El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha promovido una serie de reformas constitucionales que buscan ampliar su control sobre las instituciones del Estado y oficializar la figura de «copresidenta» para su esposa, Rosario Murillo. Estas modificaciones han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, al considerarse un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario.
Principales cambios propuestos
Las reformas incluyen:
- Extensión del período presidencial: Se propone aumentar el mandato presidencial de cinco a seis años, lo que permitiría a Ortega y Murillo mantenerse en el poder por períodos más prolongados.
- Creación de la figura de «copresidenta»: La vicepresidenta Rosario Murillo pasaría a ser «copresidenta», compartiendo formalmente el liderazgo del Ejecutivo con Ortega.
- Control sobre otros poderes del Estado: Las reformas otorgan al Ejecutivo mayor influencia sobre el Legislativo, el Judicial y otros organismos públicos, centralizando el poder en la pareja presidencial.
- Regulación de los medios de comunicación: Se busca que los medios no estén «sujetos a intereses extranjeros» y que no difundan «noticias falsas», lo que podría limitar la libertad de prensa.
Reacciones y críticas
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas reformas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que Ortega y Murillo buscan «incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder». Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que, de adoptarse, estos cambios «marcarán el fin de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua».
En el plano interno, aunque Ortega cuenta con una base de apoyo sólida, las reformas han intensificado las críticas de los sectores opositores que consideran estas medidas como un debilitamiento definitivo de la democracia nicaragüense.
Percepción pública del gobierno de Ortega
A nivel nacional, la percepción del gobierno de Daniel Ortega presenta una polarización evidente. Según la 7ª Ola del Estudio Panóptico de la Opinión Pública (POP), realizada en 2024, los nicaragüenses otorgaron al presidente Ortega una puntuación de 8.95 sobre 10 en capacidad de gestión gubernamental. Este respaldo refleja un reconocimiento por parte de ciertos sectores a su manejo político y administrativo.
Sin embargo, en contraste, informes de organizaciones internacionales destacan una «alarmante» consolidación del poder por parte del régimen de Ortega y Murillo, acompañada de denuncias de represión política y violaciones a los derechos humanos. Esta dicotomía refleja un país dividido entre quienes ven estabilidad y quienes perciben un deterioro de las libertades fundamentales.
Contexto político
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha enfrentado críticas por la represión de la disidencia y la concentración del poder. Más de 200 presos políticos fueron liberados y enviados a Estados Unidos en 2023, incluyendo cinco exaspirantes presidenciales que habían sido encarcelados tras intentar desafiar a Ortega en las elecciones de 2021.
Conclusión
Las reformas constitucionales impulsadas por Daniel Ortega representan un intento de consolidar aún más su poder y el de su esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua. Aunque cuentan con el apoyo de una parte de la población, la comunidad internacional y diversos sectores nacionales han manifestado su preocupación por el debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano. La polarización política y social en Nicaragua no solo complica el panorama interno, sino que también intensifica el escrutinio global sobre la administración de Ortega.