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La renovación total del parlamento el 8 de noviembre de 2025, configura una nueva correlación de fuerzas para el ejercicio del poder, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emerge como primera mayoría, seguido por Libre y Unidad, mientras que las fuerzas políticas como Alianza Popular (AP), SUMATE y el otrora hegemónico Movimiento al Socialismo (MAS) quedaron reducidas en su representación, mostrando un escenario de pluralismo intenso donde la gobernabilidad dependerá de la capacidad de construir mayorías mediante la negociación interpartidaria, al margen de las mayorías automáticas.
Cabe señalar que la fragmentación interna en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha evidenciado una debilidad estructural en el liderazgo que se aplica en el oficialismo y oposición afectada por una descontextualización sistémica, este fenómeno de dispersión del poder, analizado por Sartori (1976) como pluralismo polarizado, amenaza la gobernabilidad lo que podría una parálisis legislativa, que según Linz (1994) introduce una dualidad de legitimidades que, sin mayorías cohesionadas, deriva en conflictos interinstitucionales y una disputa interna por el control de la estructura parlamentaria lo que profundiza el bloqueo decisional y la inestabilidad política.
A saber que la Constitución Política del Estado organiza el poder público bajo la doctrina de la separación de poderes, concebida como límite al ejercicio despótico del poder (Montesquieu, 2004:107), esta arquitectura institucional impide que un sujeto o un grupo reducido concentre atribuciones, estableciendo frenos que constituyen la esencia de la legitimidad estatal, además, hay que comprender que, en un Estado Constitucional de Derecho, el poder no puede ejercerse en favor de intereses particulares, sino como potestad del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, asegurando su ejercicio democrático, transformando la coerción en autoridad legítima mediante el sometimiento del gobernante al imperio de la Ley (Bobbio 1989).
La coyuntura actual muestra una disfuncionalidad sistémica que erosiona la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, siendo que esta crisis en la separación de poderes, como advierte Linz (1994), genera una dualidad de legitimidades que, al no articularse, profundiza la desconfianza ciudadana y deslegitima las instituciones, afectando la gobernabilidad democrática.
Por lo anteriormente mencionado, ¿Qué factores estructurales son los que erosionan la coordinación, independencia y separación entre Ejecutivo y Legislativo? que podría profundizar la desconfianza ciudadana, deslegitimando la institucionalidad y afectando la gobernabilidad democrática como problemas a los que habría que atender.
La estructura política boliviana, se funda en parte en un sistema democrático representativo y asigna a la Asamblea Legislativa Plurinacional un rol central en la deliberación de políticas públicas de corte legislativo, sin embargo, el clima institucional es de tensión, por un lado, alguno de los legisladores presionan por rebajarse sus sueldos y también al de las autoridades públicas; por otro lado, la heterogeneidad al interior de las bancadas oficialistas y opositoras revela una ausencia de cohesión ideológica, siendo que esta fragmentación evidencia una falta de liderazgo e identidad común que otorgue estabilidad a las decisiones del cuerpo colegiado, generando fraccionamiento interno y debilitando el equilibrio de poderes e induciendo un estado de anomia.
Esta anomia legislativa tiene a dos factores convergentes, por un lado la heterogeneidad de personalidad de algunos políticos legisladores que sin trayectoria partidaria común ha promovido la atomización de sus bancadas, y el hiperpresidencialismo estructural fenómeno donde el Órgano Ejecutivo de manera indirecta absorbe las capacidades decisorias del Legislativo, siendo esta una relación asimétrica, que según Mainwaring y Shugart (1997), se tiende a producir una parálisis y polarización, debilitando al parlamento de su función deliberativa y fiscalizadora.
El ordenamiento constitucional boliviano consagra la separación de poderes como límite al ejercicio del poder para garantizar la libertad política [Montesquieu, 2004:107]. Sin embargo, la coyuntura actual evidencia una reconfiguración crítica de esta arquitectura institucional, donde la Asamblea Legislativa Plurinacional ha cesado de su función de garante de la libertad y del control político, siendo que, al carecer de contrapeso efectivo del legislativo por el estado de anomia, este tendría como efecto el manejo de la vida y libertades ciudadanas y el ocaso de las demandas colectivas, en medio de la extorción en el aparato público.
Resulta imperativo que algunos legisladores trasciendan de sus posturas políticas corporativas y personalistas para asumir su rol constitucional conforme al modelo del checks and balances, diseño institucional, desarrollado por Hamilton, Madison y Jay (2004) partiendo del supuesto de que las cabezas de los órganos Ejecutivo y Legislativo deben responder a intereses distintos, previendo la variabilidad de las preferencias electorales en el tiempo, es decir, al margen de buscar una relación armónica entre poderes, el sistema de pesos y contrapesos está concebido para que estos se estorben mutuamente cuando uno intente abusar del otro; Así, el Presidente y el cuerpo colegiado representan intereses diferentes y a menudo enfrentados para que, ante un conflicto, cada uno active su capacidad de veto y frene al otro para potenciar la institucionalidad democrática y contrapesar el ejercicio despótico del poder.
El sistema de checks and balances optimiza su funcionamiento cuando los poderes mantienen una desconfianza recíproca, pues esa vigilancia mutua impide la concentración absoluta del poder (Madison, 2004), paralelamente, cohesiona al cuerpo colegiado en su función fiscalizadora sobre la administración pública, configurando el control horizontal característico de la democracia constitucional (O’Donnell, 1998).
Las fricciones en el binomio presidencial, la atomización de los bloques políticos parlamentarios y la ausencia de una agenda legislativa configuran una tormenta para el debilitamiento de los checks and balances en Bolivia, siendo que estos factores, más que coyunturales, revelan una crisis estructural donde la desconfianza recíproca que es condición necesaria para el equilibrio de poderes se ha degradado en parálisis sistémica.
Para recuperar el equilibrio, se requiere institucionalizar mecanismos de diálogo entre los órganos Ejecutivo y Legislativo que transformen la actual fragmentación disfuncional en una pluralidad productiva, donde el conflicto controlado esencia del gobierno limitado opere como garantía de la libertad ciudadana.
El sistema de los checks and balances en Bolivia atraviesa una crisis de eficacia que ha erosionado los mecanismos de control horizontal, siendo que la parálisis legislativa resultante no es disfunción coyuntural, sino síntoma de una institucionalidad que requiere urgentes correctivos, se debe establecer mecanismos formales de diálogo interinstitucional que canalicen la desconfianza recíproca hacia acuerdos programáticos, asimismo, fortalecer las bancadas mediante incentivos a la cohesión ideológica, promover una agenda legislativa mínima que trascienda disputas faccionales, garantizar un gobierno limitado, significa el ejercicio de una libertad ciudadana como vector de gobernabilidad.
Abog. Franz Zabaleta Callisaya – Abogado Constitucionalista
Lic. Javier Julio Rocha Ticona – Politólogo en materia legislativa y Gestión Pública
Un comentario
Gracias a los expositores y felicitaciones por poner a consideración de los bolivianos estos problemas que aquejan la gobernabilidad de nuestro Estado, las consecuencias de este peligro de tira y afloja entré el Ejecutivo y el órgano Legislativo está generando y se evidencia de manera sutil la dictadura convirtiendo a los asambleístas en funcionarios zánganos