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Goberna Reports se complace en presentar un análisis detallado sobre el nuevo veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a ciudadanos de 19 países. En un contexto geopolítico marcado por el resurgimiento de políticas identitarias, amenazas transnacionales y reconfiguraciones del orden mundial, las decisiones migratorias de potencias como Estados Unidos han dejado de ser simples medidas de seguridad interna: hoy operan como mecanismos de presión diplomática, segmentación civilizatoria y reafirmación simbólica del poder estatal.
Desde la guerra contra el terrorismo hasta la contención de regímenes considerados “hostiles”, el control fronterizo se ha consolidado como una herramienta estratégica dentro del tablero geopolítico. Y en ese escenario, Trump no solo actúa como un líder con una visión restrictiva de la globalización, sino como un operador que redibuja las líneas entre “los que pueden entrar” y “los que deben quedarse fuera”.
inicios del presente mes, el exmandatario firmó una orden ejecutiva que prohíbe o restringe el ingreso a ciudadanos de países catalogados como inseguros, fallidos o vinculados a redes terroristas. El discurso oficial gira en torno a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional frente al “ingreso descontrolado”, pero sus efectos trascienden lo migratorio, dado que la medida ha provocado reacciones diplomáticas, acusaciones de discriminación y tensiones con organismos internacionales. Lejos de ser una política aislada, este veto es una declaración de intenciones en plena etapa de realineamientos globales, donde Estados Unidos define a sus aliados, sus amenazas y sus márgenes de exclusión. A continuación, revisamos qué países han sido incluidos en esta nueva lista de vetos.
La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump establece un veto migratorio absoluto para 12 países, cuyos ciudadanos tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos sin excepción, tanto en calidad de turistas como de inmigrantes. La mayoría de estos Estados comparten características como inestabilidad institucional, conflictos armados, presencia de grupos extremistas o falta de cooperación en procesos de verificación de identidad como veremos a continuación.
Desde la retirada de las tropas estadounidenses en 2021 y el retorno del régimen talibán, Afganistán ha sido considerado por Washington como un Estado fallido, sin garantías institucionales ni mecanismos confiables para verificar la identidad y antecedentes de sus ciudadanos. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido que el país representa un riesgo elevado para la seguridad, debido a la presencia activa de grupos extremistas como Al Qaeda y el Estado Islámico del Khorasán (ISIS-K) -grupos a los que se enfrentan los talibanes por cierto-, que operan dentro de su territorio.
El veto total a los ciudadanos afganos responde también a la falta de colaboración del régimen talibán con servicios de inteligencia y a la imposibilidad de realizar procesos migratorios bajo estándares confiables. La medida refuerza la postura de la administración Trump de no reconocer al gobierno talibán como interlocutor legítimo y posiciona a Afganistán como un ejemplo del nuevo enfoque estadounidense hacia países que, según sus propios términos, «no garantizan que quienes ingresan a EE.UU. no representen una amenaza».
El veto total impuesto a Myanmar se basa en el colapso institucional y la persistente violencia interna que ha seguido al golpe de Estado militar de febrero de 2021. Desde entonces, el país ha vivido una brutal represión contra opositores, minorías étnicas y civiles, lo que ha generado una crisis humanitaria y una oleada de desplazamientos. Estados Unidos considera que el régimen birmano no ofrece garantías mínimas de estabilidad ni cooperación en materia de seguridad, lo que impide verificar adecuadamente los antecedentes de los solicitantes de visa.
Además, la creciente presencia de redes ilícitas en la región -incluyendo tráfico de armas, drogas y personas- ha elevado el nivel de riesgo asociado a ciudadanos birmanos. La administración Trump ha señalado que la falta de un gobierno legítimo, el aislamiento diplomático y el incumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos justifican la inclusión de Myanmar en la lista de vetos absolutos. Esta medida también busca enviar un mensaje claro contra regímenes autoritarios que se sostienen mediante la fuerza militar y la censura sistemática.
Chad ha sido incluido en la lista de vetos absolutos debido a su fragilidad institucional, su historial de conflictos internos y la limitada capacidad del Estado para cooperar con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad y verificación de identidad. Aunque es un aliado militar de Washington en la región del Sahel, la presencia de células yihadistas en su territorio y el constante riesgo de golpes de Estado han motivado la percepción de que el país representa un foco de inestabilidad regional difícil de controlar desde el punto de vista migratorio.
