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Río de Janeiro vivió su jornada más letal en años tras una megaoperación policial con unos 2.500 efectivos en las favelas de Alemão y Penha contra el Comando Vermelho. La cifra de muertos, que en primeras horas rondó las seis decenas, fue actualizada por autoridades y prensa a más de 120–132 fallecidos, lo que la convierte en la operación más mortífera registrada en la ciudad. La reacción de los grupos criminales incluyó bloqueos con buses y el empleo de drones para atacar y hostigar a las fuerzas de seguridad, un salto cualitativo en la violencia urbana brasileña.
Según coberturas internacionales y locales, el operativo comenzó el 28 de octubre con helicópteros, vehículos blindados y drones policiales en apoyo, con el objetivo de ejecutar más de 50 órdenes de captura. En el intercambio, bandas utilizaron drones para lanzar granadas y facilitar emboscadas y cortes de vías; al menos 81 detenciones y la incautación de 93 fusiles y más de media tonelada de drogas fueron reportadas. La cifra de víctimas mortales fue escalando con el hallazgo de decenas de cuerpos en plazas y calles, y organismos como la ONU pidieron investigaciones independientes por el alto costo humano del operativo.
Medios europeos y brasileños actualizaron en la tarde del 29 de octubre el saldo a más de 130 muertos, con cuatro policías entre las víctimas y heridos civiles. El contexto político se tensó: el gobernador Cláudio Castro habló de “narco-terrorismo”, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron un patrón letal en operaciones de favela. El episodio reaviva el debate sobre seguridad pública, coordinación federal-estadual y reglas de uso de fuerza y tecnologías en áreas densamente pobladas.
El empleo de UAVs por grupos criminales en Río no es totalmente nuevo, pero su función ofensiva marca un punto de inflexión. Informes recientes sobre criminalidad en Brasil ya advertían la expansión de capacidades de Comando Vermelho (CV) y otras facciones, y análisis regionales describen una carrera de “dronificación” del crimen organizado latinoamericano (vigilancia, transporte de cargas y ataques puntuales). Lo observado en Penha/Alemão sugiere que esas capacidades han pasado de lo táctico-experimental a operaciones de alto impacto en zonas urbanas complejas.
Para la gestión pública y las campañas, el caso deja lecciones: las ciudades pueden enfrentar escenarios donde tecnologías baratas y asimétricas elevan la letalidad y complican el control del espacio aéreo de baja cota. Esto obliga a revisar protocolos de zonificación del riesgo, comunicación de crisis y coordinación interinstitucional (seguridad, salud, transporte) en tiempo real, además de políticas de contramedidas anti-drone proporcionales al entorno urbano.
Para equipos de campaña y gobiernos locales, el episodio exige narrativas basadas en datos y gobernanza de crisis: explicar objetivos, resultados, costos humanos y medidas de mitigación con trazabilidad de cifras y protocolos de atención a víctimas. La comunicación debe distinguir entre éxitos operativos (capturas, decomisos) y costos (víctimas, daños colaterales), con auditorías y cooperación con entes independientes para sostener credibilidad. En paralelo, conviene proponer paquetes de política que combinen presencia policial focalizada, inteligencia financiera, investigación de homicidios y programas sociales en territorio, alejándose de marcos binarios que polarizan sin resolver.
En términos programáticos, el uso criminal de drones obliga a introducir capítulos específicos en planes de seguridad: regulación local de vuelo bajo, capacidades de detección y neutralización compatibles con derechos civiles, capacitación de primeros respondedores, líneas presupuestarias y evaluación ex-post de cada despliegue. La consultoría puede aportar metodologías de medición (tiempo a control de incidentes, variación de homicidios, percepción de seguridad), matrices de riesgo por barrio y mapas de calor para intervención integral, evitando que megaoperaciones episódicas sustituyan estrategias sostenidas.
La introducción de drones ofensivos por bandas en Río, evidenciada durante la operación en Alemão-Penha, revela que la violencia urbana en Brasil atraviesa una fase de innovación criminal que desborda tácticas tradicionales. Para la política y la gestión, el debate no solo es sobre “más o menos operativos”, sino sobre cómo se diseñan, comunican y evalúan intervenciones en barrios densos donde la línea entre control y daño colateral es crítica. La combinación de datos verificables, protocolos anti-drone proporcionados al entorno y rendición de cuentas pública será central para mantener legitimidad y efectividad en futuras respuestas estatales.
