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En una decisión que marca un punto de inflexión en la política interna de Venezuela, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o apoyen sanciones internacionales contra el país. Esta medida, que ha sido calificada como una herramienta de represión política, refuerza la narrativa del gobierno de Nicolás Maduro sobre la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a lo que considera una “injerencia extranjera”.
La legislación define como “traición a la patria” cualquier acción que respalde sanciones económicas, financieras o políticas contra Venezuela, incluyendo solicitudes a gobiernos extranjeros o instituciones internacionales. Además de las penas de prisión, la ley contempla la inhabilitación política de hasta 60 años para los condenados, lo que en la práctica podría excluir a opositores clave del panorama político durante décadas.
El contexto internacional en el que esta ley se inscribe es complejo. Desde 2017, Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales han impuesto sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano y sectores estratégicos de la economía, como el petróleo y el oro. Estas sanciones, justificadas por los países emisores como una respuesta a violaciones de derechos humanos y corrupción, han sido objeto de intenso debate. Mientras que el gobierno de Maduro las denuncia como un intento de estrangular económicamente al país, la oposición las ha considerado herramientas legítimas para presionar al régimen y promover la restauración de la democracia.
La aprobación de esta nueva legislación ha tenido lugar en un momento de alta tensión política. Recientemente, la Fiscalía General abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por supuestamente colaborar con gobiernos extranjeros en la promoción de sanciones. Este caso, junto con el endurecimiento de las acciones contra opositores, ha generado inquietudes sobre el uso de la ley como una herramienta para silenciar voces disidentes y consolidar el poder oficialista.
Las implicaciones de esta ley son profundas y alarmantes. Por un lado, limita significativamente las posibilidades de la oposición de recurrir al apoyo internacional como una estrategia para enfrentar al régimen. Por otro, refuerza un ambiente de autocensura en el que los actores políticos y sociales temen represalias legales por expresar posturas críticas o colaborar con organismos internacionales.
La comunidad internacional no ha tardado en reaccionar. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que la ley podría representar una violación del derecho a la libertad de expresión y la participación política. Además, gobiernos extranjeros han advertido que estas medidas podrían exacerbar el aislamiento de Venezuela y dificultar la búsqueda de una solución negociada a la crisis política y económica del país.
El impacto de esta legislación también se hará sentir en la arena política interna. Al criminalizar el apoyo a sanciones internacionales, el gobierno busca cerrar uno de los principales canales de presión de la oposición, mientras envía un mensaje claro a sus detractores: cualquier intento de buscar respaldo externo será tratado como una afrenta directa a la soberanía nacional. En este contexto, las elecciones presidenciales de 2025 se perfilan como un escenario clave donde la capacidad de la oposición para articular un frente unido y superar los obstáculos legales será determinante para el futuro político de Venezuela.
Esta ley, lejos de resolver la crisis, parece ahondar la brecha entre las partes enfrentadas. Venezuela sigue atrapada en un ciclo de represión y resistencia, mientras su pueblo enfrenta las consecuencias de una economía debilitada y un sistema político polarizado. La lucha por el poder y la soberanía continúa, pero el precio a pagar, como siempre, recae sobre los ciudadanos comunes.