La administración Trump también ha cuestionado la transparencia del sistema de emisión de pasaportes de Chad y su limitada capacidad para detectar documentos fraudulentos. En este contexto, el veto se presenta como una medida preventiva ante la posibilidad de que actores violentos o no identificados utilicen al país como plataforma de tránsito o como vía de infiltración hacia Estados Unidos. Esta decisión se alinea con la política más amplia de cerrar la puerta a Estados cuya debilidad institucional compromete los filtros de seguridad fronteriza.
La República del Congo ha sido objeto de un veto migratorio absoluto por parte de la administración Trump debido a su escasa cooperación en materia de seguridad internacional, su débil infraestructura institucional y las frecuentes denuncias de corrupción en sus sistemas de identificación. Aunque no se encuentra en guerra abierta, el país atraviesa una crisis prolongada de gobernabilidad, marcada por procesos electorales poco transparentes, represión política y una burocracia altamente vulnerable a la falsificación de documentos oficiales.
Desde la perspectiva de seguridad nacional de Estados Unidos, la incapacidad del Estado congoleño para garantizar controles eficaces sobre sus ciudadanos representa un riesgo en los procesos de solicitud de visado. Además, se considera que su cercanía con zonas de conflicto y redes ilícitas en África central lo convierte en un potencial punto de tránsito para actividades irregulares. El veto busca minimizar ese riesgo y enviar un mensaje sobre las consecuencias geopolíticas de la falta de institucionalidad efectiva.
El veto migratorio total a Haití responde a una combinación de factores críticos: colapso institucional, violencia generalizada y una profunda crisis humanitaria. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país ha enfrentado un vacío de poder, agravado por la expansión de pandillas armadas que controlan vastas zonas del territorio. Para la administración Trump, Haití representa un “Estado colapsado” incapaz de garantizar procesos confiables de emisión de documentos, verificación de antecedentes o colaboración con agencias extranjeras de seguridad.
A esto se suma el creciente flujo migratorio irregular desde Haití hacia Estados Unidos, especialmente por vía marítima o a través de terceros países. El gobierno estadounidense considera que permitir la entrada desde un país en tal estado de deterioro institucional abre la puerta a riesgos indeterminados, tanto humanitarios como de seguridad. El veto no solo refleja una postura restrictiva, sino también una estrategia disuasiva frente a una migración que, según Washington, ha superado los márgenes de control admisible.
El veto absoluto a Irán obedece a razones geopolíticas de larga data, intensificadas por la ruptura del acuerdo nuclear y la clasificación del país como uno de los principales patrocinadores del terrorismo internacional por parte del Departamento de Estado. Desde la perspectiva de seguridad nacional estadounidense, el régimen iraní mantiene vínculos activos con grupos como Hezbollah, milicias chiíes en Irak y redes proxy en Yemen y Siria, lo que lo convierte en una amenaza directa e indirecta para los intereses de Estados Unidos en diversas regiones del mundo.
Además, el gobierno iraní no coopera con las autoridades estadounidenses en la validación de datos migratorios ni ofrece garantías de que los solicitantes no estén vinculados con estructuras de inteligencia o entidades sancionadas. La administración Trump considera que permitir el ingreso de ciudadanos iraníes sin filtros estrictos representa un riesgo inaceptable, especialmente en un contexto de tensiones crecientes en Medio Oriente. El veto funciona así como una herramienta de presión diplomática y una medida de contención frente al expansionismo regional de Teherán.
Eritrea figura entre los países con veto total debido a su condición de Estado altamente cerrado, con un régimen autoritario que impide el acceso a organismos internacionales y niega sistemáticamente la cooperación en materia de seguridad e identificación migratoria. Gobernado por Isaias Afwerki desde 1993, el país ha sido descrito como la “Corea del Norte de África” por su sistema de servicio militar indefinido, la represión de las libertades básicas y su hermetismo diplomático. Estas condiciones imposibilitan a Estados Unidos verificar de manera confiable la identidad y antecedentes de los ciudadanos eritreos que solicitan ingresar al país.
Además, Eritrea ha sido señalada por facilitar redes de migración irregular y tráfico de personas hacia Europa y otros destinos, muchas veces con la tolerancia o complicidad de actores estatales. La administración Trump considera que este comportamiento refuerza los riesgos asociados a su política exterior, especialmente en relación con la seguridad transnacional. El veto busca cortar cualquier canal de ingreso proveniente de un régimen que no brinda garantías mínimas de transparencia, cooperación o control sobre su propia población.
