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La decisión de Donald Trump de ordenar al ejército estadounidense atacar a cárteles de drogas extranjeros marca un punto de inflexión en la política de seguridad de EE. UU. y sus relaciones con América Latina. El anuncio, realizado el 8 de agosto de 2025, involucra al Pentágono en la planificación de operaciones que van desde ataques de precisión hasta misiones de fuerzas especiales. La medida se sustenta en la reciente designación de estos cárteles como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a una respuesta militar directa.
Más allá de su carácter militar, esta decisión revela una estrategia política de alto riesgo que busca mostrar firmeza frente a la crisis del narcotráfico, pero que también pone a prueba las relaciones bilaterales con países clave como México. En este tipo de maniobras, la gestión de crisis y la anticipación de escenarios adversos son tan relevantes como la fuerza bruta, ya que los errores pueden amplificar tensiones internacionales y generar costos políticos para la administración.
La ofensiva actual no surge de la nada. Desde enero de 2025, Trump ha firmado órdenes ejecutivas que permiten clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita medidas financieras, sanciones y operativos militares en el exterior. En febrero, el Departamento de Estado formalizó la designación de varios grupos bajo esta figura, mientras que el Departamento de Justicia precisó cómo aplicar las leyes de apoyo al terrorismo contra ellos. Este marco legal, inusual en la lucha antidrogas, borra las fronteras entre seguridad interna y política exterior.
Históricamente, la militarización del combate al narcotráfico ha sido polémica. En América Latina, intervenciones pasadas —directas o encubiertas— dejaron un rastro de tensiones diplomáticas y reacciones nacionalistas. La decisión actual revive ese debate, donde la narrativa oficial busca proyectar firmeza estratégica mientras los adversarios señalan un riesgo de injerencia. En este tipo de operaciones, la coordinación de inteligencia y el control de la narrativa son claves para sostener legitimidad en el frente interno e internacional.
Según fuentes de seguridad, la orden de Trump instruye al Pentágono a preparar operaciones de precisión contra cárteles específicos, priorizando aquellos con mayor capacidad de producción y tráfico hacia EE. UU. Entre las opciones consideradas están el despliegue de fuerzas especiales, operaciones de inteligencia avanzada y uso de drones para vigilancia y ataques selectivos. Aunque no se ha confirmado la ejecución de acciones “cinéticas” en territorio extranjero, la planificación se orienta a neutralizar liderazgos y centros logísticos sin involucrar despliegues masivos.
Este tipo de acciones requieren planificación quirúrgica y una cadena de mando altamente coordinada, donde cada unidad conoce su papel y los canales de comunicación están blindados contra filtraciones. Además, el éxito depende de operaciones psicológicas que disuadan a las redes criminales y reduzcan su capacidad de reorganización tras un golpe. Un error en estas fases no solo compromete la misión, sino que puede generar daños colaterales que afecten la imagen del país ejecutor.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de forma inmediata, declarando que no permitirá operaciones militares extranjeras en su territorio. Su postura, alineada con el principio de soberanía nacional, busca evitar una confrontación directa pero también proyectar firmeza ante la opinión pública interna. En paralelo, otros países latinoamericanos han expresado preocupación por el precedente que puede sentar el uso de la fuerza militar de EE. UU. fuera de su territorio sin consenso regional.
Este escenario obliga a México a fortalecer sus canales de inteligencia y cooperación binacional para evitar que el conflicto escale. En diplomacia de crisis, la capacidad de negociar bajo presión y al mismo tiempo mantener una postura estratégica es esencial para evitar concesiones que debiliten la posición nacional. El reto será equilibrar la colaboración operativa con la protección de sus intereses políticos y territoriales.
En el Congreso estadounidense, la orden de Trump ha generado división política. Legisladores republicanos respaldan la medida como un paso decisivo contra el narcotráfico, mientras que demócratas y algunos republicanos moderados cuestionan la legalidad y el alcance de la acción militar sin autorización explícita del Congreso. El debate se centra en si la designación de cárteles como organizaciones terroristas justifica el uso de la fuerza en el extranjero bajo el actual marco legislativo.
Más allá del aspecto jurídico, expertos en seguridad advierten que la legitimidad interna de estas operaciones dependerá de la capacidad del gobierno para construir un relato persuasivo que conecte con las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en estados fronterizos. En escenarios de alta polarización, la oratoria estratégica puede ser tan determinante como la eficacia de la operación misma, ya que define si la medida se percibe como defensa nacional o como una escalada innecesaria.
El anuncio de Trump podría tensar las relaciones diplomáticas no solo con México, sino también con otros países latinoamericanos que perciban la medida como un precedente de intervencionismo unilateral. Organismos multilaterales como la OEA o la ONU podrían ser escenarios de debates sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza militar en el extranjero. Una escalada militar contra cárteles fuera de EE. UU. también podría afectar acuerdos comerciales y de seguridad ya establecidos en la región.
En el plano de seguridad internacional, este tipo de acciones podría estimular alianzas informales entre grupos criminales y actores no estatales para contrarrestar la presión militar, generando un escenario más complejo. La inteligencia estratégica será crucial para anticipar estas adaptaciones y prevenir que las operaciones tengan efectos contraproducentes. Este tipo de lectura prospectiva, donde se evalúa el comportamiento del adversario antes de actuar, reduce los márgenes de sorpresa y aumenta la efectividad de la respuesta.
A continuación, un resumen cronológico de los hitos más relevantes que llevaron a la orden actual de Trump:
Esta secuencia refleja una estrategia escalonada, donde las acciones iniciales buscaban construir un marco legal y diplomático para respaldar una posible intervención militar. En planificación política de alto riesgo, la gradualidad en la implementación es una técnica usada para medir reacciones internas y externas antes de ejecutar la fase más crítica.
La orden de Trump de movilizar al ejército contra cárteles extranjeros representa un cambio profundo en la forma en que EE. UU. aborda la lucha contra el narcotráfico. No se trata solo de un asunto de seguridad pública, sino de una redefinición del uso del poder militar en un ámbito tradicionalmente policial y judicial. El precedente que deja esta decisión tendrá repercusiones en las políticas de seguridad de la región y en el debate sobre soberanía nacional.
El verdadero reto no será únicamente ejecutar operaciones exitosas, sino controlar las consecuencias políticas, diplomáticas y sociales que de ellas se deriven. En este tipo de escenarios, la gestión integral de riesgos y la anticipación de movimientos adversarios son herramientas tan críticas como la fuerza misma. Ignorar esta dimensión puede llevar a victorias tácticas con costos estratégicos altos en el largo plazo.
Un comentario
Es una clara muestra de poder fuera de sus fronteras, donde sus barreras físicas ahora tienen un mensaje psicológico, de control y decisiones que no tienen límites para ejercer su fuerza al exterior y cuidado de la seguridad interna.