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La polarización política se ha convertido en uno de los principales retos para la gobernanza democrática en el siglo XXI. Su impacto es especialmente agudo en regiones como América Latina, donde las tensiones ideológicas, la fragmentación social y la desconfianza hacia las instituciones democráticas configuran un escenario complejo para el ejercicio del liderazgo político. En este contexto, Goberna Reports ofrece un análisis orientado a comprender cómo los gobiernos pueden enfrentar estos desafíos, fortaleciendo la calidad democrática, promoviendo la cohesión social y generando liderazgos capaces de articular consensos en contextos polarizados.
En un entorno político fragmentado, la gobernanza enfrenta obstáculos que trascienden la simple administración pública. La polarización afecta directamente la capacidad de los líderes para implementar políticas públicas sostenibles, al tiempo que erosiona la legitimidad de las instituciones representativas. Los mecanismos tradicionales de participación —como consultas públicas o espacios deliberativos— suelen ser insuficientes cuando las posturas ideológicas se radicalizan y las partes dejan de reconocerse como interlocutores válidos.
Este fenómeno, conocido como «polarización afectiva», no solo implica diferencias en las opiniones políticas, sino un rechazo emocional al otro, que impide el diálogo constructivo y fortalece la lógica de “nosotros contra ellos”. En ese marco, el rol del liderazgo se vuelve crucial: los gobernantes deben actuar no solo como administradores, sino como mediadores activos capaces de reconstruir puentes entre sectores antagónicos.
América Latina es un laboratorio político donde convergen experiencias de polarización profunda y, a la vez, esfuerzos institucionales por revitalizar la democracia. Países como México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia han atravesado episodios recientes de polarización marcada, ya sea como resultado de campañas electorales altamente confrontativas, crisis económicas, conflictos sociales no resueltos o la emergencia de liderazgos personalistas que dividen a la ciudadanía en campos irreconciliables.
A pesar de ello, la región también ha desarrollado experiencias innovadoras de gobernanza colaborativa, construcción de pactos sociales y reformas institucionales que buscan contrarrestar los efectos corrosivos de la polarización. En este sentido, el aprendizaje comparado entre países y el fortalecimiento de capacidades estatales resultan claves para afrontar la complejidad del presente.
Cabe destacar que, según diversos estudios, la polarización no debe considerarse un mal en sí misma. De hecho, la existencia de posiciones ideológicas divergentes es consustancial a toda democracia pluralista. Lo problemático es cuando esta polarización se vuelve crónica, impide el diálogo y genera dinámicas de exclusión, debilitando la gobernabilidad democrática.
En contextos de alta polarización, los líderes políticos enfrentan el desafío de adoptar un enfoque más estratégico, ético y empático. No se trata únicamente de “gobernar” desde una posición de poder, sino de liderar con visión de futuro, cultivando legitimidad social y construyendo capital político a partir del reconocimiento del otro. Esta forma de liderazgo exige competencias específicas: capacidad de análisis institucional, sensibilidad social, habilidades comunicativas, pensamiento estratégico y formación ética.
Además, se requiere una comprensión profunda de la arquitectura del poder, la dinámica de los actores políticos, el diseño de políticas públicas en contextos adversos, y los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad civil. Estas competencias no son innatas: deben ser desarrolladas mediante programas de formación rigurosos y adaptados al contexto político actual.
Chile vivió un proceso de alta polarización política a raíz del estallido social ocurrido en octubre de 2019. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento del pasaje del metro en Santiago derivó en una movilización nacional masiva, que evidenció profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales acumuladas durante décadas. Las manifestaciones exigían una transformación estructural del modelo de desarrollo chileno, incluyendo una nueva Constitución que reemplazara la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1980).
La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue presuntamente represiva, lo que aumentó las tensiones. Posteriormente, ante la presión ciudadana, se acordó iniciar un proceso constituyente mediante un plebiscito. Este proceso se convirtió en un nuevo foco de polarización: por un lado, estaban los sectores progresistas que promovían una refundación institucional con énfasis en derechos sociales, plurinacionalidad y participación ciudadana; por otro, sectores conservadores y de derecha que temían una pérdida de estabilidad, el debilitamiento del modelo económico y la ruptura con el orden republicano tradicional.
Las elecciones constituyentes mostraron este quiebre: muchos candidatos independientes y de izquierda obtuvieron representación significativa, mientras que los partidos tradicionales, especialmente de derecha, perdieron influencia. Esto generó un clima de desconfianza, tensiones constantes en la Convención y fuertes campañas mediáticas que reforzaron la narrativa del “nosotros contra ellos”.
La polarización afectó la legitimidad del proceso constituyente. A pesar de los avances en términos de representación e inclusión, el texto propuesto por la Convención fue rechazado en el plebiscito de salida en septiembre de 2022, con un 62% en contra. Este resultado reflejó no solo el desacuerdo con ciertos contenidos, sino también la falta de diálogo transversal, el uso de discursos extremos y el miedo al cambio abrupto.
El caso chileno evidencia cómo un proceso democrático, que buscaba canalizar institucionalmente las demandas sociales, puede verse afectado por la polarización cuando no existen mecanismos eficaces de deliberación y construcción de consenso. También demuestra la importancia de liderazgos capaces de articular visiones distintas, generar confianza y construir acuerdos sostenibles.
Frente a la complejidad del escenario latinoamericano y global, es imperativo formar líderes públicos que comprendan las lógicas de la polarización y sean capaces de transformarlas en oportunidades de cohesión y progreso. En este marco, el Diploma Internacional del Asesor Presidencial de Goberna se presenta como una herramienta formativa de alto valor estratégico.
Este programa ofrece una visión integral del ejercicio del poder y la asesoría gubernamental, brindando conocimientos actualizados sobre gobernabilidad democrática, análisis de coyuntura, gestión de crisis, comunicación política y liderazgo ético.
