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En el capítulo anterior, exploramos el concepto de Lawfare o guerra jurídica, y cómo esta estrategia puede emplearse para deslegitimar e inhabilitar a figuras políticas clave, especialmente en tiempos electorales. También analizamos su impacto en la protección de empresas nacionales mediante el sistema judicial. Ahora, nos adentraremos en un tema igualmente crucial: el uso del derecho como herramienta para consolidar agendas políticas y ejercer control sobre la sociedad.
El derecho, más allá de ser un conjunto de normas para regular la convivencia, también es una herramienta de poder. Desde el ámbito penal hasta el administrativo, las leyes pueden ser manipuladas por quienes ostentan el poder para reforzar su control y neutralizar a sus adversarios.
Michel Foucault, el influyente filósofo francés, introdujo el concepto de biopolítica, que analiza cómo los Estados regulan y controlan a las poblaciones mediante mecanismos políticos y jurídicos. Esta regulación afecta directamente la vida y el cuerpo de las personas, en lugar de centrarse exclusivamente en los territorios.
Un experimento clásico que ilustra la manipulación social es el de Solomon Asch. En este estudio, se pidió a un grupo de personas identificar la línea más larga entre tres opciones. Aunque la respuesta correcta era evidente, la mayoría, al saber de lo que trataba el experimento, daba una respuesta incorrecta. La persona no informada solía seguir a la mayoría, incluso sabiendo que estaba equivocada. Este experimento demuestra cómo las circunstancias adecuadas pueden influir en el comportamiento humano, y más aún, si el Estado quiere legitimar sus acciones puede validarlas usando el derecho como herramienta de manipulación.
El historiador estadounidense Robert Proctor, en su libro Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis, describe cómo el Tercer Reich utilizó la eugenesia para justificar políticas y leyes que parecían aceptables para la población. La propaganda desempeñó un papel esencial al promover medidas en contra de los llamados untermenschen (subhumanos), presentándolas como necesarias para el bienestar de la nación por lo que los jueces alemanes debían aplicarlo. De hecho, en los juicios de Núremberg, al término de la Segunda Guerra Mundial, evidenciaron cómo estos actos estaban justificados en su ordenamiento legal, por lo que no habían castigos. Para solucionar ello, se tuvieron que crear leyes retroactivas para sancionar a los criminales.
El Derecho Penal como Herramienta de Persecución Política
Las leyes penales, concebidas para castigar actos intolerables en una sociedad, a menudo se convierten en instrumentos de represión y control político. Nawaz Sharif, quien fue primer ministro de Pakistán en tres ocasiones, es un claro ejemplo. En 2017, tras el escándalo de los Panama Papers, una filtración de más de 11 millones de documentos confidenciales de un bufete de abogados panameño especializado en crear empresas offshore, es decir, empresas que están registradas en un país donde las leyes son más laxas o los impuestos más bajos, por lo que usan las estructuras legales para mover dinero fuera del radar de las autoridades fiscales.
El nombre de Sharif estaba envuelto en las filtraciones, por lo que fue destituido y condenado por corrupción. Sin embargo, análisis realizados por medios como Jacobin en su artículo titulado «Between Judges and Generals», sugieren que el proceso judicial fue influenciado por sectores judiciales y militares con el objetivo de minar su influencia política, incluso de Lawfare, resultando en su inhabilitación permanente. De ser cierto, este caso ilustraría cómo el sistema penal puede ser usado estratégicamente para eliminar rivales políticos.
El Derecho como Mecanismo de Represión
La promulgación de leyes que limitan la libertad privada para que el poder judicial las aplique, muchas veces son cuestionadas si no tienen razones claras. En 2020, el gobierno chino promulgó la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, bajo la aprobación del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Esta ley, diseñada para combatir la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, fue rápidamente cuestionada por organismos como Amnistía Internacional.
Se argumentó que la normativa era arbitraria y un pretexto para reprimir a activistas, periodistas y opositores políticos, sobre todo, tras los eventos ocurridos en las protestas de 2019, ejemplificando cómo las leyes pueden restringir libertades civiles bajo la fachada de la seguridad nacional.
Manipulación del Derecho Administrativo
El derecho administrativo también se presta para consolidar agendas políticas mediante la manipulación de regulaciones y normativas. Los gobiernos han usado estas herramientas para controlar recursos, licencias y permisos, favoreciendo a aliados y castigando a opositores. Además, cuando estas decisiones se impugnan en el poder judicial, los tribunales, al ya estar alineados con la agenda del gobierno, su rol gira en torno a darle legitimidad a las decisiones administrativas.
Un caso ilustrativo es el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el medio Deutsche Welle en su artículo Maduro ordena emitir licencias de explotación en el Esequibo, las licencias y concesiones para explotar los recursos petroleros del Esequibo, el territorio disputado con Guyana, se otorgaron selectivamente a empresas y figuras leales al gobierno. Mientras tanto, los opositores y quienes se oponen a estas prácticas, enfrentan trabas burocráticas interminables o la simple falta de respuesta a sus solicitudes.
En el siguiente capítulo, exploraremos la rama del Derecho Constitucional y como, además de ser la madre del ordenamiento jurídico, es un texto político que legitima al gobierno de turno.
