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Goberna tiene el placer de presentar una serie que explora el poder de los juzgados en la guerra legal y sus impacto geopolítico. El Rol del Poder Judicial en la Geopolítica consta de diez capítulos minuciosamente diseñados para analizar cómo las distintas ramas y ámbitos del Derecho se entrelazan con el poder judicial, generando repercusiones que trascienden lo jurídico para impactar en la política y la geopolítica global. El Derecho siempre ha sido una herramienta poderosa para definir los límites del Estado. Desde la creación de la primera constitución en Inglaterra, en 1215, el mundo ha presenciado cómo un texto que originalmente servía fines políticos evolucionó hasta convertirse en la base de sistemas legales modernos.
En esta transformación, tanto las democracias como los regímenes autoritarios han encontrado en los marcos jurídicos un mecanismo esencial para regular el funcionamiento del Estado, aunque sus métodos y objetivos varíen ampliamente. Incluso en los sistemas más autocráticos, donde los partidos hegemónicos o los líderes supremos parecen dominar sin oposición, las constituciones y los tribunales desempeñan un papel crucial en procesos como la elección de representantes o la consolidación de estructuras de poder.
En este primer capítulo, nos sumergimos en un fenómeno que ha redefinido el uso del Derecho: el Lawfare, o guerra jurídica/legal. Una práctica que convierte las leyes, originalmente diseñadas para garantizar justicia, en armas estratégicas dentro de una nueva modalidad de conflicto.
El concepto de Lawfare se originó en el marco de las nuevas estrategias militares modernas, tal como lo describen los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su obra Guerra Irrestricta. En este texto visionario, los autores exploran cómo los conflictos del siglo XXI no se limitan a la guerra convencional, es decir, al uso de armamento y soldados, sino que abarcan herramientas económicas, tecnológicas y, por supuesto, legales.
El Lawfare emerge como una estrategia sofisticada: en lugar de disparar balas, los actores estatales y no estatales disparan demandas, procesos judiciales y acusaciones, utilizando las leyes como instrumentos para deslegitimar o neutralizar a sus oponentes sin tener que derramar sangre. Roberto Bazán, reconocido estratega y autor del libro Lawfare, describe esta táctica como «el uso del sistema judicial para destruir a oponentes políticos mediante procesos legales». Según Bazán, esta forma de guerra no solo elimina adversarios, sino que también consolida el poder político al disfrazar la persecución como un acto de legitimidad jurídica.
Recordemos que «legitimación» es distinto a “legalidad”. Por ejemplo, un Golpe de Estado es ilegal dado que atenta contra el ordenamiento jurídico, pero si la población lo respalda, se vuelve legítimo y, posteriormente con la promulgación de nuevas normas, se vuelve legal. La manipulación de la justicia se disfraza de legitimidad, y sobre todo, puede ser chocante contra los regímenes democráticos, ya que expone las debilidades de este sistema.
Una de estas debilidades es la politización del poder judicial, aunque el Estado de Derecho se presenta como un bastión de imparcialidad y justicia, el Lawfare revela cómo los tribunales pueden convertirse en herramientas de dominación política. Este fenómeno no solo debilita los derechos civiles y políticos de los afectados, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones legales. En su esencia, la guerra legal es un ataque encubierto, diseñado para socavar la integridad de los procesos democráticos al utilizar la legitimidad judicial como escudo para objetivos políticos. Este uso estratégico de las leyes ha dejado su huella en numerosos casos desde América Latina hasta Europa del Este.
Uno de los ejemplos más notorios de Lawfare es el caso de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Durante la operación Lava Jato, una investigación que reveló una vasta red de corrupción en América Latina, Lula fue condenado por cargos de corrupción que más tarde se demostraron como parte de una maniobra política. La sentencia inicial lo inhabilitó para postularse en las elecciones presidenciales de 2018, allanando el camino para que Jair Bolsonaro ganara la presidencia. Años después, la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas de Lula, revelando que fiscales y jueces habían actuado con motivaciones políticas.
Este caso expuso cómo el sistema judicial puede ser manipulado no solo para atacar a individuos, sino también para alterar el curso de una nación entera. Del caso Lava Jato, yendo al lado de la empresa Odebrecht, muestra otra faceta del Lawfare donde el sistema judicial se utilizó para proteger a la red corporativa implicada. Odebrecht fue una de las empresas más influyentes en América Latina, y durante años sobornó a funcionarios de distintos gobiernos para obtener contratos de obras públicas. Sin embargo, un giro inesperado en la investigación se dio en el año 2024 cuando la acción penal en Brasil contra la empresa cesaría, sospechándose que el cambio de gobierno de 2023 estaría detrás.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner enfrentó múltiples procesos judiciales por presuntos actos de corrupción tras dejar la presidencia. Para sus seguidores, estos casos representan un claro ejemplo de Lawfare: una persecución judicial diseñada para debilitar su figura política e impedir su regreso al poder. Incluso el Ministerio de Justicia Argentino hizo referencia a este caso en su artículo La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que el lawfare está más vivo que nunca en nuestro país.
Un escenario similar ocurrió en Ecuador con Rafael Correa. El expresidente fue condenado por corrupción en un proceso lleno de cuestionamientos, sobre todo, luego que se le diera al magistrado Iván Saquicela la jefatura del máximo tribunal de justicia tras ratificar la condena contra Correa. Años más tarde, como documenta el medio Público en su artículo Un audio filtrado prueba el ‘lawfare’ contra Rafael Correa en Ecuador, se filtraron audios del mismo Saquicela que cuestionaba las pruebas de la fiscalía, pero luego cambiaría de opinión, lo que reforzó la percepción de que el sistema judicial había sido manipulado para fines políticos.
Estos ejemplos ilustran cómo el poder judicial puede convertirse en un campo de batalla donde se libran guerras políticas bajo el disfraz de procesos legales. En el siguiente capítulo, nos trasladamos a profundizar más como el Derecho se vuelve un instrumento de control político, con la participación indispensable del Poder Judicial.
2 respuestas
Excelente documento, esto confirma la politizacion de la justicia.
Un gran aporte, resalta el juego del poder judicial, para neutralizar a los oponentes. En Ecuador se está utilizando constantemente el Lawfare para debilitar a grandes políticos y hacerlos ver cómo delincuentes.
«Jueces al servicio del mandante de turno»