El veto migratorio a Guinea Ecuatorial se fundamenta en su prolongado historial de autoritarismo, opacidad institucional y falta de colaboración con agencias de seguridad internacional. Gobernado durante décadas por Teodoro Obiang Nguema, el país ha sido señalado por organismos internacionales como uno de los regímenes más represivos y corruptos del mundo. Estados Unidos considera que la combinación de represión interna, inexistente transparencia y una élite política cerrada al escrutinio internacional constituye un entorno incompatible con procesos migratorios seguros y verificables.
A esto se suma la limitada fiabilidad de su sistema de identificación civil y de control fronterizo, lo que impide verificar con certeza la información de los solicitantes de visa. La administración Trump también apunta a las redes de lavado de dinero y al uso de pasaportes diplomáticos como instrumentos de impunidad por parte del régimen. En ese marco, el veto total no solo es una decisión técnica de seguridad, sino también un acto simbólico de rechazo a la consolidación de Estados clientelares con débil legitimidad democrática.
Libia ha sido vetada totalmente por Estados Unidos debido a su prolongado estado de fragmentación interna y la ausencia de un gobierno central funcional. Desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, el país se ha convertido en un campo de batalla entre milicias rivales, grupos islamistas y potencias extranjeras que respaldan diferentes facciones. Esta situación ha generado un entorno de ingobernabilidad que imposibilita cualquier cooperación efectiva en materia de seguridad o verificación migratoria, lo que convierte a Libia en un punto crítico dentro de la lógica de contención de amenazas transnacionales.
Además, Libia es una de las principales rutas del tráfico de personas hacia Europa y ha sido señalada por organismos internacionales por la existencia de centros de detención clandestinos, redes de trata y corrupción sistémica en los controles migratorios. Desde la visión de la administración Trump, permitir el ingreso de ciudadanos provenientes de un Estado sin capacidad de controlar sus propias fronteras ni identificar adecuadamente a sus ciudadanos constituye un riesgo directo para la seguridad nacional. El veto, por tanto, busca frenar posibles infiltraciones desde un territorio considerado «fuera del orden internacional».
Somalia ha sido incluida en la lista de países con veto migratorio total debido a su condición persistente de Estado fallido, su fragmentación territorial y la presencia activa de grupos yihadistas como Al-Shabaab, afiliado a Al Qaeda. Desde hace décadas, Somalia no cuenta con un gobierno central plenamente funcional ni con instituciones capaces de garantizar procesos de verificación de identidad, emisión segura de pasaportes o cooperación eficaz con agencias extranjeras de seguridad. Para la administración Trump, este escenario representa un caldo de cultivo para amenazas que podrían cruzar fronteras bajo coberturas migratorias.
Además, Somalia figura en los informes de inteligencia como una de las regiones con mayor riesgo de radicalización transnacional, con ciudadanos que han participado en atentados en países aliados de Estados Unidos. La falta de control estatal sobre amplias zonas del país, sumada a la imposibilidad de validar la información de los solicitantes de visa, convierte cualquier proceso migratorio en una apuesta de alto riesgo. El veto responde así a una lógica preventiva, que refuerza la política de cerrar la puerta a territorios donde reina la inestabilidad crónica y el terrorismo insurgente.
Sudán ha sido vetado totalmente por Estados Unidos debido a su creciente inestabilidad política, el resurgimiento de conflictos armados internos y su débil estructura estatal tras el colapso del proceso de transición democrática iniciado en 2019. Tras el golpe militar de 2021 y la posterior guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el país ha entrado en una espiral de violencia que ha desbordado su capacidad de gobernabilidad. Para Washington, esta situación imposibilita cualquier cooperación segura en temas migratorios, verificación de antecedentes o control de documentación.
Asimismo, Sudán ha sido históricamente observado por sus vínculos intermitentes con grupos extremistas y su papel como punto de tránsito en redes regionales de tráfico ilícito. El veto impuesto por la administración Trump se sustenta en una lógica preventiva, que asume que el caos institucional y los flujos migratorios desregulados desde zonas en guerra representan una amenaza latente para la seguridad nacional. En ese marco, Sudán es percibido no solo como un país en crisis, sino como un espacio geopolíticamente desbordado que necesita ser contenido desde las fronteras.
Yemen ha sido vetado totalmente por la administración Trump debido a su situación de guerra prolongada, su colapso institucional y la presencia de múltiples actores armados que operan sin control estatal. Desde 2015, el país se ha convertido en el epicentro de uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI, enfrentando a fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente, los rebeldes hutíes apoyados por Irán y grupos terroristas como Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP). En este contexto, Estados Unidos considera que no existen mecanismos confiables para verificar identidades, antecedentes ni documentación de ciudadanos yemeníes.
