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La inseguridad, la violencia y el miedo parecen estar presentes día a día al salir de casa en México. El aumento de los actos delictivos en todo el país ha obligado a muchos a refugiarse o incluso abandonar sus ciudades en busca de un lugar más seguro para sus familias. Esta situación ha generado una desconfianza creciente hacia aquellos encargados de la seguridad pública.
Investigaciones sobre estos grupos delictivos en México han revelado posibles vínculos con mandatarios anteriores. Se ha discutido, por ejemplo, acerca de sobornos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, como «rentas» para permitir la operación de estos grupos en el país.
En sus inicios, los grupos criminales operaban principalmente a través de plantíos de amapola y marihuana. Sin embargo, el aumento en el consumo de estas sustancias provocó su expansión y diversificación. Así, estos grupos han ampliado su mercado, han creado nuevas sustancias y han generado conflictos territoriales. Además de la venta de drogas, estos grupos operan en el contrabando de bienes, armas y en la trata de personas, pasando desapercibidos mediante el lavado de dinero a través de cambistas, bienes inmuebles, y bancos regionales y locales.
La ambición de estos grupos por dominar el territorio ha llevado a que, de los 32 estados de la República Mexicana, solo en 18 haya zonas sin presencia de alguna organización criminal. Ante esta situación, el gobierno de México ha implementado diversas estrategias para combatir el delito.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su plan de seguridad incluyó la creación de la Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal en la realización de tareas de seguridad pública. Recientemente, se reformó el Artículo 21 constitucional para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, convirtiéndola en una unidad de seguridad pública permanente y profesional, integrada en gran parte por personal de origen militar, y que también colaborará en la investigación de delitos, tarea antes reservada al Ministerio Público y a las policías.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se planea fortalecer la inteligencia y la investigación, con un enfoque en el análisis de datos, la identificación de patrones y la comprensión de las zonas con mayor incidencia delictiva.
En el sexenio anterior, López Obrador atendió a la ciudadanía mediante programas sociales para apoyar a la población más vulnerable, y creó estrategias para enfrentar a los grupos criminales y mejorar la seguridad del país. En esta nueva administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, se espera una continuidad y ampliación de estos programas, con un refuerzo en las políticas de seguridad que permitan reducir el índice de criminalidad y la presencia de grupos delictivos. Su experiencia en el gobierno de la Ciudad de México ha mostrado su capacidad para gestionar estos retos, y en esta etapa se espera que mantenga el apoyo social y refuerce la seguridad a nivel nacional, logrando un impacto positivo en la sociedad.
Redacción Goberna México 🇲🇽
