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El día 15 de abril de 2025, Nadine Heredia Alarcón, ex primera dama del Perú, solicitó asilo político en la embajada de Brasil en Lima, luego de que se confirmara una sentencia en su contra. La justicia la responsabiliza por el ingreso de dinero ilícito, presuntamente proveniente de Venezuela y Odebrecht, para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011. Humala ya fue recluido en el penal de Barbadillo, pero Heredia, ahora refugiada tras los muros diplomáticos, se vuelve otro caso de ex primeras damas prófugas del Perú. Su caso reaviva uno de los capítulos más oscuros del poder en el Perú con el uso de estructuras políticas para lavar dinero y luego eludir la prisión.
Pero Ollanta Humala no es el único. En las últimas décadas, el Perú ha visto desfilar a varios expresidentes acusados por corrupción, y a sus esposas convertidas en investigadas, condenadas o directamente prófugas. Mientras algunos líderes políticos construyeron campañas magistrales con el respaldo de consultorías de alto nivel -como el propio Humala-, terminaron siendo encarcelados tras desviarse de sus propuestas principales al ser presidentes. Otras figuras cercanas al poder han logrado esquivar a la justicia mediante asilos diplomáticos, dobles nacionalidades o el silencio de la comunidad internacional. Hoy, Perú presencia un fenómeno particular: primeras damas que, lejos de enfrentar un proceso legal como cualquier ciudadano, optan por escapar antes de pisar un tribunal.
Nadine Heredia Alarcón nació en Lima el 25 de mayo de 1976. Estudió en el Colegio María de la Merced y luego cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en la Sorbona, París. Conoció a Ollanta Humala en los años noventa, cuando el entonces oficial del Ejército se perfilaba como una figura crítica del sistema político. La relación entre ambos se fortaleció durante el levantamiento de Locumba en el año 2000, donde ella asumió un papel clave en la difusión del mensaje político de su esposo. En 2004, se casaron y fundaron juntos el Partido Nacionalista Peruano.
Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011–2016), Nadine Heredia se convirtió en una figura política de peso. Aunque no ocupaba ningún cargo formal, era evidente su influencia directa en las decisiones del Ejecutivo. Fue presidenta del Partido Nacionalista, vocera recurrente del gobierno y, según múltiples reportes de prensa y fuentes internas, la persona que manejaba la estrategia política desde Palacio. Su protagonismo fue tal que muchos consideraban que ella era quien realmente gobernaba. Sin embargo, ese poder informal comenzó a desmoronarse cuando salieron a la luz documentos que vinculaban su nombre con millonarios aportes sin declarar a la campaña electoral, provenientes de gobiernos extranjeros y empresas como Odebrecht.
Las investigaciones contra Heredia se iniciaron en 2015, pero fue en 2017 cuando el Ministerio Público formalizó la acusación por el delito de lavado de activos. El proceso fue extenso, con múltiples recusaciones, filtraciones periodísticas y presiones políticas. En paralelo, Ollanta fue detenido en 2017 de manera preventiva y más adelante condenado como mencionamos en la introducción. Heredia, por su parte, logró dilatar el proceso mediante recursos judiciales y estrategias de defensa. Finalmente, en abril de 2025, tras confirmarse la sentencia en su contra, decidió refugiarse en la embajada de Brasil en Lima, solicitando asilo político. Ingresó al recinto diplomático en horas de la madrugada, acompañada por su abogado y una comitiva reducida, en una maniobra cuidadosamente planificada.
Lilia Ulcida Paredes Navarro nació en el distrito de Tacabamba, en la región Cajamarca, el 23 de abril de 1973. Es docente de profesión y se desempeñó como profesora rural durante gran parte de su vida en la sierra peruana. Conoció a Pedro Castillo cuando ambos eran jóvenes y participaban en actividades comunitarias en su localidad. Se casaron en 2000 y formaron una familia de tres hijos, compartiendo una vida sencilla ligada al trabajo educativo y al entorno rural. Durante años, Paredes fue el sostén emocional y logístico del hogar, incluso cuando Castillo se embarcó en la dirigencia sindical magisterial que lo catapultaría a la política nacional.
Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú en julio de 2021, Lilia Paredes se convirtió en primera dama casi de manera accidental. A diferencia de sus antecesoras, no tenía una carrera política ni experiencia en la administración pública. Empero, su rol fue más allá de lo protocolar. Fue designada como “coordinadora del despacho presidencial” y su entorno empezó a ganar visibilidad en la gestión pública. Con el paso de los meses, investigaciones periodísticas revelaron que varios de sus familiares y allegados estaban involucrados en presuntos actos de corrupción relacionados con licitaciones, tráfico de influencias y redes clientelistas. El Ministerio Público la incluyó en las investigaciones por integrar, presuntamente, una organización criminal encabezada por su esposo.
Tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el panorama legal se tornó crítico para toda la familia presidencial. Mientras Castillo fue detenido y llevado al penal de Barbadillo -al igual que Ollanta-, Lilia Paredes se acogió al asilo diplomático ofrecido por el gobierno de México. Abandonó el país junto a sus hijos ese mismo mes, en un vuelo oficial con inmunidad diplomática, lo que generó una ola de indignación en la opinión pública peruana. Desde entonces reside en Ciudad de México, donde ha mantenido un bajo perfil. Aunque el proceso judicial en su contra continúa abierto en Perú, su estatus de asilada la protege temporalmente de una eventual extradición.
Eliane Karp Schreiber nació en París, Francia, el 24 de septiembre de 1953, en el seno de una familia judía europea. Estudió Antropología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Fue en este país donde conoció a Alejandro Toledo, durante los años en que ambos estudiaban y compartían círculos académicos y diplomáticos. Se casaron en 1979, y desde entonces Karp combinó su carrera académica con un interés creciente por las culturas indígenas y los derechos humanos, lo que más adelante sería clave para posicionar su imagen pública en el Perú como defensora de las minorías y pueblos originarios.
Como primera dama entre (2001- 2006), Karp tuvo un rol que buscó redefinirlo. Presidió el desaparecido Consejo Nacional de Coordinación con los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) y tuvo una presencia intensa en medios, congresos internacionales y actividades oficiales. Pero su gestión no estuvo exenta de polémica: desde gastos injustificados hasta tensiones con otros funcionarios del Estado. Además, su cercanía con ONGs extranjera como la Open Society Foundation alimentaron sospechas sobre nexos ideológicos y financieros. Incluso, sectores críticos han señalado que su participación en la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000 -movilización que marcó el fin del régimen de Fujimori- tuvo respaldo logístico internacional que, según algunos analistas, tendrían conexiones con intereses geopolíticos pro-israelíes.
Años después de dejar Palacio, Eliane Karp fue involucrada en el escándalo del caso Ecoteva, una red de empresas inmobiliarias presuntamente utilizadas para lavar dinero proveniente de coimas de Odebrecht. La Fiscalía peruana la acusó -junto a Toledo- por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 y actualmente se encuentra recluido, Karp tomó una ruta diferente: en abril de ese mismo año, abandonó Estados Unidos y viajó a Israel, país del que posee ciudadanía. La estrategia no fue casual: Israel no tiene tratado de extradición con el Perú. Desde entonces, permanece en territorio israelí, sin proceso judicial activo, amparada por un silencio diplomático.
Los casos de Nadine Heredia, Lilia Paredes y Eliane Karp reflejan una constante perturbadora en la política peruana, la cuál es que el poder no solo se concentra en la figura presidencial, sino que se extiende hacia su círculo más íntimo, muchas veces con total impunidad. Estas ex primeras damas, lejos de ser acompañantes decorativas, ocuparon roles estratégicos, influyeron en decisiones clave y -según las investigaciones judiciales- participaron en esquemas de corrupción de alto nivel. Hoy, mientras sus esposos enfrentan a la justicia en prisión, ellas se refugian en embajadas, países sin tratados de extradición o bajo el amparo de gobiernos aliados, marcando una peligrosa distorsión del principio de igualdad ante la ley.
Y aunque este artículo se ha centrado en quienes compartieron el poder con expresidentes, no son los únicos nombres que resuenan. Casos como el de Susana Villarán -exalcaldesa de Lima- o de exministros, asesores y empresarios ligados al Estado demuestran que la corrupción no distingue cargos ni géneros. Sin embargo, el fenómeno específico de las ex primeras damas prófugas evidencia una fórmula repetida: cercanía al poder, involucramiento en delitos económicos y posterior escape. Una historia que, más que un patrón aislado, parece una crónica anunciada de la impunidad en el Perú.