Además, Yemen representa un caso emblemático de cómo un Estado colapsado puede ser utilizado como base para operaciones hostiles, ya sea por parte de actores terroristas o por redes criminales transnacionales. La administración Trump sostiene que permitir el ingreso de personas provenientes de un entorno tan volátil constituye un riesgo directo para la seguridad nacional. El veto, por tanto, no solo responde a criterios técnicos, sino también a la intención de cortar cualquier canal de entrada desde un país catalogado como foco activo de amenazas estratégicas.
Burundi ha sido incluido en la lista de países con restricciones parciales debido a su prolongada inestabilidad política, los antecedentes de violencia postelectoral y la falta de cooperación efectiva con agencias internacionales de seguridad. Aunque no se ha impuesto un veto total, el gobierno estadounidense ha restringido ciertas categorías de visas, particularmente aquellas relacionadas con inmigración permanente y programas especiales, argumentando que el país no cumple con los estándares mínimos para compartir información confiable sobre sus ciudadanos.
Si bien Burundi no representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, su sistema de gobernanza débil, la presencia de redes clientelares y la escasa fiabilidad de su sistema de documentación lo colocan en una categoría de “riesgo administrativo”. La decisión de limitar el acceso migratorio busca presionar al gobierno burundés para que mejore sus mecanismos de control fronterizo, emisión de pasaportes y cooperación diplomática en materia de seguridad, sin cerrar por completo la posibilidad de entrada para ciertos casos excepcionales.
Cuba enfrenta restricciones migratorias parciales debido a su condición de Estado adversario en la política exterior estadounidense y su historial de negativa a colaborar con programas de repatriación y verificación de antecedentes migratorios. Aunque no se trata de un veto absoluto, la administración Trump ha limitado la emisión de ciertos tipos de visas, como las de inmigrante y las de diversidad, citando la falta de cooperación en la aceptación de ciudadanos cubanos deportados y la opacidad de los mecanismos institucionales para confirmar identidades.
Además, el endurecimiento de las medidas contra Cuba forma parte de una estrategia más amplia de presión política frente al régimen de partido único que gobierna la isla desde 1959. A través de estas restricciones, Washington busca restringir canales migratorios considerados vulnerables al uso político o fraudulento, al tiempo que refuerza su postura diplomática frente a gobiernos que, desde su perspectiva, no respetan los principios democráticos ni contribuyen a la estabilidad regional. Las restricciones no afectan a los ciudadanos con familiares directos en EE.UU. ni a los casos humanitarios con excepción aprobada.
Laos ha sido incluido en la lista de países con restricciones migratorias parciales principalmente por su escasa cooperación con Estados Unidos en materia de repatriación de ciudadanos y su débil infraestructura institucional para compartir información sobre antecedentes penales o identidad. Aunque no representa una amenaza directa de seguridad, la administración Trump ha señalado que el país ha fallado en cumplir con los acuerdos migratorios bilaterales, particularmente al negarse a recibir a sus ciudadanos deportados desde territorio estadounidense.
Desde una perspectiva geopolítica, la inclusión de Laos también refleja una preocupación más amplia sobre el papel de ciertos Estados del sudeste asiático en el tráfico de personas, la falsificación de documentos y la opacidad en los registros migratorios. Las restricciones impuestas no son totales, pero limitan visados en categorías específicas como inmigración laboral o diversidad, mientras se mantiene abierta la posibilidad de ingreso por motivos diplomáticos, familiares o humanitarios bajo evaluación estricta. La medida funciona así como una advertencia y una presión para que Laos mejore su colaboración en temas migratorios sensibles.
Turkmenistán ha sido objeto de restricciones migratorias parciales debido a su falta de cooperación con Estados Unidos en temas de repatriación y verificación de antecedentes. El régimen autoritario de Ashgabat, uno de los más cerrados del mundo, limita severamente el intercambio de información con gobiernos extranjeros y mantiene un control absoluto sobre el sistema de documentación civil. Esta opacidad institucional ha dificultado la identificación de ciudadanos turcomanos sujetos a deportación, lo que ha motivado restricciones en la emisión de ciertas visas, especialmente las de inmigrante.
Además, la administración Trump argumenta que el aislamiento internacional del país y su negativa a aceptar deportaciones violan las obligaciones mínimas de los tratados bilaterales y crean vacíos legales que afectan el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. Aunque el riesgo de seguridad proveniente de Turkmenistán es bajo, el país ha sido incluido como ejemplo de los efectos de no cooperar con los procesos legales de remoción migratoria. Las restricciones se enfocan en presionar diplomáticamente, manteniendo abiertas ciertas vías de ingreso bajo criterios estrictos.
