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América Latina vivirá una cadena de elecciones presidenciales decisivas: Bolivia, Haití, Chile, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil y Nicaragua renovarán sus gobiernos en ese periodo. No es un detalle técnico del calendario: es una ventana de riesgo político enorme donde se va a redefinir el rumbo económico, institucional y geopolítico de la región.
En este escenario, quien subestime la inteligencia política llegará tarde. Populismos de izquierda y de derecha, proyectos autoritarios camuflados de “democracias plebiscitarias” y maquinarias clientelares ya están trabajando con mucha antelación. La pregunta es simple: ¿tendrán las fuerzas que defienden libertad económica, Estado de derecho y democracia liberal la capacidad de usar la inteligencia política con la misma agresividad… pero de forma legítima y profesional?
En América Latina se ha degradado la expresión “inteligencia política”. Para algunos es sinónimo de espionaje, “chuponeo” y guerra sucia; para otros, un eufemismo de encuestas mal hechas y dashboards bonitos que nadie usa para decidir. Las dos visiones son falsas y, además, funcionales al caos.
La inteligencia política seria combina cuatro capas: análisis de contexto (económico, social, institucional), mapas de poder y de actores, datos duros (encuestas, sondeos, big data) y monitoreo permanente de riesgos (crisis, escándalos, cambios regulatorios). Se trata de organizar información para tomar decisiones estratégicas, no de violar la ley ni de vivir obsesionados con el trending topic del día. En los programas de entrenamiento de estrategas como Halcones Políticos se insiste justamente en esa diferencia: inteligencia para ganar mejor, no para ensuciar la cancha.
La IA generativa ya se consolidó como una de las principales herramientas para producir y difundir desinformación en las campañas latinoamericanas de 2023 y 2024, con cientos de casos documentados de audios, imágenes y videos falsos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o México. El próximo ciclo electoral tendrá todavía más herramientas, más baratas y más potentes.
El riesgo no es solo que circulen fakes; es que la ciudadanía pierda la confianza en cualquier evidencia (“todo puede ser falso”) y que las campañas serias entren al terreno que más favorece al populismo: la emoción pura, desconectada de los hechos. La inteligencia política responsable tiene que incorporar desde ya protocolos de verificación, monitoreo temprano de rumores y respuestas rápidas, algo que se trabaja en espacios de diseño de campaña integral como el Laboratorio de Campañas 2026.
Otro riesgo es el uso de la inteligencia estatal como arma partidista. Muchos gobiernos de la región han ampliado sus capacidades de datos y tecnología en el sector público, en parte impulsados por estrategias de IA y modernización recomendadas por organismos internacionales. El problema es que, en contextos de instituciones débiles, esa capacidad puede terminar al servicio del partido gobernante y no del interés general.
Cuando la inteligencia se usa para perseguir opositores, coaccionar empresarios, manipular medios o intervenir procesos electorales, el mensaje es brutal: quien controla el Estado controla la información… y quien controla la información controla el poder. La derecha que defiende libertad y Estado de derecho tiene la obligación de denunciar estos excesos, pero también de proponer modelos de inteligencia estatal con límites claros, supervisión independiente y transparencia mínima.
El tercer riesgo es más prosaico, pero igual de destructivo: entregar la inteligencia política de una campaña o gobierno a improvisados. La región está llena de “gurús” que venden humo: prometen victorias milagrosas, se apoyan en encuestas opacas, maquillan datos y nunca rinden cuentas. El resultado es conocido: campañas que gastan millones sin construir mensaje, estrategia ni coaliciones ganadoras.
Construir inteligencia política exige método, equipos multidisciplinarios y una ética profesional clara. Desde la formación de estrategas hasta la consultoría especializada, la clave es pasar de la intuición al dato. Los candidatos que trabajan procesos serios, acompañados por consultores con experiencia y metodologías probadas, como las que se ofrecen en las Mentorías 1 a 1 para candidatos, parten con una ventaja estructural frente a quienes se dejan seducir por el marketing vacío.
Frente a estos riesgos, la reacción fácil es demonizar la tecnología o repetir el mantra “la gente está cansada de la política”. Error. La oportunidad está precisamente en usar la inteligencia política para ordenar el caos, defender la libertad y construir proyectos de largo plazo.
La primera gran oportunidad es pasar de campañas “emocionales” pero caóticas a campañas estratégicas basadas en datos: segmentar electores, entender clivajes territoriales, medir el impacto real de la pauta digital, anticipar crisis y diseñar rutas de crecimiento voto a voto. Estudios sobre campañas impulsadas por datos muestran que quienes saben leer mejor la información del país conectan más profundamente con la ciudadanía. La diferencia no es quién grita más fuerte, sino quién interpreta mejor el mapa.
La segunda oportunidad es convertir la inteligencia en una política de defensa democrática. En una región donde la IA ya se usa para manipular,los partidos y movimientos que creen en la democracia liberal pueden usarla para lo contrario: combatir fakes, transparentar información, explicar políticas públicas complejas en lenguaje sencillo y vigilar intentos de fraude o captura institucional. La inteligencia política no tiene por qué estar del lado oscuro; también puede ser un escudo.
Un proyecto serio para 2025–2026 necesita montar un sistema de inteligencia política permanente, no un “equipo de crisis” improvisado en la última semana. A grandes rasgos, debería incluir al menos cinco componentes:
1. Análisis de contexto y riesgos.
Un equipo dedicado a leer economía, seguridad, encuestas, humor social y geopolítica. Su tarea no es hacer “papers elegantes”, sino traducir todo eso en alertas concretas para el candidato o líder.
2. Mapas de poder y de actores.
Identificar quién manda realmente en cada territorio, sector y gremio: líderes formales e informales, iglesias, sindicatos, movimientos sociales, empresarios, medios y plataformas digitales. Sin este mapa, cualquier estrategia territorial es ciega.
3. Data y medición.
Encuestas serias, paneles online, análisis de redes, monitoreo de medios, escucha social. La idea es construir un tablero que muestre, con la mayor frecuencia posible, hacia dónde se mueve la opinión pública y cómo responde a lo que hace la campaña.
4. War room político.
Un espacio de decisión rápida donde se cruzan los insumos de inteligencia con la acción: narrativa, comunicación, territorio, jurídico, digital. Aquí no se va a “comentar la coyuntura”, sino a decidir: atacar, defender, ignorar, cambiar agenda.
5. Documentación y memoria estratégica.
Registrar lo que funciona y lo que fracasa. América Latina repite errores cada cuatro años porque nadie toma nota. Un sistema de inteligencia madura aprende lecciones y las convierte en doctrina para las siguientes campañas y para la gestión de gobierno.
El ciclo 2025–2026 no será un torneo de buenos modales; será una disputa dura por el rumbo de la región. La izquierda radical y los populismos ya entendieron el poder de la información, de los datos y de la tecnología, y están dispuestos a usarla sin muchos escrúpulos. La respuesta de quienes defienden libertad económica, propiedad privada y democracia constitucional no puede ser la ingenuidad.
La inteligencia política en América Latina se ha vuelto un requisito mínimo de supervivencia. No se trata de copiar las malas prácticas del adversario, sino de profesionalizarse, anticipar, construir relato y defender instituciones con estrategia, no solo con discursos morales. Quien llegue al 2025–2026 sin un sistema de inteligencia política robusto, llegará rezagado. Y en política, el que llega tarde, pierde.
