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En el capítulo anterior, analizamos cómo el derecho puede transformarse en un instrumento de control político, explorando su impacto en el poder judicial a través de la aplicación de leyes que legalizan y legitiman medidas tan controvertidas como la creación de personas superiores genéticamente, el encarcelamiento de disidentes y la manipulación del derecho administrativo. Sin embargo, todas estas acciones encuentran su respaldo definitivo en una norma superior, una que refleja la voluntad del pueblo y que se presenta como inamovible: la constitución.
El Derecho Constitucional no es simplemente un conjunto de normas; es el eje que organiza y limita el poder del Estado. Es el bastión donde se protegen los derechos ciudadanos y se garantiza la estructura gubernamental. Pero esta herramienta, diseñada para salvaguardar los principios fundamentales, a menudo es empleada para legitimar decisiones políticas controvertidas, presentándolas como conformes al orden jurídico y obteniendo un respaldo institucional que puede resistir incluso las críticas de la comunidad internacional.
El derecho constitucional establece las normas fundamentales que determinan cómo opera un Estado. Estas normas no solo regulan los poderes del gobierno, sino que también imponen límites a su actuación. Por su carácter primordial, cambiar estas reglas requiere procesos complejos, como reformas aprobadas por mayorías calificadas en el parlamento o, en casos más profundos, por una asamblea constituyente. Sin embargo, la historia ha demostrado que algunos gobiernos han encontrado formas de manipular estas disposiciones para perpetuarse en el poder, utilizando el respaldo judicial como una herramienta de legitimación.
Como mencionamos en el primer capítulo, es importante tener vigente la diferencia entre legalidad y legitimidad. Un acto puede ser ilegal, como un golpe de Estado, pero si cuenta con el apoyo popular o si la comunidad internacional lo respalda, puede considerarse legítimo. En el contexto de las decisiones estatales, incluso las políticas más controvertidas pueden adquirir una fachada de legalidad si son avaladas por los tribunales, especialmente por los tribunales constitucionales, lo que a su vez les confiere una legitimidad crucial para mantenerse en vigor.
Los tribunales constitucionales, en los países que tienen este órgano de control, tienen la facultad de interpretar las constituciones, una labor que debería garantizar el equilibrio de poderes y proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, esta capacidad de interpretación también puede ser utilizada como un arma política que beneficie al gobierno.
En Rusia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional allanó el camino para que las modificaciones constitucionales propuestas por Vladimir Putin se ejecuten, en ellas, la eliminación de los límites de mandato presidencial. Según informan los medios occidentales, esta decisión le permitirá mantenerse en el poder hasta 2036. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ha recurrido a esta táctica para consolidar su posición.
En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que permite la reelección presidencial inmediata. Aunque la constitución salvadoreña prohibía la reelección consecutiva, el Tribunal Supremo Electoral avaló su candidatura, generando críticas de constitucionalistas y organismos internacionales. Según el medio Voz de América en su artículo Cómo Nayib Bukele se postuló a reelección en El Salvador y por qué ha generado controversia, esta decisión puso en evidencia cómo un tribunal puede redefinir la interpretación de la norma para favorecer al poder establecido.
En muchos países, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo de los tres poderes del Estado, aunque en otras naciones estas funciones recaen en órganos distintos. Sea cual sea el sistema, estas entidades tienen la facultad de respaldar decisiones tanto del poder ejecutivo, legislativo, y por supuesto del judicial, convirtiéndose en un engranaje clave para justificar acciones políticas controvertidas.
Un ejemplo notable ocurrió en España durante la crisis catalana de 2017. El Tribunal Constitucional suspendió las leyes de independencia promovidas por el parlamento catalán, que buscaban proclamar una nueva república. Esta decisión fue un paso crucial que permitió al Tribunal Supremo, parte del poder judicial, condenar a nueve líderes independentistas a penas de prisión de entre 9 y 13 años en 2019. Este caso no solo ilustró cómo se puede utilizar el derecho constitucional para frenar movimientos separatistas, sino también cómo los tribunales, tanto el constitucional como del poder judicial, pueden coordinarse para legitimar la actuación del Estado frente a desafíos internos.
En el siguiente capítulo, profundizaremos estas sentencias emitidas por los tribunales del poder judicial, y como sus consecuencias pueden estar ligadas para favorecer directamente al gobierno.