Venezuela enfrenta restricciones migratorias parciales debido a la grave crisis política, institucional y humanitaria que atraviesa desde hace más de una década. La administración Trump ha señalado la falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro en la repatriación de ciudadanos venezolanos sujetos a deportación, así como la imposibilidad de verificar adecuadamente sus identidades debido al colapso del sistema documental del país. Como resultado, se han limitado visados en categorías específicas, como las de inmigrante y de funcionarios gubernamentales, aunque se mantienen excepciones para casos humanitarios o con vínculos familiares directos.
Además del aspecto técnico, estas restricciones también funcionan como una sanción simbólica frente a un régimen considerado ilegítimo por Washington. Venezuela ha sido acusada de facilitar redes de narcotráfico, corrupción y alianzas estratégicas con actores adversarios a Estados Unidos, como Irán y Rusia. En este contexto, las restricciones migratorias forman parte de una estrategia más amplia de presión política y aislamiento diplomático, mientras se busca proteger al sistema migratorio estadounidense de abusos, fraudes o amenazas derivadas de la crisis institucional venezolana.
Togo ha sido incluido en la lista de países con restricciones migratorias parciales debido a su reiterada negativa a colaborar con las autoridades migratorias de Estados Unidos en procesos de repatriación. La administración Trump ha señalado que el gobierno togolés ha obstruido o dilatado de forma sistemática el retorno de ciudadanos togoleses sujetos a órdenes de deportación, lo que representa una violación directa a los compromisos bilaterales en materia migratoria. Como consecuencia, se han limitado ciertas categorías de visas, especialmente las de inmigrante.
Si bien Togo no es considerado una amenaza para la seguridad nacional en términos de terrorismo o crimen transnacional, su bajo nivel de cooperación administrativa y su débil sistema de verificación documental lo ubican en una zona de riesgo migratorio. Las restricciones buscan incentivar una respuesta institucional más eficiente y alineada con los estándares internacionales, sin llegar a imponer un veto absoluto. En este marco, se mantiene abierta la posibilidad de ingreso bajo excepciones humanitarias o familiares evaluadas caso por caso.
Sierra Leona ha sido objeto de restricciones migratorias parciales debido a su incumplimiento sistemático de las obligaciones de repatriación, particularmente la negativa a aceptar a ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Aunque el país ha logrado cierta estabilidad desde el fin de su guerra civil, su capacidad institucional sigue siendo limitada, especialmente en lo que respecta a la verificación de identidad y antecedentes penales. Esto ha llevado a Washington a restringir la emisión de visas de inmigrante y de diversidad como medida de presión diplomática.
La administración Trump considera que el incumplimiento de los acuerdos migratorios socava la integridad del sistema de inmigración estadounidense y crea un precedente peligroso. Las restricciones impuestas a Sierra Leona no buscan cortar completamente los lazos migratorios, sino forzar una mejora en la cooperación técnica y diplomática. El objetivo es que el país fortalezca sus mecanismos de documentación y acepte con regularidad a sus ciudadanos expulsados de territorio estadounidense bajo criterios legales claros.
La política migratoria implementada por la administración Trump en 2025 no puede entenderse únicamente como una medida técnica de control fronterizo, sino como una manifestación concreta de su visión geopolítica del mundo. Al trazar una línea entre países “seguros” y “riesgosos”, el gobierno estadounidense redefine su mapa de aliados, enemigos y Estados prescindibles dentro del orden internacional. Los vetos y restricciones migratorias funcionan así como mecanismos de presión diplomática, estrategias de disuasión y símbolos de soberanía, en un contexto global cada vez más fragmentado por conflictos, desplazamientos masivos y rivalidades interestatales.
En este nuevo escenario, migrar no es solo cruzar una frontera: es atravesar una arquitectura global de filtros, vetos y sospechas. Estados Unidos, al imponer estas medidas, envía un mensaje claro sobre qué actores considera fiables y cuáles representan amenazas estructurales. Más allá de las consecuencias inmediatas para los ciudadanos afectados, esta política revela cómo la seguridad, la diplomacia y la narrativa política se entrelazan en la gestión del movimiento humano. El veto migratorio de 2025 es, en última instancia, un reflejo del mundo que Trump quiere reconstruir: menos abierto, más jerárquico y profundamente determinado por la lógica de exclusión.
