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El martes pasado, Ecuador experimentó una de las jornadas más violentas de su historia, marcada por la irrupción de delincuentes armados en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, donde tomaron como rehenes a periodistas. Este incidente tuvo lugar durante el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.
Estos eventos resumen la caótica jornada que vivió el país y que resultó en la pérdida de diez vidas: dos policías en una localidad de la provincia de Guayas y ocho criminales en Guayaquil.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción a partir del lunes 8 de enero, que incluye un toque de queda de seis horas durante la noche y la madrugada. Esta medida fue tomada en respuesta a la crisis carcelaria que coincidió con la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda conocida como ‘Los Choneros’, considerada una de las más peligrosas del país. «Fito» escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos que incluyen delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Esta medida fue implementada como respuesta a la crisis en el sistema penitenciario, que coincidió con la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda conocida como ‘Los Choneros’. Esta banda es considerada una de las más peligrosas del país, y «Fito» escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por delitos que incluyen delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Los eventos se desarrollaron en cárceles de seis provincias ecuatorianas. Equipos de policías y militares fuertemente armados ingresaron a los centros penitenciarios de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) para controlar los «incidentes», que incluyeron la «retención» de guardias penitenciarios, sin causar víctimas según un balance preliminar.
En el mismo sentido, la agencia estatal penitenciaria, Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, confirmó que 139 funcionarios de prisiones siguen siendo rehenes en cinco cárceles de Ecuador. Estos amotinamientos han ocurrido en las cárceles de Cuenca, Azogues, Napo, Ambato y Latacunga, y entre los secuestrados se encuentran 125 guardias penitenciarios, así como catorce miembros del personal administrativo.
Después de que se informara sobre la toma de rehenes de los periodistas de TC Televisión durante una transmisión en vivo, el presidente Daniel Noboa emitió un Decreto Ejecutivo en el que reconoció la existencia de un conflicto armado interno en el país. En este decreto, ordenó la presencia de las fuerzas militares en todo el territorio.
El decreto, firmado por Noboa, establece la consideración de las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador como «organizaciones terroristas». Esta medida otorga a las Fuerzas Armadas ecuatorianas la facultad de neutralizar a los siguientes grupos identificados:
Águilas, ÁguilasKiller, AK47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings Lobos, Los p27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, y Tiguerones.
En la mañana de hoy, Noboa afirmó que las fuerzas del orden considerarán como objetivos militares a los líderes e integrantes de estas bandas delictivas que han causado terror en el país vecino.
Hasta la madrugada de este miércoles, la Policía ecuatoriana llevó a cabo operativos en el marco del estado de excepción y la declaración de conflicto armado interno decretados por el presidente Daniel Noboa. Durante estos operativos, se detuvo a un total de 70 personas, según un informe preliminar emitido por la Policía a través de su cuenta en una plataforma como en «X».
Los resultados de los operativos también incluyen la liberación de tres policías y la recaptura de 17 presos que habían escapado. Previo a este informe, la institución policial anunció la liberación de tres agentes que habían sido secuestrados en Puerto Bolívar y Machala. A pesar de estos logros, se informa que aún hay cuatro miembros de la policía que fueron secuestrados en las últimas horas.
Entre los 70 detenidos se encuentran los 13 individuos que ingresaron al canal de televisión mencionado, así como los siete delincuentes vinculados al secuestro de tres oficiales en Los Ríos.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha expresado su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que se enfrentan a la ola de violencia en el país. Anunciaron a través de ‘X’ que ofrecen «indultos y/o amnistías» en los casos que sean necesarios para respaldar la labor de estos organismos.
El comunicado destaca el respaldo total a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la Constitución y la ley. Se reconoce y valora su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida de los ciudadanos. Esta muestra de apoyo también incluye la disposición a adoptar indultos y/o amnistías en situaciones que se consideren necesarias para garantizar la efectividad de estas instituciones.
Además, los representantes del poder Legislativo subrayaron que están trabajando de manera unida, sin importar las diferencias políticas e ideológicas, especialmente después de los ataques simultáneos de grupos criminales que el Gobierno de Daniel Noboa ha calificado como terroristas ocurridos el pasado martes 9 de enero en varias ciudades.
Con un tono enérgico, el presidente ecuatoriano advirtió a jueces y fiscales que mantengan la imparcialidad y eviten respaldar a terroristas. Sugirió que cualquier decisión judicial absurda los podría excluir de sus roles en la judicatura.
De manera contundente, expresó: «Nuestra posición es clara: los jueces y fiscales que respalden a líderes terroristas serán considerados cómplices de estos grupos. La justicia debe servir al pueblo y no a aquellos que buscan desestabilizar nuestra nación», enfatizó Noboa.
Adicionalmente, el mandatario ecuatoriano adelantó la deportación de extranjeros detenidos en territorio ecuatoriano. También destacó la importancia de clasificar a estos grupos como «terroristas» en lugar de simplemente «organizaciones delictivas», ya que ello permitiría la aplicación de leyes específicas y del derecho internacional humanitario.
