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Honduras se prepara para volver a las urnas el 30 de noviembre de 2025, cuando elegirá nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlacen. Será la segunda cita nacional tras el fin de la hegemonía del Partido Nacional y la primera gran prueba de legitimidad para el gobierno de Xiomara Castro y su partido LIBRE, que llegan con la promesa de consolidar un proceso electoral más transparente y participativo que los altamente cuestionados comicios de 2017 y 2021.
Sin embargo, el camino a las urnas está marcado por desafíos profundos como un estado de excepción prorrogado en la mayor parte del país, el retraso en la instalación de la prometida CICIH anticorrupción, una tasa de pobreza que ronda el 50 % y una economía dependiente de remesas y castigada por la crisis energética. Todo ello conforma un contexto político y social tenso en el que la seguridad, la lucha contra la impunidad y la estabilidad económica se perfilan como los ejes centrales de la campaña y del voto ciudadano.
Las elecciones Honduras 2025 serán, ante todo, un referéndum sobre la gestión de LIBRE tras cuatro años en el poder: la inseguridad bajo estado de excepción, la postergada comisión anticorrupción (CICIH) y el frenazo económico han polarizado el debate entre continuidad y cambio. Para la oposición, el reto es capitalizar el descontento ciudadano sin repetir la fragmentación que marcó los últimos comicios; para el oficialismo, demostrar que puede garantizar estabilidad y reformas en un clima de desconfianza institucional.
En el plano partidario ya hay tres candidaturas oficiales. Rixi Moncada, ministra de Defensa y figura cercana a Xiomara Castro, se impuso con más del 90 % en las primarias de LIBRE y será la abanderada de la izquierda. Por el Partido Nacional, el exalcalde capitalino Nasry “Tito” Asfura obtuvo el 76 % de los sufragios internos, consolidando su regreso tras la derrota de 2021. En el Partido Liberal, el comentarista y exvicepresidente Salvador Nasralla ganó con casi el 60 % y busca reagrupar al histórico bloque centrista.
Más allá de los “tres grandes”, el diputado disidente Jorge Cálix explora una candidatura independiente y partidos minoritarios como PINU o Democracia Cristiana tantean alianzas. Encuestas tempranas de Radio América muestran a Moncada liderando en intención de voto de su interna, mientras Asfura y Nasralla compiten por el electorado opositor, dibujando un escenario abierto donde las coaliciones de segunda vuelta legislativa y el voto joven indeciso podrían ser decisivos.
Desde diciembre de 2022 el país vive bajo un estado de excepción parcial que, tras sucesivas prórrogas, fue extendido de nuevo hasta el 19 de febrero de 2025 y cubre 226 de los 298 municipios hondureños. El gobierno defiende la medida como arma principal contra la extorsión y el control territorial ejercido por la MS-13 y Barrio 18, mientras la Policía Nacional despliega operativos masivos de captura y patrullaje en las zonas urbanas más violentas.
Las autoridades presumen resultados: el Observatorio de la Violencia de la UNAH reporta que la tasa de homicidios cayó a 27 por cada 100 000 habitantes en 2024, siete puntos menos que en 2023, marcando el registro más bajo en una década. No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan sobre detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y la continuidad de la “renta” (extorsión) como amenaza cotidiana para comercio y transporte, lo que mantiene la seguridad como eje central del debate rumbo a las elecciones Honduras 2025.
En paralelo, la corrupción sigue erosionando la confianza institucional. Aunque la ONU otorgó una quinta prórroga al memorando que debe alumbrar la CICIH, su instalación sigue sin fecha y la oposición acusa a Casa Presidencial de dilatar el proceso. El telón de fondo es el histórico fallo de marzo de 2024 en Nueva York que declaró culpable de narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, recordatorio de cómo las élites políticas se han entrelazado con el crimen organizado. Estas tensiones entre “mano dura” y reforma anticorrupción prometen definir parte crucial del voto y de las alianzas parlamentarias en noviembre.
