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El Pleno del Congreso del Perú aprobó una moción que declara al Cártel de los Soles como organización terrorista y “amenaza externa”. La resolución obtuvo 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, alineando al país con otras naciones de la región que ya habían dado ese paso. La noticia fue confirmada por medios regionales que citaron a EFE y detallaron el resultado de la votación, mientras el texto base de la moción circula en el portal institucional del Congreso.
La decisión peruana llega tras la designación del Cártel de los Soles como “Specially Designated Global Terrorist (SDGT)” por EE. UU. (OFAC), y después de que Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana hicieran sus propias declaraciones en agosto y comienzos de septiembre. Un día antes de la votación, el canciller Elmer Schialer ya se había mostrado a favor de la medida. El movimiento también se enmarca en una línea dura previa del Congreso peruano, que en marzo declaró terrorista al Tren de Aragua.
El Cártel de los Soles es el nombre con el que se describe a una red criminal incrustada en estructuras del Estado, particularmente en mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El término alude a los “soles” de las charreteras de los generales y empezó a circular con denuncias públicas de inicios de los 2000 (asociadas al asesinato del periodista y concejal Mauro Marcano en 2004), aunque hay antecedentes del uso de la etiqueta desde la década de 1990.
Más que un cártel clásico, diversos análisis lo describen como un “esquema de gobernanza criminal” con células y complicidades dispersas entre fuerzas armadas y otras agencias, cuya cohesión orgánica no está clara. Se le atribuye tráfico internacional de cocaína (rutas Colombia–Caribe), contrabando de combustible y control de minería ilegal (oro, coltán), además de vínculos con actores como FARC/ELN, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, según reportes y designaciones recientes.
En el plano judicial y sancionador, Estados Unidos imputó en 2020 a Nicolás Maduro y altos cargos por narcoterrorismo en una trama que incluye al Cártel de los Soles, y el 25 de julio de 2025 el Tesoro (OFAC) designó formalmente al grupo como “terrorista global especialmente designado (SDGT)”. Caracas niega las acusaciones y califica el rótulo de montaje político; esa disputa sobre su existencia como estructura unificada es parte del debate académico y mediático.
Para Perú, declarar terrorista al Cártel de los Soles reordena la relación con Caracas en clave de seguridad y sanciones: abre la puerta a mayores congelamientos de activos, cooperación fiscal-financiera y controles más estrictos de antecedentes en flujos migratorios, sin criminalizar a los venezolanos de a pie que hoy sostienen su regularización con el Permiso Temporal de Permanencia (PPT). Según ACNUR/R4V, el país proyecta más de 1,7 millones de personas venezolanas en Perú hacia diciembre de 2025; la OIM recuerda que el PPT de 2023 facilitó la formalización y acceso a servicios, clave para evitar guetos y economías ilegales. La designación de OFAC refuerza el andamiaje para perseguir finanzas y logística del grupo a escala regional.
En el frente del crimen transnacional, la medida peruana se inserta en un mapa andino tensionado: el tráfico de cocaína y otras economías ilícitas conectan Colombia–Ecuador–Perú con salidas al Caribe y Pacífico, como muestran los mapas del World Drug Report 2025. El deterioro de la seguridad en Ecuador ilustra cómo las rutas se recomponen y presionan las fronteras norteñas de Perú, exigiendo coordinación policial, inteligencia financiera y control de precusores. En ese tablero, etiquetar al Cártel de los Soles como terrorista apunta a cortar alianzas y flujos que puedan nutrirse de esos corredores, más que a probar presencia operativa directa en territorio peruano.
En Lima, el canciller Elmer Schialer respaldó públicamente que el Perú declare organización terrorista al Cártel de los Soles (“promueve el terror al financiar la delincuencia organizada transnacional”), mientras en el Congreso las bancadas de Renovación Popular y la congresista María del Carmen Alva empujaron mociones para el pronunciamiento del Pleno. El tema se instaló como prioridad de seguridad y alineamiento regional en la agenda parlamentaria de fin de agosto e inicios de septiembre.
Fuera del país, el movimiento peruano se inscribe tras la designación OFAC (EE. UU.) del 25 de julio de 2025 que catalogó al Cártel de los Soles como SDGT, y después de que Argentina, Ecuador y la República Dominicana anunciaran sus propias declaraciones por decreto o resolución. En paralelo, Venezuela ha negado los señalamientos y figuras del chavismo los han desestimado en medios, mientras en Europa la formación Vox pidió que la UE también incluya al grupo en su lista. El tablero diplomático muestra, así, apoyos y resistencias que anticipan tensiones bilaterales.
Con la declaración del Congreso y el texto de moción ya en el portal institucional, Perú se coloca en la línea dura regional frente a una red a la que EE. UU. designó como “terrorista global” (SDGT) el 25 de julio de 2025. Esto abre margen para cooperación fiscal y financiera, intercambio de inteligencia y congelamiento de activos asociados, pero exige aterrizar la decisión en protocolos operativos (Ministerio del Interior, Cancillería, Fiscalía) y en métricas claras. La señal política es inequívoca; el reto real será traducirla en resultados verificables contra finanzas y logística del grupo.
La otra pieza es diplomática y social. El respaldo público del canciller Elmer Schialer anticipa una postura coordinada del Ejecutivo, mientras el vínculo con la designación de OFAC facilita alianzas, pero tensará el trato con Caracas y elevará el ruido en foros regionales. En casa, la implementación debe blindarse contra xenofobia o controles indiscriminados: Perú seguirá acogiendo a una población venezolana proyectada por R4V en más de 1,7 millones para diciembre de 2025, y la política de seguridad debe distinguir entre una red criminal transnacional y migrantes regulares. Esa es la prueba de fuego: mano firme contra el crimen, estado de derecho para la gente.
