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Goberna Reports se complace en presentar un análisis en torno a los estallidos sociales, manifestaciones y presuntos quiebres democrático y pérdida de legitimidad en torno a los sistemas democráticos en Latinoamérica evidenciados a lo largo del año 2019, dando inicio con el caso del Estallido Social en Chile.
Es bajo esa línea que resulta necesario, establecer una reflexión acerca de los estallidos sociales en Latinoamérica a lo largo del año 2019, particularmente sobre el estallido social en el caso chileno, sobre las raíces profundas de las protestas, las demandas que presentaba la sociedad civil chilena y la necesidad de un cambio estructural en el país que continúa posicionado en el debate hasta nuestros días.
A lo largo del tiempo, multitudes de protestas y movilizaciones tienen lugar en diferentes partes del mundo a través de la sociedad civil como tal fue el caso (desde épocas remotas) el “motín del té” en Boston en 1773 el cual, este acto llega a dar paso el levantamiento y la movilización de los americanos en contra de Gran Bretaña e incluso consigue sentar el precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
Así nos lo explica Moisés Naim en el Fin del Poder, cuando nos dice que ha pasado la hora de los grandes partidos políticos, del poder inmenso del Estado, o del gobierno, de ese Leviatán en el que pensaba Thomas Hobbes y sostiene que ha llegado la hora de la gente, de la sociedad civil y es por tal motivo que un elemento fundamental de estudio será dichos actores ya que, a través de este suceso, se observa que permanece vigente el deterioro de la convivencia social entre los chilenos.
A casi cinco años de los acontecimientos de 2019, entre reformas y plebiscitos, aún no se ha logrado modificar de manera efectiva la Constitución de 1980. Esto sugiere que la demanda de cambio constitucional no ha tenido la concreción que muchos esperaban, dejando entrever una posible desestimación de las aspiraciones populares en este ámbito. A pesar de los esfuerzos realizados, las expectativas de una transformación sustancial de la estructura constitucional no se han materializado de la forma en que muchos imaginaban.
Tal fue el caso chileno en donde a partir del año 2010 se comienza a gestar un profundo malestar social, cuyo correlato y disputa se evidencia finalmente en octubre de 2019 sumido entre movilizaciones, protestas que orillan a una convulsión social, un estallido social propiamente dicho en un país con una de las supuestas democracias mejor establecidas.
La protesta iniciada en el año 2019 tuvo un efecto significativo al erosionar el canon ideológico hegemónico que había predominado en Chile durante las últimas décadas. Esta erosión no solo afectó las bases del modelo neoliberal que dominaba la política económica y social del país, sino que también orilló a un quiebre en el sistema de creencias que unificaba a las derechas chilenas, sumiendo al país en una crisis profunda de representación política. La aparente falta de una respuesta coherente y efectiva por parte de las instituciones establecidas desbordó las expectativas de la ciudadanía, quienes, al sentirse ignorados, se vieron obligados a salir a las calles.
A tan solo una semana del anuncio, se organizó una evasión masiva en las estaciones del metro, convirtiéndose en una manifestación simbólica de rechazo al alza. Esto se sumó a los tradicionales «cacerolazos» que se replicaron en diversas regiones del país, y a un aumento de la violencia en las calles, lo que llevó al gobierno a decretar un Estado de Excepción de Emergencia en Santiago.
Si bien el aumento de la tarifa fue el factor inmediato, las protestas persistieron e incluso se intensificaron con saqueos, incendios y otros actos de violencia en distintas partes del país. Este fenómeno dejó claro que la demanda de la sociedad civil era mucho más compleja y abarcaba una serie de cuestiones estructurales y sistémicas.
El «estallido social» se convierte como un fenómeno único en el país que acarrea consigo crisis relacionadas al sistema de pensiones, el sistema de salud, sistema educativo y lo que se presumía, se trataba de un descontento en torno a la constitución vigente desde las épocas de la dictadura de Pinochet.
Evolución de la confianza en las instituciones 2002-2017
Si bien se anunció el alza de la tarifa, las protestas se mantienen, sumado a los saqueos e incendios en distintas regiones, otra vez, dejando entrever que la demanda de la sociedad civil demostraba contar con un trasfondo mucho más complejo.
La demanda de una nueva Constitución, que se convirtió en uno de los ejes centrales del estallido, reflejaba una necesidad de cambio profundo en las bases del sistema político y social. Sin embargo, es importante señalar que la creación de una nueva carta magna, aunque crucial, no habría evitado por sí sola el conflicto. La raíz del descontento era mucho más profunda y estaba vinculada a la percepción de que el modelo económico y las instituciones existentes no respondían adecuadamente a las necesidades y expectativas de la población.
Si bien el aumento de la tarifa del metro fue el catalizador inmediato, no fue el único ni el principal detonante del estallido social. A lo largo de 2019, Chile vivía una creciente insatisfacción popular relacionada con una serie de problemas estructurales: el sistema de pensiones, el funcionamiento del sistema educativo, la calidad de la atención en el sistema de salud, y las crecientes desigualdades económicas. Estos problemas habían sido ignorados por años, lo que generó un caldo de cultivo para el descontento masivo.
A pesar de la magnitud de las protestas y los desafíos que atravesó el país, en ningún momento se evidenció una irrupción total del poder institucionalizado. Chile continuó siendo una democracia consolidada, con un presidente electo de manera democrática y con instituciones que, aunque cuestionadas, siguen funcionando. De hecho, el país mantiene uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región, lo cual resalta la capacidad de la sociedad chilena para movilizarse dentro de los márgenes de la legalidad y la democracia.
El verdadero desafío que enfrenta Chile hoy es fortalecer sus instituciones, abordar las profundas desigualdades sociales y económicas, y reconstruir un contrato social que responda a las demandas de una sociedad civil que sigue exigiendo cambios. Volver a los orígenes del proyecto país, ese sueño de equidad y justicia que tantas veces se ha invocado en la historia, parece ser la clave para sanar las heridas abiertas durante el estallido social y para encaminar a Chile hacia un futuro más inclusivo y justo.
