Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, el país ha experimentado una disminución significativa en la tasa de homicidios. En 2015, El Salvador fue clasificado como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 105 por cada 100,000 habitantes. Al llegar al cargo, la tasa había caído a 38 por cada 100,000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal de El Salvador. 

Para abordar la violencia, el gobierno de Bukele lanzó el «Plan de Control Territorial», un ambicioso programa de seguridad. Una de las primeras consecuencias fue la ruptura en la relación entre el gobierno y las pandillas, que previamente habían tenido un pacto en prisión para líderes pandilleros. El plan tuvo altibajos debido a las acciones de pandillas, que en ocasiones ordenaban ataques violentos. 

El punto crítico llegó el 25 de marzo de 2022, cuando las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 llevaron a cabo una serie de asesinatos que resultaron en la muerte de 87 salvadoreños en un fin de semana. Como respuesta, el Congreso, a solicitud de Bukele, aprobó un régimen de excepción que permitió detenciones sin orden judicial, amplió el tiempo de detención administrativa y autorizó la intervención de las telecomunicaciones. 

El gobierno movilizó al Ejército y la Policía Nacional Civil para capturar a salvadoreños con antecedentes policiales y penales en comunidades peligrosas. Además, se realizaron cambios en el sistema judicial, incluida la eliminación de nombres de jueces en casos relacionados con el régimen de excepción. 

Después de 17 meses de implementación, El Salvador ha logrado reducir significativamente la violencia, con la tasa de homicidios disminuyendo de 38 a 7.8 por cada 100,000 habitantes en 2022, y alrededor de 2.2 homicidios en 2023, convirtiendo al país en uno de los más seguros de América Latina. 

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional han señalado que estas medidas han resultado en la supuesta detención injusta de miles de salvadoreños, violando sus derechos.  

En el contexto peruano, algunas autoridades, como el presidente del Poder Judicial y el primer ministro, han mostrado interés en implementar un enfoque similar al de El Salvador en la lucha contra la delincuencia, citando el éxito de las políticas de seguridad de Bukele.