritual del Movimiento Gülen, como el cerebro detrás del golpe. A partir de esta acusación, los tribunales no solo respaldaron estas acciones, sino que también designaron a su movimiento como una organización terrorista.
Según El Deutsche Welle en su artículo Balance del estado de excepción en Turquía, analiza cómo, bajo el estado de emergencia, se introdujeron nuevas reglas en las instituciones del Estado, permitiendo despidos y detenciones masivas sin el debido proceso, lo que afectó gravemente los principios democráticos. Lo que comenzó como una respuesta a un intento de golpe de Estado se transformó en un mecanismo para consolidar el poder del gobierno, utilizando al poder judicial como herramienta.
Egipto ofrece otro ejemplo de cómo el poder judicial puede servir para consolidar un régimen político. Tras el golpe de Estado de 2013 que derrocó al presidente Mohamed Morsi y al movimiento Hermanos Musulmanes, el nuevo líder, Abdel Fattah al-Sisi, encontró en los jueces un aliado clave. Según informaron algunos medios, los fallos judiciales justificaron la represión contra los seguidores de Morsi, bajo la excusa de que representaban una amenaza para la seguridad nacional.
El reporte de Amnistía Internacional titulado Condenadas a muerte en Egipto 183 personas más en una nueva purga contra la oposición política, más de 1,240 personas vinculadas al movimiento de los Hermanos Musulmanes se les ha recomendado la pena de muerte desde 2014. Entre ellos, 183 partidarios enfrentaron ejecuciones en juicios rápidos y cuestionados por organismos internacionales. Incluso la ONU condenó estas acciones, calificándolas como violaciones graves a los derechos humanos. Pero en Egipto, los jueces no solo legitimaron estas medidas, sino que también contribuyeron a consolidar el poder del nuevo régimen bajo el velo de legalidad.
Fallos a Favor de la Vigilancia Masiva
Incluso las democracias que enarbolan las banderas de los derechos civiles no están exentas de utilizar a su poder judicial para justificar acciones cuestionables. En Estados Unidos, el sistema judicial desempeñó un papel crucial en la legitimación de la vigilancia masiva. Un ejemplo claro fue la decisión filtrada por Edward Snowden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC), que avaló la recolección masiva de datos personales a compañías de telecomunicaciones, como Verizon, para favorecer a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Además esto legitimó, indirectamente, el programa de vigilancia masiva PRISM.
El programa PRISM, revelado también por Edward Snowden, tema que abordamos en el capítulo 7 en la serie El Software como Arma Geopolítica, permitió al NSA acceder directamente a datos almacenados por grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook y Microsoft. Según Snowden, estas decisiones judiciales se tomaron en secreto, sin el conocimiento del público con el pretexto de combatir el terrorismo y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, estas medidas plantearon serias dudas sobre la protección de los derechos civiles y la privacidad, mostrando cómo los tribunales pueden actuar en favor del gobierno y sus servicios de inteligencia, incluso en detrimento de las libertades individuales.
En el siguiente capítulo, veremos otro ámbito del derecho. En este caso, el poder judicial, su relación con el Derecho Internacional y sus impactos geopolíticos.
