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Zambia acudió a las urnas este jueves 13 de agosto de 2026 para elegir presidente, miembros de la Asamblea Nacional y autoridades locales. El mandatario Hakainde Hichilema busca un segundo periodo después de cinco años marcados por la reestructuración de la deuda y la estabilización de una economía que había entrado en default soberano en 2020. Su principal rival es Brian Mundubile, candidato de la alianza opositora Tonse.
Las votaciones concluyeron a las 18:00, hora local, y el conteo comenzó durante la noche. Más de ocho millones de ciudadanos estaban habilitados para participar y la Comisión Electoral de Zambia prevé completar la publicación de los resultados en los próximos días. Más allá de definir quién gobernará, la elección funciona como una evaluación sobre la capacidad del sistema político para convertir estabilidad macroeconómica en mejoras perceptibles para la población.
Hichilema llegó al poder en 2021 cuando Zambia enfrentaba una severa crisis de deuda. Durante su administración, el país consiguió avanzar en la reestructuración de obligaciones con acreedores oficiales y privados, estabilizar diferentes indicadores económicos y completar un programa con el Fondo Monetario Internacional. En mayo de 2026, el FMI informó que los acuerdos alcanzados cubrían aproximadamente el 94 % de la deuda incluida dentro del perímetro de reestructuración.
Estos resultados constituyen uno de los principales argumentos de campaña del presidente. Sin embargo, el desempeño macroeconómico no garantiza automáticamente respaldo electoral. Reuters y AP reportaron que el costo de vida, el empleo y la capacidad de los hogares para acceder a bienes básicos estuvieron entre las principales preocupaciones expresadas por los votantes durante la campaña y la jornada electoral.
Zambia se convirtió en 2020 en uno de los primeros países africanos en declarar un default soberano durante la pandemia. La negociación posterior fue especialmente compleja porque involucraba acreedores oficiales, tenedores privados de bonos y préstamos vinculados con diferentes entidades internacionales. La administración de Hichilema convirtió la resolución de ese problema en una de sus prioridades económicas.
El FMI proyecta para 2026 un crecimiento real del producto interno bruto de alrededor del 4,3 %, aunque también ha advertido sobre restricciones procedentes de la minería, el suministro energético y las presiones fiscales. La recuperación, por tanto, continúa siendo vulnerable y el próximo gobierno deberá preservar la estabilidad sin limitar la inversión pública y el crecimiento necesario para generar empleo.
La principal dificultad política para el Gobierno consiste en la distancia entre los indicadores nacionales y la experiencia cotidiana de una parte de la población. Zambia continúa registrando altos niveles de pobreza y numerosos hogares permanecen expuestos al aumento del precio de los alimentos, el desempleo y las dificultades para acceder a servicios básicos. Esa brecha permitió a la oposición colocar el costo de vida en el centro de su campaña.
La situación plantea un problema frecuente en las transiciones económicas: estabilizar las cuentas públicas puede ser indispensable para recuperar inversión y acceso al financiamiento, pero sus beneficios electorales dependen de que posteriormente se traduzcan en ingresos, empleo y servicios. La elección permitirá observar hasta qué punto los votantes consideran suficiente el progreso alcanzado durante los últimos cinco años.
Zambia es uno de los principales productores africanos de cobre y el sector representa una fuente fundamental de exportaciones, inversión e ingresos públicos. El Gobierno ha planteado elevar considerablemente la producción durante los próximos años, mientras nuevas inversiones buscan aprovechar la creciente demanda internacional asociada con redes eléctricas, vehículos eléctricos y tecnologías vinculadas con la transición energética.
El desafío estará en convertir esa riqueza mineral en una base de desarrollo más amplia. Aumentar la producción requiere electricidad, infraestructura, capital y trabajadores especializados, pero también políticas capaces de generar proveedores locales y empleos fuera de los principales proyectos mineros. La discusión electoral refleja precisamente la presión para que el crecimiento del sector produzca beneficios más visibles dentro del país.
Brian Mundubile llegó a la elección como principal candidato opositor al frente de la alianza Tonse. Su campaña buscó convertir el costo de vida, la pobreza y las denuncias sobre restricciones al espacio político en argumentos para cuestionar el balance de la administración Hichilema. Aunque los analistas citados por Reuters consideraban al presidente favorito, también destacaron la capacidad de Mundubile para atraer concentraciones numerosas durante la campaña.
La oposición, sin embargo, llegó fragmentada a la jornada electoral. Hichilema compite contra otros trece candidatos presidenciales, una dispersión que puede favorecer al mandatario en un sistema donde se necesita superar el 50 % de los votos para obtener la Presidencia sin segunda vuelta. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, deberá celebrarse un nuevo enfrentamiento electoral entre los dos primeros.
La campaña estuvo acompañada por cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos sobre el uso de instituciones estatales contra periodistas, dirigentes opositores y voces críticas. Amnesty International advirtió antes de las elecciones sobre restricciones a la libertad de expresión y reunión, además de casos de intimidación política. El Gobierno de Hichilema ha rechazado las acusaciones de que esté conduciendo al país hacia un modelo autoritario.
Estas críticas adquieren relevancia debido a la historia política reciente de Hichilema. Antes de llegar al Gobierno, el actual presidente fue detenido en numerosas ocasiones durante administraciones anteriores y construyó parte de su identidad política alrededor de la defensa de libertades democráticas. La evaluación de su mandato incluye, por ello, tanto sus resultados económicos como la manera en que las instituciones trataron a la oposición durante sus cinco años en el poder.
La jornada electoral se desarrolló en términos generales de forma pacífica, aunque observadores y organizaciones locales reportaron retrasos y problemas de organización en algunos centros. La Unión Europea desplegó observadores electorales, mientras la Comisión Electoral mantuvo la administración de más de 13.500 centros de votación distribuidos por el territorio.
La atención se traslada ahora hacia el conteo y la comunicación de los resultados. En elecciones competitivas, la confianza no depende únicamente del procedimiento de votación: también exige trazabilidad durante la transmisión de actas, información pública consistente y mecanismos efectivos para resolver posibles controversias. La Comisión Electoral ha señalado que los resultados finales se conocerán en los próximos días.
Sea cual sea el resultado, la siguiente administración deberá continuar gestionando una economía que ha conseguido reducir parte de sus desequilibrios, pero todavía enfrenta elevados niveles de pobreza y restricciones fiscales. El FMI ha advertido que preservar los avances obtenidos durante la reestructuración exigirá disciplina fiscal y nuevas reformas, particularmente ante gastos vinculados con salarios públicos, agricultura y otras presiones presupuestarias.
También quedará pendiente definir la siguiente etapa de la relación con el Fondo Monetario Internacional. El programa anterior concluyó después de desembolsar aproximadamente 1.700 millones de dólares y las conversaciones sobre un nuevo acuerdo habían sido planteadas para continuar después de las elecciones. El resultado de este 13 de agosto determinará quién negociará esa nueva fase económica.
La elección muestra que estabilidad económica y legitimidad política deben avanzar juntas. Hichilema puede presentar una reestructuración de deuda, menor inflación y recuperación de inversión como resultados de su gestión; la oposición responde que una parte considerable de la población continúa esperando que esos avances tengan efectos concretos sobre su nivel de vida.
El resultado permitirá medir cuál de esas dos percepciones tiene mayor peso entre los votantes. Para Zambia, la cuestión trasciende quién ocupe la Presidencia: el desafío será consolidar la recuperación económica, distribuir mejor los beneficios de sus recursos minerales y preservar instituciones capaces de procesar la competencia política sin debilitar la confianza democrática.
