La segunda vuelta electoral en Guatemala se ve ensombrecida por una serie de investigaciones penales realizadas por la Fiscalía General. Estas pesquisas, que ahora se han extendido incluso a los voluntarios de las mesas de votación, han suscitado preocupación y especulación sobre posibles intentos de anular el proceso electoral en curso. 

Los resultados de las elecciones han llevado a la segunda vuelta presidencial a Bernardo Arévalo, un sociólogo progresista, y a Sandra Torres, ex primera dama que se ha acercado al conservadurismo. La reciente ofensiva legal que buscaba la cancelación del Movimiento Semilla, partido de Arévalo, ha llevado a analistas a considerar que podría tener como propósito último la anulación total del proceso electoral, una teoría respaldada por expertos y dirigentes del partido. 

Las 13 investigaciones penales en curso han generado tensiones palpables en el proceso electoral y han suscitado denuncias por parte de la sociedad civil y observadores internacionales. 

La presencia del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, subraya la importancia de estas investigaciones en el contexto del proceso electoral guatemalteco. 

Más de 5,5 millones de guatemaltecos participaron en la primera vuelta electoral, y la eliminación de tres candidatos prominentes ha dado lugar a que Bernardo Arévalo emerja como una opción disruptiva en la segunda vuelta. 

A pesar de las controversias en torno a los resultados, Bernardo Arévalo ha experimentado una notable ascensión desde las posiciones más bajas en las encuestas, logrando un 12% de los votos válidos y asegurando su lugar en la segunda vuelta. 

El partido Vamos y sus aliados han interpuesto recursos legales alegando irregularidades en los resultados, lo que ha dado lugar a un segundo escrutinio que detuvo temporalmente la convocatoria de la segunda vuelta durante dos semanas. 

La estrategia de excluir a candidatos influyentes con miras a favorecer un balotaje entre aliados se ha visto desafiada por la irrupción de Bernardo Arévalo como un competidor destacado. Aunque la Fiscalía promovió la cancelación del Movimiento Semilla, esta acción fue rechazada por la Sala de lo Constitucional. 

Otras dos fiscalías se han unido a las investigaciones sobre el proceso electoral, generando inquietudes sobre posibles intentos de anular los resultados electorales. 

Las investigaciones también se han dirigido hacia las juntas electorales, integradas por voluntarios a cargo de las mesas de votación, y hacia los digitadores responsables de ingresar los datos de las actas en el sistema informático. 

La Fiscalía General ha tomado medidas como la extracción digital de actas y cómputos de votaciones, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras. 

Si bien, algunas autoridades electorales minimizan las inquietudes y sostienen que las acusaciones de fraude son comunes en esta etapa del proceso; otras voces, como la del exconstituyente Aquiles Faillace, sugieren que las investigaciones buscan debilitar el proceso electoral. 

El Movimiento Semilla también enfrenta una investigación por supuesta falsificación de firmas en las adhesiones de simpatizantes para la formación del partido, en un intento por socavar su imagen. 

A pesar de los desafíos legales, el caso penal ha suscitado apoyos en favor de Bernardo Arévalo y su partido, como lo demuestra una encuesta que le atribuye un 63% de intención de voto. 

Si Bernardo Arévalo logra una victoria contundente en las urnas, podría encontrar obstáculos políticos para emprender acciones en su contra desde la Fiscalía y el sistema judicial, según advierte Aquiles Faillace.