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El 3–4 de noviembre de 2025, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México tras conocerse que la ex primera ministra Betssy Chávez buscó asilo en la embajada mexicana en Lima. Cancillería peruana acusó “injerencia reiterada” y formalizó el quiebre; México no había comentado de inmediato. La prensa internacional y peruana confirmaron la decisión y su gatillante.
Aunque el anuncio suena a “todo o nada”, Lima aclaró que la ruptura no alcanza a los servicios consulares, que se mantienen para proteger a ciudadanos de ambos países. La medida escala un conflicto que arrastra dos años: de las críticas de AMLO a la sucesión presidencial peruana, al retiro de embajadores y la degradación del vínculo al nivel de encargados de negocios (2023), pasando por choques en la Alianza del Pacífico y nuevos roces migratorios.
El punto de partida fue diciembre de 2022, cuando el gobierno de Perú expulsó al embajador de México y otorgó salvoconducto a la familia de Pedro Castillo para salir del país rumbo a Ciudad de México. Desde entonces, el discurso de Palacio Nacional en CDMX y las réplicas limeñas alimentaron una crisis latente.
En febrero de 2023, Lima retiró a su embajador en México tras nuevas declaraciones de AMLO; la relación quedó reducida a encargados de negocios. En paralelo, la discusión por el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico tensó aún más la cuerda: México demoró la entrega; Perú asumió formalmente recién el 1 de agosto de 2023.
El 3–4 de noviembre de 2025, el caso Betssy Chávez —procesada por su rol en el fallido intento de disolver el Congreso en 2022— detonó la ruptura total. Según los reportes, Chávez habría ingresado a la embajada de México y solicitado protección; la Cancillería peruana anunció la rotura de vínculos diplomáticos.
El canal político-diplomático se interrumpe a nivel de embajadas. No habrá embajador ni relación política ordinaria mientras dure la medida. Esto complica agendas de alto nivel, coordinación en foros y cualquier intento de deshielo inmediato.
Perú mantuvo servicios consulares y no anunció el cierre de vuelos comerciales ni la suspensión del comercio. De hecho, hasta ahora siguen los enlaces aéreos directos entre Ciudad de México y Lima, operados por varias aerolíneas, salvo que se dicten nuevas restricciones. En lo migratorio, se mantiene la visa temporal para peruanos que México restableció en abril de 2024 por presiones de flujo y seguridad.
Zonas de fricción latente: cooperación judicial (extradiciones y asilos), coordinación policial y mensajes cruzados en foros regionales. Cualquier nuevo caso de protección diplomática (asilos, salvoconductos) podría reencender la escalada.
En términos de comercio, México y Perú no son socios gigantes pero sí relevantes en algunas canastas. Según Análisis de ADEX y OEC, en 2024 Perú exportó a México cerca de US$ 888 millones (fuerte presencia de no tradicionales); entre enero–agosto de 2025, las importaciones peruanas desde México rozaron US$ 1.087 millones. A corto plazo no hay anuncio de barreras; los efectos dependerán más del clima político que de medidas arancelarias.
En movilidad, la decisión clave ya había ocurrido en 2024, cuando México impuso visa a peruanos para desincentivar flujos irregulares hacia EE. UU.; AP y Reuters documentan que la medida enfrió temporalmente los ingresos aéreos y encareció rutas alternativas. Si el enfriamiento diplomático se prolonga, podrían verse trámites más lentos y menos frecuencias, pero no hay suspensión general de vuelos.
Un ángulo poco visible es el de las economías ilegales y su logística. En agosto, AP reportó que Perú incautó un récord de 4 toneladas de mercurio —clave para la minería ilegal— con origen en México y destino Bolivia, en una ruta atribuida a redes criminales. Este tipo de cooperación de inteligencia es la que más sufre cuando caen los puentes políticos.
La Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México, Perú) suele amortiguar tensiones, pero en esta crisis fue parte del problema: el traspaso demorado de la presidencia pro tempore en 2023 lesionó confianza y mostró cómo un diferendo bilateral puede paralizar la agenda del bloque. Aun así, la PA sigue siendo relevante como plataforma comercial (38% del PIB regional; 50% del comercio de la región), por lo que otros miembros tenderán a contener el daño.
Para Lima y CDMX, el costo de “patear la mesa” multilateral es alto: cooperación en facilitación de comercio, acumulación de origen, digitalización aduanera, becas y movilidad académica. Sin un canal político funcional, muchas de esas piezas quedan en piloto automático o se frenan.
Las relaciones México–Perú entraron en pausa diplomática tras el asilo de Betssy Chávez, culminando una pendiente de dos años de roces. El quiebre sí afecta la interlocución política y la cooperación sensible (judicial, policial), pero no corta de inmediato comercio, vuelos ni consulares, que siguen operativos. La clave ahora será contener la escalada y reconstruir canales mínimos para que los costos no se derramen sobre personas y negocios.
Para la consultoría política, el caso ilustra un ABC exportable: (1) fechas y hechos claros (2022 expulsión, 2023 retiro de embajador, 2025 ruptura), (2) alcance jurídico desagregado (diplomático ≠ consular), (3) lectura de riesgos operativos (migración, comercio, crimen organizado) y (4) hojas de ruta discretas para despresurizar —con terceros, en la Alianza del Pacífico— sin convertir cada incidente en una crisis total. Así se evita que la política se coma a la gestión.
