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En Goberna Reports abordamos un fenómeno político que se repite cada vez con más frecuencia: las crisis presidenciales. Estas situaciones, en las que un presidente no logra terminar su mandato por distintas razones, se han convertido en una señal de alerta sobre los desafíos que enfrentan muchas democracias en el mundo.
Una crisis presidencial ocurre cuando el jefe de Estado pierde apoyo político, social o institucional al punto de no poder continuar gobernando. Esto puede terminar en una renuncia, un juicio político o incluso una destitución forzada. Aunque esto puede pasar en cualquier país, en América Latina se ha vuelto especialmente común desde los años 80, cuando muchas dictaduras dieron paso a gobiernos democráticos.
Entre las razones del porqué ocurren estas crisis, varían, pero suelen tener que ver con problemas como corrupción, mal manejo de la economía, escándalos mediáticos, conflictos con el Congreso o protestas masivas por decisiones impopulares.
En muchos casos, el presidente se queda sin respaldo en el Parlamento, lo que lo deja sin herramientas para gobernar. Por eso, muchos expertos hablan de la importancia de tener un «escudo parlamentario», es decir, un grupo fuerte de aliados dentro del Congreso que lo apoyen en momentos difíciles.
Un ejemplo muy conocido es el caso de Pedro Castillo en Perú, quien fue destituido en 2022 tras intentar disolver el Congreso para evitar un juicio político. Su decisión generó una reacción inmediata del Parlamento, que votó por su destitución y terminó con su corto mandato. Este caso no solo mostró la fragilidad del gobierno, sino también la importancia de respetar las reglas democráticas y mantener el equilibrio entre poderes.
Pero Perú no es el único. En las últimas décadas, países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela también han vivido momentos de tensión similares, con presidentes que no lograron terminar su periodo o que enfrentaron graves crisis de legitimidad.
Durante el año 2019, América Latina fue testigo de un ciclo de intensas movilizaciones sociales que alteraron profundamente el escenario político regional. Este período, en particular el último trimestre del año, quedará registrado en la historia como el año del estallido social, debido a la magnitud y simultaneidad de las protestas en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia.
Cada uno de estos países vivió situaciones particulares que, sin embargo, compartieron patrones comunes: el rechazo a políticas de ajuste económico, el hartazgo ciudadano frente a la desigualdad estructural y la desconfianza en las instituciones representativas. En Ecuador, el anuncio de medidas de austeridad impulsadas por acuerdos con el FMI desató una ola de movilizaciones lideradas por organizaciones indígenas. En Chile, el aumento del precio del transporte público fue el detonante de un movimiento mucho más amplio que cuestionó el modelo neoliberal establecido desde la dictadura.
En Colombia, las protestas se centraron en reclamos por la implementación de los acuerdos de paz, la violencia contra líderes sociales y reformas impopulares. En Bolivia, la crisis alcanzó su punto más álgido con la denuncia de un intento de golpe de Estado por parte del presidente Evo Morales, luego de elecciones consideradas irregulares, lo que culminó en su renuncia y un complejo proceso de transición política.
Este conjunto de estallidos sociales reveló la fragilidad institucional de muchos gobiernos latinoamericanos y expuso la desconexión entre las élites políticas y las demandas de la ciudadanía. Si bien cada contexto tiene sus particularidades, todos estos casos reflejan una creciente exigencia por parte de la población de mayor equidad, participación y transparencia.
No es menor recordar que las transiciones democráticas de los años 80 también ocurrieron en un contexto de profunda crisis económica. La historia parece repetirse bajo nuevas formas: crisis económicas que deslegitiman a los gobiernos, incapacidad de respuesta institucional eficaz, y finalmente, irrupciones sociales que demandan transformaciones profundas del contrato social.
La diferencia ahora es que estas movilizaciones no solo exigen cambios económicos, sino también culturales, ambientales y de género, lo que implica una mayor complejidad en el análisis y en la formulación de respuestas desde el Estado.
En este contexto de alta volatilidad política, el rol del asesor presidencial se vuelve fundamental para interpretar los signos del malestar social, anticipar escenarios de conflictividad y proponer soluciones que equilibren la gobernabilidad con las demandas ciudadanas.
El Diploma del Asesor Presidencial de GOBERNA ha sido una herramienta clave para comprender la dimensión estructural y multidisciplinaria de estas crisis, aportando enfoques comparados, capacidades de análisis político y herramientas de comunicación estratégica que permiten una mejor toma de decisiones desde los niveles más altos del poder ejecutivo.
La formación recibida en GOBERNA fortalece la capacidad del asesor no solo para gestionar crisis, sino para contribuir activamente a la construcción de políticas públicas que respondan con eficacia, legitimidad y visión de futuro a los complejos desafíos que enfrenta América Latina en el siglo XXI.
