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11-S cumple este 11 de septiembre de 2026 veinticinco años desde los atentados que golpearon Nueva York, Washington y Pensilvania y modificaron de manera profunda la forma en que Estados Unidos y buena parte del mundo entendían la seguridad. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por 19 miembros de Al Qaeda: dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro contra el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania después de que pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave. Cerca de 3.000 personas murieron como consecuencia de los ataques.
Un cuarto de siglo después, Estados Unidos vuelve a recordar a las víctimas mediante ceremonias en Nueva York, el Pentágono y Shanksville. Pero el aniversario también abre una discusión más amplia sobre el legado estratégico del 11 de septiembre: la expansión de las políticas antiterroristas, las guerras de Afganistán e Irak, el crecimiento de los sistemas de vigilancia, la transformación de las agencias de seguridad y una percepción de las amenazas que hoy es muy distinta a la de 2001.
Los atentados demostraron que una organización no estatal podía proyectar un ataque de gran escala sobre territorio estadounidense mediante una operación relativamente descentralizada y utilizando infraestructura civil. La Comisión del 11-S determinó posteriormente que Al Qaeda había conseguido preparar la operación durante años, aprovechando fallas de coordinación, intercambio de información y anticipación entre diferentes organismos estadounidenses.
La consecuencia fue un cambio de paradigma. La seguridad dejó de concentrarse exclusivamente en amenazas provenientes de otros Estados y comenzó a prestar mayor atención al terrorismo transnacional, las redes financieras, los movimientos fronterizos, la radicalización y la posibilidad de ataques asimétricos. Desde entonces, anticipar amenazas antes de que alcanzaran territorio estadounidense se convirtió en una prioridad permanente de la política de seguridad nacional.
El 11-S provocó una de las mayores reorganizaciones institucionales del Gobierno estadounidense en décadas. En 2002, el Congreso aprobó la creación del Departamento de Seguridad Nacional y posteriormente 22 agencias y organismos fueron integrados dentro de una misma estructura, encargada de coordinar tareas relacionadas con fronteras, transporte, emergencias, inmigración y prevención del terrorismo.
Las agencias de inteligencia también enfrentaron fuertes cuestionamientos por la información que existía antes de los atentados y por las dificultades para compartirla entre instituciones. La experiencia impulsó una mayor integración de bases de datos, vigilancia de comunicaciones, cooperación internacional y análisis conjunto. Al mismo tiempo, muchas de estas medidas generaron debates sobre privacidad, derechos civiles y los límites que un Estado democrático puede establecer cuando busca prevenir amenazas.
La respuesta estadounidense rápidamente adquirió una dimensión militar. En octubre de 2001 comenzó la intervención en Afganistán con el objetivo de destruir la infraestructura de Al Qaeda y expulsar del poder al régimen talibán que había dado refugio a Osama bin Laden. Dos años más tarde, Estados Unidos invadió Irak, una decisión que la administración de George W. Bush justificó principalmente mediante acusaciones sobre armas de destrucción masiva, aunque posteriormente estas no fueron encontradas.
Las consecuencias humanas y económicas de las guerras posteriores al 11-S fueron enormes. El proyecto Costs of War de Brown University estima que Estados Unidos ha gastado u obligado más de 8 billones de dólares en las guerras posteriores a los atentados. Sus investigaciones calculan además entre 905.000 y 940.000 muertes directas vinculadas a conflictos en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Yemen y otros escenarios hasta 2023, además de millones de fallecimientos indirectos provocados por las consecuencias de esas guerras.
El impacto del atentado trascendió inmediatamente las fronteras estadounidenses. El 12 de septiembre de 2001, menos de 24 horas después de los ataques, los aliados de la OTAN decidieron activar el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que una agresión contra uno de sus miembros puede ser considerada una agresión contra todos. Fue la primera vez que esa disposición de defensa colectiva se utilizó desde la creación de la organización en 1949.
La decisión confirmó que el terrorismo podía ser tratado como una amenaza capaz de activar mecanismos tradicionales de defensa internacional. También abrió una etapa de transformación para la OTAN, que posteriormente desarrolló operaciones fuera del espacio euroatlántico y amplió sus capacidades para responder a amenazas asimétricas. El concepto de seguridad colectiva dejó así de estar exclusivamente asociado a una eventual confrontación militar entre Estados.
Veinticinco años después, la percepción estadounidense sobre el terrorismo ha cambiado significativamente. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada esta semana encontró que el 61 % de los estadounidenses considera actualmente que los ataques impulsados por extremistas domésticos representan una amenaza mayor que aquellos provenientes del exterior. Solo el 34 % considera superior la amenaza extranjera.
El dato refleja una transformación relevante. En 2001, la prioridad era impedir que organizaciones internacionales como Al Qaeda proyectaran operaciones sobre Estados Unidos. Hoy, las instituciones deben enfrentar simultáneamente terrorismo internacional, extremismo interno, ciberataques, desinformación, amenazas contra infraestructuras críticas y nuevas formas de violencia política. La seguridad nacional se ha convertido en un campo mucho más amplio y complejo.
El 11-S dejó una enseñanza central para los sistemas de inteligencia: disponer de información no garantiza comprender correctamente una amenaza. La Comisión del 11-S documentó problemas de coordinación institucional y dificultades para conectar indicios existentes antes de los atentados. Aquella experiencia reforzó la importancia de convertir información dispersa en conocimiento accionable y de superar las barreras entre organismos que trabajan sobre amenazas relacionadas.
Sin embargo, el legado también obliga a evaluar las decisiones tomadas después del ataque. Las guerras prolongadas, los programas de vigilancia, las intervenciones militares y la expansión de las capacidades estatales de seguridad tuvieron consecuencias que siguen siendo discutidas veinticinco años después. El 11-S transformó el equilibrio entre seguridad y libertad, modificó alianzas militares y orientó durante décadas la política exterior estadounidense. Su impacto continúa presente, aunque las amenazas que dominan la agenda internacional de 2026 sean considerablemente distintas de las que definieron aquella mañana de septiembre de 2001.
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