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El lunes 3 de marzo de 2025, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, denunció públicamente la existencia de un “Golpe de Estado Blando” en su contra, señalando a un sector del Ministerio Público como el supuesto impulsor de esta estrategia. Sus declaraciones se dieron en el marco del allanamiento del ministro del interior Juan José Santiváñez, por lo que han generado un intenso debate en la política peruana y en la opinión pública, reavivando el análisis sobre las tácticas de desestabilización en gobiernos de la región.
Pero, ¿a qué se refiere Boluarte con el «Golpe de Estado Blando»? ¿Es realmente una amenaza o una estrategia discursiva para desviar la atención de la crisis gubernamental? Para responder estas preguntas, es necesario entender la doctrina de la «Acción Política No Violenta» desarrollada por Gene Sharp y el coronel R. Robert Helvey, quienes durante la Guerra Fría conceptualizaron un modelo de desestabilización progresiva de gobiernos sin recurrir a un golpe de Estado tradicional.
El término «Golpe de Estado Blando» o simplemente «Golpe Blando» se refiere a una estrategia de cambio de régimen basada en la erosión gradual de la autoridad del gobierno mediante la presión política, la movilización social y la manipulación de instituciones clave. Su principal ventaja es que no recurre a la violencia directa, por lo que no es perceptible el cambio de poder a simple vista por los medios ni por los ciudadanos, por lo que es una PSYOPS. Según la doctrina de la «Acción No Violenta», este tipo de golpe ocurre en cinco etapas:
Si hacemos un análisis apresurado a partir de lo mencionado por la presidenta, Perú podría estar entrando en la cuarta fase, donde la pérdida de autoridad del gobierno y las fracturas internas pueden acelerar una transición forzada.
Para comprender la fragilidad institucional que llevó a la denuncia de Boluarte, es clave repasar los últimos años de inestabilidad política en Perú. La crisis actual intensificó sus sus raíces tras la disolución del Congreso en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra, un hecho que marcó el inicio de una era de enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde entonces, el país ha atravesado una seguidilla de cambios de gobierno y destituciones presidenciales. En noviembre de 2020, el Congreso destituyó a Vizcarra, lo que desató protestas masivas y llevó a la renuncia de su sucesor, Manuel Merino, en apenas cinco días. Posteriormente, Francisco Sagasti asumió como presidente interino hasta las elecciones de 2021, en las que Pedro Castillo fue elegido.
El gobierno de Castillo, marcado por la inexperiencia y constantes enfrentamientos con el Congreso, culminó con su destitución y arresto en diciembre de 2022 tras un fallido intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto. En su lugar asumió Dina Boluarte, quien ha enfrentado desde el inicio una feroz oposición no solo por los sectores que ya estaban en contra de su partido Perú Libre, sino también por sus mismos militantes que la consideran una traición contra Castillo. Esto ha llevado a que se den protestas, intentos de vacancia y denuncias de corrupción, siendo una de las presidentas con menor aprobación con apenas 3%.
Así como la inestabilidad política del Perú, a lo largo de los últimos años, América Latina ha sido escenario de procesos políticos que comparten patrones similares, con la intervención de diversos actores institucionales y el uso estratégico de la opinión pública para erosionar gobiernos sin necesidad de una intervención militar. A continuación recopilaremos los siguientes casos para que saquen sus propias conclusiones:
Estos casos reflejan un patrón donde los mecanismos de control institucional, como el poder judicial, el Congreso y los medios de comunicación, pueden ser utilizados como herramientas de presión para debilitar a gobiernos sin necesidad de recurrir a la fuerza. Comprender cómo operan estas dinámicas de desestabilización es clave en un mundo donde la política no solo se define en el ámbito electoral, sino también en la percepción pública y la lucha por el control del discurso.
La denuncia de Dina Boluarte sobre un presunto «Golpe Blando» refleja una realidad innegable: el Perú sigue atrapado en un ciclo de inestabilidad política que ha marcado su historia reciente. Desde la disolución del Congreso por Vizcarra en 2019 hasta la caída de Pedro Castillo en 2022, el país ha pasado de crisis en crisis, con gobiernos débiles, poderes enfrentados y una ciudadanía cada vez más desconfiada del sistema político.
Si bien la teoría del Golpe de Estado Blando plantea un esquema de desestabilización gradual, también es cierto que la crisis actual tiene múltiples actores con intereses distintos, lo que hace difícil identificar a un solo responsable. La fragmentación política y la falta de liderazgo sólido han convertido al país en un terreno fértil para la erosión de la institucionalidad.
Los próximos meses definirán si Boluarte logra sostenerse en el poder o si Perú enfrentará una nueva transición forzada. La historia reciente sugiere que la inestabilidad no ha terminado y que la amenaza de un nuevo cambio abrupto sigue latente. Lo que está claro es que el país necesita urgentemente una salida que no pase por la repetición de los mismos conflictos que han marcado su vida política en los últimos años.
