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El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz accedió el mando presidencial tras derrotar a Jorge «Tuto» Quiroga en segunda vuelta, ahora a seis meses de gestión, su capital político se erosiona ante tensiones heredadas, por un lado, una economía inestable, seguido por una conflictividad social latente, con su vicepresidente Edman Lara distanciado que disocia la cúpula estatal y una oposición parlamentaria con disidencias internas en el partido oficialista mismos que operan con poder de veto (Tsebelis, 2002), paralizando decisiones clave, evidenciando un síndrome de ingobernabilidad en el Gobierno de Rodrigo Paz, donde el poder formal no se traduce en eficacia decisoria.
En las últimas semanas, el Presidente Paz ha lanzado el concepto de una “nueva etapa” de su gobierno, convocando a un gran encuentro nacional para abordar los temas de minería, tierras e hidrocarburos, sin embargo algunas organizaciones sindicales corporativas pretenden ejercer un poder de veto fáctico al interponer demandas colectivas pretendiendo configurar una arena de poder asimétrica donde la movilización sindical (Linz, 1990) desborda la creciente capacidad estatal de regulación, augurando escenarios de muy alta tensión distributiva y confrontación política.
Frente a ese escenario ¿el Presidente Rodrigo Paz podrá consolidar su proyecto denominado “Capitalismo Para Todos” frente a la presión corporativa y la fragmentación institucional?
A saber, que el Presidente Rodrigo Paz enfrenta una coyuntura de alta fragilidad institucional, aunque no de colapso inminente, siendo su principal activo una legitimidad de desempeño del 60% de aprobación (Red UNITEL, 2026), construida sobre la narrativa de una “cloaca de dimensiones extraordinarias” y un “Estado tranca” heredado de 20 años, esa misma narrativa genera expectativas que pueden volverse en su contra si no traduce logros macroeconómicos (superávit fiscal, control inflacionario, pago de deuda) en beneficios cotidianos claros perceptibles.
Asimismo, la fragmentación interna del partido oficialista expresada en la ruptura con el vicepresidente Edman Lara y las facciones disidentes del PDC constituye el mayor riesgo de veto institucional (Tsebelis, 2002), siendo que paralelamente la presión sindical amenaza con desencadenar un ciclo de protestas donde fuerzas opositoras podrían aprovechar fácticamente la debilidad institucional y poner en tela de juicio la capacidad estatal de gestionar los ajustes que son técnicamente sólidas pero administrativamente frágil, en el entendido que persisten cuellos de botella en la fiscalización y en la velocidad de respuesta gubernamental.
En ese sentido, resulta imperativo activar condiciones institucionales y políticas que inclinen el escenario tendencial hacia la estabilidad, por un lado, se debería restaurar la cadena de mando político institucional, siendo que, el presidente y vicepresidente del Estado actúan como dos jefes de Estado en competencia, actitudes que implica la paralización de la Asamblea Legislativa o la des legitimización de decisiones mutuas, es necesario establecer un pacto de no agresión institucional, que consiste en brindar una declaración conjunta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el Presidente Rodrigo Paz reconozca la autoridad de Lara para presidir sesiones de la Asamblea Legislativa sin interferencia, y el Vicepresidente Lara reconozca la potestad del Presidente Paz para conformar el gabinete y toma de decisiones gubernamentales sin aprobación previa.
Cabe señalar que la cohabitación ejecutiva disfuncional erosiona la gobernanza (Linz, 1990), transformando el poder formal en fuente de ingobernabilidad sistémica, sin embargo, cuya resolución pasa por la recomposición del monopolio de la autoridad jerárquica.
Por otra parte, se requiere una estrategia de diálogo sectorial con costo político asumido, donde los actores sindicales que por las circunstancias activan demandas colectivas de tal manera que ejercen la costumbre del poder de veto, es en ese sentido que se debería trabajar en una metodología de negociación por etapas que transforme el conflicto a espacios de concertación relativizando a un problema de coordinación temporal, activando mesas de diálogo y conciliación para establecer acuerdos parciales que redefinan el poder en términos de cooperación diferida de fondo (Przeworski, 1991).
Asimismo, desde el parlamento debe inducirse la construcción de una oposición programática con alternativas de consenso y no de veto, siendo que los grupos opositores deberían presentar un plan de ajuste alternativo que supere la crítica coyuntural y explicite costos, plazos y trade-offs, por lo que es necesario un debate técnico entre equipos económicos del gobierno y del parlamento en especial de la oposición enfocado en el análisis de costos de bonos, subvenciones, financiamiento del gasto corriente y sus incrementos, todo ello reflejado en el Presupuesto General del Estado, a saber que una oposición responsable transforma su poder de bloqueo en poder propositivo (Linz, 1994), condición indispensable para la gobernanza democrática en contextos de alta polarización distributiva.
Por otra parte, el eje de la gobernanza exige activar la capacidad estatal preventiva del ejercicio del poder factico ante situaciones de crisis alimentaria y polarización regional oriente y occidente donde actores informales extraordinarios pretendan ejercer influencias de desestabilización en el sistema de Gobierno forzando medidas anticíclicas para evitar la estabilización de la autoridad legítimamente constituida.
Por lo expresado, la consolidación del proyecto “Capitalismo Para Todos” no está predeterminada, sino que este depende de la resolución de los nudos críticos mencionados, condiciones que el Presidente Rodrigo Paz concrete para inclinar la tendencia hacia una estabilización gradual con desgaste controlado, entendiendo que Bolivia no está al borde del abismo, sin embargo, se debería abordar las tensines político institucional para mantener la imagen de credibilidad, por lo que es momento de iniciar los tiempos de negociaciones.
Un comentario
Muy buena, la interpretación y análisis de coyuntura en el artículo y la realidad nacional, los alcances de la gobernanza está siendo fuertemente cuestionada, en el ejercicio de la soberanía y libertad de actuación de las autoridades electas, con una legitimidad cuestionada.