La economía hondureña cerró 2024 con un crecimiento real estimado de 3,6 %, impulsado sobre todo por el consumo financiado vía remesas, una inflación en retroceso y mayor acceso al crédito. Sin embargo, el Banco Mundial proyecta que el ritmo se moderará a 2,8 % en 2025, conforme se enfríen las exportaciones y se desacelere la expansión crediticia. Las remesas -que promedian 22 % del PIB desde 2014– siguen siendo el colchón principal de los hogares, pero también exponen la dependencia externa y el riesgo de choques si la economía estadounidense pierde tracción.
Bajo la superficie de ese crecimiento persisten problemas estructurales: más de la mitad de la población continúa en pobreza desde hace una década, y la combinación de infraestructura eléctrica obsoleta y eventos climáticos extremos ha generado racionamientos y apagones, incluido un blackout nacional en marzo de 2025. El sector privado advierte que la crisis energética frena nuevas inversiones, mientras los hogares se enfrentan a cortes prolongados justo cuando se disparan las temperaturas por la sequía. Estos factores configuran una realidad social frágil que será decisiva para el voto en las elecciones Honduras 2025.
| Indicador | 2024 | 2025* | Clave |
|---|---|---|---|
| PIB real (variación anual) | +3,6 % | +2,8 % (proyección) | Consumo sostenido por remesas, pero menor dinamismo externo. |
| Remesas / PIB | 22 % | — | Motor de consumo, pero revela alta dependencia externa. |
| Pobreza total | ≈ 50 % | — | Estancamiento a pesar del crecimiento económico. |
| Crisis energética | Racionamientos y apagón nacional (marzo 2025) | Riesgo de desabasto continuo | Obstáculo para inversión y bienestar de los hogares. |
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará oficialmente a elecciones generales 212 días antes de la fecha establecida, es decir, durante abril de 2025. Según el calendario vigente, la jornada electoral se celebrará el 30 de noviembre de 2025, en una sola vuelta, bajo el sistema de mayoría simple para la elección presidencial. En paralelo, se renovarán los 128 escaños del Congreso Nacional por fórmula proporcional (método Hare) y se elegirán representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Entre los aspirantes ya oficializados destacan tres figuras ampliamente reconocidas por el electorado hondureño: Rixi Moncada, respaldada por LIBRE y cercana al círculo de confianza de Xiomara Castro, representa la apuesta por continuidad; Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, intenta recuperar el poder con un discurso de experiencia y eficiencia; mientras que Salvador Nasralla, carismático presentador de televisión y ahora figura liberal, apuesta por aglutinar al centro. Los tres gozan de alto reconocimiento y han liderado encuestas internas, aunque ningún candidato supera el 35 % de intención de voto en estudios preliminares, lo que anticipa una contienda abierta, con potencial de sorpresas si emergen alianzas o figuras independientes con tracción juvenil.
| Hito electoral | Fecha estimada |
|---|---|
| Convocatoria oficial | Abril 2025 (212 días antes) |
| Cierre de inscripciones | Junio 2025 |
| Inicio de campaña general | Septiembre 2025 |
| Elección general | 30 de noviembre 2025 |
Las elecciones Honduras 2025 se celebrarán en un escenario altamente competitivo, donde la seguridad, la lucha contra la corrupción y la estabilidad económica se entrelazan con el desgaste institucional y las demandas de cambio social. La continuidad representada por LIBRE, el intento de reposicionamiento del Partido Nacional y la apuesta centrista-liberal de Nasralla configuran un tablero abierto en el que la fragmentación y las posibles alianzas jugarán un papel decisivo. La ausencia de segunda vuelta aumenta la relevancia de cada voto, incentivando estrategias de coalición y llamados al “voto útil” en los últimos tramos de campaña.
Para la ciudadanía, elegir no solo significará escoger un nuevo gobierno, sino definir el rumbo de reformas pendientes como la instalación de la CICIH, la solución a la crisis energética y la consolidación de un esquema de seguridad que no sacrifique derechos humanos. En ese contexto, el compromiso de transparencia del CNE y la vigilancia de la sociedad civil serán clave para legitimar el resultado y asegurar que el 30 de noviembre deje un mandato claro para enfrentar los retos sociales, económicos y políticos que han marcado la última década hondureña.
