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En los últimos días Australia ha vivido una jornada de marchas anti-inmigración bajo el lema March for Australia en unas 20 ciudades, con choques en Melbourne y tensión en Sídney. La asistencia total fue de miles de personas; en Sídney las estimaciones periodísticas oscilaron entre 5.000 y 8.000. La policía intervino con gas pimienta y formaciones antidisturbios para separar columnas, y se reportaron detenciones en incidentes puntuales
En Melbourne hubo enfrentamientos repetidos; en Sídney, tras la marcha, un enfrentamiento en un bar derivó en arrestos y uso de gas pimienta. Entre los asistentes destacaron figuras como Pauline Hanson y Bob Katter; también se registró la presencia de grupos neonazis en algunos actos, lo que elevó el clima de confrontación y la respuesta policial.
Los organizadores de March for Australia reclaman “poner fin a la inmigración masiva”, argumentando que la llegada de extranjeros presiona la vivienda, la infraestructura y el costo de vida. Su narrativa, difundida en web y redes, enmarca el movimiento en una defensa de la “identidad” y el “futuro” del país, con un discurso nacionalista que pide recortes a los cupos migratorios.
Los medios públicos han mencionado que detrás de la convocatoria hay vínculos con ideas supremacistas blancas difundidos contra el «Gran Reemplazo» por algunos promotores, incluso llegandose a comparar con el caso de Brenton Tarrant, australiano nacido en Grafton, que en 2019 asesinó a 51 personas en los ataques a dos mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda) y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cosa que que explica la fuerte movilización de contraprotestas antirracistas por otros sectores.
El Gobierno federal calificó las marchas de “divisivas” y advirtió sobre la radicalización de extrema derecha; ministros y autoridades estatales defendieron el multiculturalismo y llamaron a no normalizar discursos de odio. En paralelo, se reforzaron operativos policiales en los CBD de varias ciudades para contener choques y proteger a contramanifestantes.
Líderes estatales y locales —en especial en Victoria y Nueva Gales del Sur— respaldaron la actuación policial tras los incidentes en Melbourne (uso de gas pimienta y baton rounds) y en Sídney (detenidos y un agente herido). Organizaciones cívicas criticaron que la presencia de partidarios de los ideales de ultraderecha que agravó el riesgo y reclamaron mayores filtros a futuras convocatorias.
El 31-A deja una foto clara: la inmigración se consolidó como eje de polarización en Australia, cruzado por la crisis de vivienda y el costo de vida. La combinación de marcha y contramarcha aumenta el riesgo de violencia, exige protocolos finos de desescalada y obliga a los gobiernos a balancear libertad de expresión y seguridad pública.
De aquí en adelante, las señales a mirar son: el conteo oficial de detenidos y heridos, posibles cambios normativos sobre manifestaciones y la evolución de la agenda de March for Australia frente a la respuesta política y social. Si el debate migra-vivienda sigue en ascenso, el país podría entrar en un ciclo de protestas más frecuentes y más disruptivas en los centros urbanos.
