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El Departamento de Defensa de Estados Unidos puso bajo reflectores una campaña de interdicción marítima bautizada Operation Southern Spear, presentada públicamente esta semana por el secretario de Defensa Pete Hegseth como un esfuerzo para “remover a los narco-terroristas de nuestro hemisferio”. El anuncio llega tras una serie de ataques a embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental, con decenas de muertos y un despliegue naval y aéreo más visible en la región.
En paralelo a la narrativa de choque, la Cuarta Flota y SOUTHCOM vienen probando desde inicios de 2025 un paquete tecnológico de vigilancia con vehículos no tripulados y sensores para ampliar la “conciencia del dominio marítimo” y apoyar interdicciones coordinadas con JIATF-South y la Guardia Costera. Esta capa robótica es la base operativa sobre la que hoy se monta la fase más agresiva de la campaña.
Southern Spear es un esfuerzo de la US Navy/4th Fleet en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM para operacionalizar vehículos no tripulados (superficie y aéreos) junto a medios tripulados y centros de mando, con doble objetivo: vigilancia 24/7 y apoyo a interdicción de narcotráfico marítimo. No es una “invasión” ni una campaña con botas en tierra: el foco está en aguas internacionales y en rutas que conectan el Pacífico oriental y el Caribe con Centroamérica y Norteamérica.
La operación se integra con JIATF-South (Key West), US Coast Guard y CBP para fusionar pistas y ejecutar interdicciones. De fondo, forma parte de la agenda de la Marina para una “flota híbrida” (manned-unmanned) que abarate horas de patrulla y cubra más mar con menos buques.
Desde febrero, la Marina confirmó el despliegue de 20 Saildrone Voyager (USV de gran autonomía) con sensores actualizados para patrullar corredores críticos; notas especializadas y del propio fabricante dan cuenta del doble teatro: Caribe y Pacífico oriental.
En febrero de 2025, la Marina anunció públicamente el componente no tripulado de Southern Spear y su integración con la Guardia Costera y JIATF-South. A partir de septiembre de 2025, la administración inició una serie de ataques cinéticos contra embarcaciones que alega eran de narcotráfico, principalmente en mar abierto del Caribe y el Pacífico. Los recuentos periodísticos más sólidos hablan de 14–17 ataques con al menos 57–61 fallecidos hasta fines de octubre y primera semana de noviembre; algunos reportes elevan la secuencia a 17 ataques y más de 60 muertos al 7 de noviembre.
El 13 de noviembre de 2025, Hegseth reivindicó públicamente la campaña como parte de una misión contra “narco-terroristas”, enmarcando políticamente las acciones y anticipando continuidad. Este encuadre ha disparado alertas sobre escalamiento y repercusiones diplomáticas con países costeños, especialmente Venezuela.
La capa ISR combina USV tipo Saildrone Voyager con UAS y medios de la Guardia Costera para construir “huellas” de tráfico ilícito: rutas, comportamientos anómalos y patrones de embarcaciones rápidas y semisumergibles. Los datos alimentan centros de fusión (4th Fleet, JIATF-South) y permiten vectorizar unidades tripuladas para sombra/seguimiento o, en la fase más agresiva, ataques a botes que el Pentágono clasifica como objetivos narco-terroristas.
El valor de los USV es persistencia y costo: semanas en el mar, sensores electro-ópticos y radar de superficie, y enlaces que multiplican el alcance de los guardacostas. Fuentes navales y de industria confirman que Southern Spear busca encontrar el mix óptimo entre no tripulados + tripulados para sostener interdicciones a gran escala.
El gobierno encuadra los ataques como legítima defensa y acción en aguas internacionales contra actores no estatales equiparables a terroristas, lo que habilita el uso de fuerza letal sin captura previa. Sin embargo, medios y verificadores han subrayado lagunas probatorias: no se han presentado evidencias públicas de que todos los botes atacados transportaban drogas ni de que sus tripulantes pertenecieran a carteles, y hay familias que denuncian víctimas pescadores. Varios senadores republicanos y demócratas piden aclarar la base constitucional y el control del Congreso.
El conteo de muertes (más de 60 a fines de octubre, según FactCheck.org, y 57 según Time en su corte del 27 de octubre) y la opacidad de criterios de selección alimentan críticas de ONG y de gobiernos de la región. También han surgido dudas sobre reglas de enfrentamiento, tratamiento de sobrevivientes y jurisdicción para procesar capturas.
En el corto plazo, más patrullaje y letalidad en mar abierto pueden desplazar rutas hacia costas menos vigiladas, ríos o zonas grises cercanas a archipiélagos y fronteras marítimas disputadas. Para Caribe, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Perú, eso implica reacomodos de inteligencia y cooperación marítima para evitar “efecto cucaracha”.
En el plano político, el uso del término “narco-terrorismo” endurece el discurso y sube la vara para justificar fuerza letal y sanciones; si la campaña se acerca a aguas jurisdiccionales o deja daños colaterales, crecerán los costos diplomáticos y la presión por investigaciones independientes. Para gobiernos y campañas en la región, el tema saltará a la agenda doméstica: seguridad marítima, cooperación con EE. UU. y narrativa de soberanía.
La primera señal será si el Pentágono publica más evidencias (cargas, cadenas de custodia, identificación de redes) que respalden la atribución de cada ataque. Sin ese piso probatorio, la erosión de apoyo político interno puede crecer, como ya reflejan voces críticas en el Senado. También será clave si SOUTHCOM/4th Fleet hacen más transparente el rol de los USV y los criterios de vectorización hacia fuerza letal.
La segunda señal es el ritmo de operaciones: medios contaron 14–17 ataques entre septiembre y el 7 de noviembre; si esa cadencia se mantiene o acelera, veremos más fricciones con países costeños y mayor escrutinio de Naciones Unidas y OEA. Finalmente, habrá que observar si la capa robótica se expande (más USV/UAS) o si aparece una fase 2 con cooperación más visible con guardacostas y marinas de la región.
Southern Spear combina tecnología de vigilancia (USV/UAS) con una campaña cinética inédita por su intensidad reciente. Operativamente, apunta a cerrar el “espacio de maniobra” de lanchas rápidas y semisumergibles con persistencia y coordinación interagencias; políticamente, inaugura un marco —“narco-terrorismo”— que ensancha la justificación del uso de fuerza en mar abierto. La Cuarta Flota puso el andamiaje en febrero; la fase de ataques desde septiembre cambió el tono y activó alarmas legales y diplomáticas.
Para gobiernos y equipos de riesgo en América Latina, el mensaje es doble: más inteligencia marítima compartida para evitar desbordes de rutas y más trazabilidad si se coopera con interdicciones. Para consultoría política, el tema aterriza en comunicación de seguridad y soberanía: será crucial explicar con datos verificables qué se está haciendo en costas y puertos, cómo se protege a pescadores y comunidades, y qué límites se ponen para que la guerra al narco no se convierta en guerra sin reglas.
