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En medio de un contexto de crisis económica, el reciente anuncio del presidente Luis Arce sobre el incremento salarial ha generado diversas reacciones en todo el país. La medida, oficializada este lunes, establece un aumento del 10% en el salario mínimo nacional y un incremento del 5% en el haber básico para sectores específicos del aparato estatal.
Un nuevo hecho ha sacudido al país boliviano, según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el nuevo salario mínimo nacional pasa de Bs 2.500 a Bs 2.750 en Bolivia, mientras que el aumento del 5% al haber básico será aplicado únicamente a trabajadores de sectores estratégicos como salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas. Esta decisión surge tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país.
De acuerdo con el economista Jimmy Osorio, citando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ajuste salarial beneficiará a aproximadamente 1,1 millones de trabajadores. Sin embargo, también representará un gasto adicional estimado en Bs 3.100 millones, que deberá ser cubierto tanto por el sector público como el privado.
Los análisis señalan que el mayor impacto positivo recaerá sobre el sector público, que concentra cerca del 45% de la población económicamente activa que será beneficiada. El sector privado cubrirá el 31,2%, mientras que un 24% de los beneficiarios corresponde a trabajadores que anteriormente percibían el salario mínimo nacional.
En un contexto marcado por la crisis económica, el anuncio del presidente Luis Arce sobre el incremento del salario mínimo y del haber básico continúa generando controversia, no solo entre sectores empresariales y sociales, sino también en el ámbito político, donde precandidatos a la presidencia han expresado duras críticas a la medida.
El mandatario justificó la decisión señalando que el incremento “permitirá dinamizar la economía nacional y recuperar el poder adquisitivo de las familias bolivianas”. Sin embargo, esta visión ha sido puesta en duda por varias figuras de la oposición que aspiran a disputar las próximas elecciones generales.
Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional y uno de los principales referentes empresariales del país, advirtió que el aumento salarial podría traducirse en una mayor presión inflacionaria. “El riesgo es que estos incrementos terminen convirtiéndose en papel sin valor si no vienen acompañados de políticas económicas responsables”, afirmó.
Rodrigo Paz Pereira, senador y precandidato por la alianza opositora Comunidad Ciudadana, fue más escéptico: calificó la medida como “un cuento”, argumentando que el incremento difícilmente se reflejará en mejoras reales para la mayoría de los trabajadores, especialmente en el sector informal, que representa una parte significativa de la economía boliviana.
Por su parte, Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba y también mencionado como presidenciable, adoptó una postura más matizada. Si bien reconoció que el incremento puede ser positivo para ciertos trabajadores, sostuvo que “no responde a las verdaderas necesidades de la población ni constituye una transformación estructural de la economía, que hoy más que nunca requiere un enfoque de largo plazo y sostenibilidad”.
El sector empresarial, representado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó su rechazo a la medida, calificándola como una decisión unilateral que ignora la realidad económica del país. La institución advirtió que el aumento salarial podría profundizar el estancamiento económico, afectar la competitividad y limitar la capacidad de inversión de las empresas.
Además, algunos gremios empresariales ya han manifestado su intención de establecer límites en las negociaciones salariales, anticipando posibles conflictos laborales en los próximos meses.
El economista Pablo Romero advirtió que, si bien el incremento salarial puede representar un alivio temporal para algunos trabajadores, también podría acarrear consecuencias adversas a diversos rincones del país. Entre ellas, mencionó un posible aumento de la inflación, mayor informalidad laboral, reducción de la inversión privada y un crecimiento más lento de la economía. A largo plazo, advirtió, estas dinámicas podrían incluso agravar los niveles de pobreza.
El incremento salarial anunciado por el gobierno de Luis Arce no solo representa un desafío económico para el país, sino también un punto de inflexión en la relación entre el Estado, el sector privado y los sindicatos. Aunque la medida busca responder a demandas sociales históricas y aliviar la presión sobre los sectores más vulnerables, también revela una creciente desconexión entre la visión del Ejecutivo y las preocupaciones del empresariado, que advierte sobre una posible crisis de sostenibilidad económica.
En un año políticamente sensible, marcado por divisiones internas dentro del oficialismo y una economía en desaceleración, este aumento salarial podría convertirse en un arma de doble filo: una victoria política de corto plazo con consecuencias estructurales que pondrán a prueba la estabilidad económica y la gobernabilidad del país.
